El Gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles [18] una importante rebaja fiscal y administrativa para los trabajadores por cuenta propia del archipiélago. El vicepresidente autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez (PP), ha confirmado que el Ejecutivo elevará hasta los 50.000 euros de volumen de operaciones anual el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales. Esta decisión, concebida para favorecer el emprendimiento y aliviar las cargas tributarias, podría llegar a beneficiar a unos 11.000 autónomos en las islas.

A través del Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP), las personas físicas que no superen dicha facturación podrán acogerse de forma voluntaria a este sistema potestativo. En la práctica, esto supone que los trabajadores no tendrán que repercutir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en las facturas que emitan a sus clientes, aunque a cambio tampoco podrán deducirse las cuotas soportadas en sus compras o gastos profesionales. El principal alivio de esta medida radica en la drástica simplificación de su relación con la Agencia Tributaria Canaria, pasando de tener que presentar cinco liquidaciones a una sola declaración anual.

Para el vicepresidente del Gobierno, en el actual contexto económico marcado por la inflación y el encarecimiento generalizado de los costes, “es absolutamente prioritario reforzar este régimen para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los trabajadores autónomos y las microempresas”. En esta línea, Domínguez destacó que las medidas de simplificación como la del IGIC franquiciado suponen un verdadero desahogo frente a las pesadas cargas administrativas habituales.

La hoja de ruta del Ejecutivo canario establece que el nuevo umbral de 50.000 euros comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026. Posteriormente, desde el 1 de enero de 2027, los autónomos acogidos a este régimen estrenarán el nuevo formato burocrático, eliminando definitivamente las cuatro autoliquidaciones trimestrales. Según el Gobierno, esto reducirá de forma sustancial la posibilidad de cometer errores formales y de recibir requerimientos de gestión.

Con esta iniciativa, Canarias se posiciona como la única comunidad autónoma española que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios. Además, el límite fijado se sitúa por encima de la media de los países de la Unión Europea, que ronda los 40.000 euros. Domínguez aprovechó el anuncio para contrastar la gestión regional con la estatal, criticando la inacción del Ejecutivo central frente a Europa. “Mientras Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por negar a los autónomos la exención del IVA y mientras el Gobierno de España desatiende las demandas de las personas trabajadoras autónomas, siendo el único país que no ha traspuesto la directiva europea que exime de repercutir el impuesto a los que ingresen menos de 85.000 euros anuales, el Gobierno de Canarias da un paso adelante y consolida un modelo propio de simplificación fiscal para los emprendedores y autónomos”, aseveró.

Manuel Domínguez subrayó que esta ampliación del IGIC franquiciado no responde únicamente a un trámite para cumplir con la normativa comunitaria, sino que representa “una medida de justicia fiscal y de apoyo a un colectivo esencial para la economía canaria”. Esta acción se integra dentro de una estrategia autonómica mayor, el denominado Plan Respaldo Autónomo, diseñado para asistir a los profesionales. Este plan incluye medidas concretas de apoyo a la conciliación laboral, a la contratación, a la cobertura de bajas por incapacidad laboral y al fomento de la inversión mediante la bonificación de los intereses de préstamos.

Como conclusión, el vicepresidente insistió en el compromiso del Ejecutivo regional con este sector productivo. “Este Gobierno sí que apoya a las personas trabajadoras autónomas”, afirmó Domínguez, añadiendo que el conjunto de estas políticas permiten acompañar al profesional de principio a fin, desde la puesta en marcha de su actividad hasta su total consolidación. El objetivo final, sentenció, es reforzar la protección frente a situaciones de vulnerabilidad y garantizar “que nadie tenga que renunciar a emprender por culpa de la burocracia”.