La Comisión Europea ha decidido elevar el tono y llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber integrado en su legislación nacional la normativa comunitaria que permite eximir del pago y la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los pequeños autónomos y empresas. Junto con esta denuncia, el Ejecutivo comunitario ha solicitado la imposición de sanciones financieras al país, que a día de hoy es el único Estado miembro de la Unión que no ha cumplido con este trámite.

El bloqueo del IVA franquiciado

La directiva europea en el centro de la polémica fue diseñada para reducir las cargas burocráticas y los costes administrativos de las empresas de menor tamaño. Para ello, establece un sistema conocido como “IVA franquiciado”, que permite liberar de la obligación de repercutir y liquidar este impuesto a aquellos profesionales cuya facturación anual sea inferior a 85.000 euros.

Aunque la aplicación de esta exención dentro de las fronteras de cada país es una medida opcional, las instituciones europeas exigen que todos los Estados adapten su legislación. Esto es indispensable para que los autónomos y pymes españolas puedan acogerse a estos mismos beneficios fiscales cuando presten servicios en otros países de la Unión. Al no existir esta transposición normativa, los trabajadores nacionales no pueden registrarse ante la Hacienda española con este fin, quedando en desventaja frente a sus competidores europeos.

Un proceso legal que viene de lejos

La decisión de acudir a los tribunales es la culminación de un proceso de infracción que llevaba meses gestándose. Ante la falta de respuesta legislativa, las autoridades europeas ya habían enviado notificaciones formales de incumplimiento a principios del año 2025, seguidas de dictámenes motivados a mediados de ese mismo año. Tras constatar que España no ha notificado las medidas nacionales necesarias para adaptarse a la normativa, Bruselas ha optado por la vía judicial.

Riesgos para el mercado único

Junto a la norma que afecta directamente a los autónomos, la Comisión también ha denunciado la falta de aplicación de una segunda directiva. Esta última actualiza las reglas del IVA aplicables a determinados servicios digitales, eventos virtuales y productos específicos como bienes de segunda mano, antigüedades u obras de arte.

Las autoridades europeas advierten de que este desfase legislativo español genera un escenario de inseguridad jurídica. La falta de adaptación a estas reglas comunes puede provocar situaciones de doble imposición fiscal, o bien de ausencia total de tributación, lo que altera las reglas del juego y distorsiona la libre competencia dentro del mercado único europeo.