En un movimiento administrativo que responde a la reciente resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha los mecanismos institucionales para evaluar la conservación del Monumento a la Victoria. El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, anunció la presentación de un recurso de alzada contra la orden estatal que exige la retirada del conjunto en un plazo máximo de seis meses. El argumento central del consistorio es que la existencia de un procedimiento abierto para valorar la protección patrimonial de la obra constituye un elemento que debe tenerse en cuenta antes de ejecutar cualquier decisión definitiva.
Esta estrategia jurídica se asienta sobre la medida adoptada este lunes por el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. Durante su sesión ordinaria, este órgano asesor acordó de forma unánime proponer a la Gerencia Municipal de Urbanismo que analice y valore la incorporación de la pieza, obra del escultor Juan de Ávalos, al Catálogo de Elementos Patrimoniales de la ciudad. El primer edil matizó que la potestad de este consejo no es ejecutiva, sino consultiva, por lo que su función se limita a instar a Urbanismo a que explore esa vía de protección durante la tramitación del nuevo planeamiento. “El Consejo ha entendido mayoritariamente que existen valores artísticos suficientes para que esa inclusión sea valorada”, puntualizó Bermúdez.
El aval para iniciar este estudio se sustentó de forma exclusiva en criterios artísticos y patrimoniales. Los expertos destacaron tanto la relevancia de la autoría de Juan de Ávalos como el gran valor del conjunto escultórico y su histórica integración en el entorno urbano de la capital, específicamente por su vinculación al muro de Almeida. Además de prosperar sin ningún voto en contra, la propuesta fue respaldada por los dictámenes favorables de dos técnicos municipales, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) y la Real Academia Canaria de Bellas Artes. El encuentro contó también con el apoyo explícito de los representantes de la Universidad de La Laguna, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y el Cronista Oficial de la Ciudad. Cabe destacar que, conforme al reglamento, los únicos cargos políticos que integran este consejo son el concejal de Cultura y el propio alcalde en calidad de presidente.
El encaje del monumento en el catálogo local no se había abordado hasta ahora por una cuestión administrativa. La Gerencia de Urbanismo y el equipo redactor del documento mantenían el proceso en suspenso a la espera de que el Gobierno de Canarias concluyera el expediente que evaluaba su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Una vez que el Ejecutivo autonómico descartó otorgarle esa figura de protección, el consistorio recalca que la legislación contempla analizar otros niveles de resguardo patrimonial que encajan dentro de los procedimientos municipales.
Frente a los requerimientos estatales para la retirada del monumento, el alcalde defendió que la actuación del Ayuntamiento se guiará en todo momento por el estricto cumplimiento legal, recordando que la normativa admite que ciertas obras permanezcan en el espacio público bajo condiciones específicas. “Tanto la Ley de Memoria Democrática como la Ley Canaria de Memoria Histórica establecen que los elementos declarados vestigios franquistas pueden permanecer en el espacio público cuando cuenten con la correspondiente protección patrimonial y sean objeto, en su caso, de procesos de resignificación”, detalló el alcalde.
Precisamente, la futura resignificación del espacio fue otro de los puntos abordados en la reunión del Consejo de Patrimonio. Sobre la mesa se expusieron diferentes alternativas para el monumento, tales como la apertura de procesos de participación ciudadana o la convocatoria de un concurso de ideas. No obstante, la administración local aclara que cualquier iniciativa de esta índole solo podrá abordarse una vez que concluya definitivamente la tramitación del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales.
Este documento, que engloba en la actualidad más de un millar de propuestas, recibió el informe favorable del Consejo en la misma sesión, teniendo en cuenta que actualmente se están analizando las alegaciones e informes presentados durante el trámite de información pública. Su aprobación definitiva está prevista, inicialmente, para el primer trimestre del próximo año.
En su comparecencia, Bermúdez quiso zanjar el debate garantizando que el Ayuntamiento cumplirá con la ley de Memoria Histórica, tanto la nacional como la canaria, tal y como está escrita. “Continuaremos actuando con prudencia y conforme a los procedimientos administrativos establecidos, respetando las decisiones de los órganos competentes y garantizando el cumplimiento estricto de la ley durante toda la tramitación del Catálogo de Elementos Patrimoniales”, sentenció.
