La consejera insular Cristo González, representante de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, informa que su grupo está sopesando “recurrir al Comisionado de Transparencia debido a que el gobierno insular no ha respondido todavía a ninguna de las solicitudes de información y documentación que hemos realizado sobre el Circuito del Motor, algunas de ellas enviadas desde el pasado mes de julio”.

González advierte que “llegaremos hasta donde sea necesario para poner fin a esta omisión informativa a la que nos somete habitualmente el grupo de gobierno”.

Esta falta de transparencia del equipo de gobierno “está dificultando nuestra labor de fiscalización en torno a uno de los proyectos destructivos más importantes que afronta nuestra Isla en los próximos años, por lo que estamos valorando agotar todas las vías posibles para reclamar que se atiendan nuestras solicitudes de información, bien sea a través del Comisionado de Transparencia, acudir al Diputado del Común, o incluso recurrir ante los tribunales”.

Respecto a las peticiones pendientes de respuesta, Cristo González señala que “en el pasado mes de julio, solicitamos al área de Carreteras la documentación relativa al estado actual de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para poder analizarla en detalle, puesto que la última evaluación de la que tenemos constancia data del año 2011, por lo que habría caducado en 2016 y se estaría tratando de dar continuidad a una obra que no contaría siquiera con el necesario informe de impacto ambiental que avalaría esta actuación”.

En este sentido, González apunta que “queremos indagar en las actuaciones que se han realizado después de dicha DIA, analizar la documentación que se ha aportado para certificar el presunto cumplimiento de los condicionantes ambientales que debe tener este innecesario proyecto, para comprobar si se asegura la minimización de los posibles efectos ambientales negativos de la obra y que su realización pueda considerarse ambientalmente viable”.

Asimismo, Cristo González añade que “en el mes de julio también pedimos la documentación relativa a la copia del acta de comprobación del replanteo de la obra del circuito del motor; así como copia del informe o informes obrantes en el expediente, en relación con la o las declaraciones de impacto ambiental”.

Por si no fuera poco la falta de respuesta de las tres peticiones mencionadas, la consejera de Sí Podemos Canarias agrega que “también llevamos esperando desde julio a que se nos remita una copia del expediente de la contratación con la empresa Dorna; al igual que una copia de la o las evaluaciones de impacto ambiental obrantes en el expediente”.

Acerca de la última petición de documentación sin entregar, González destaca que “el pasado mes de septiembre también requerimos a la empresa pública IDECO la documentación para analizar el expediente de contratación para la promoción del proyecto del Circuito del Motor”.

Cristo González denuncia que, habiendo transcurrido tres meses desde que se presentaron estas solicitudes, “resulta evidente que, nuevamente, no hay interés por parte del equipo de gobierno en remitirnos toda esta documentación, lo que no vamos a permitir, ya que atenta contra nuestro derecho básico de acceso a la información y obstaculiza nuestra labor de control y fiscalización como oposición”.

La consejera de Sí Podemos Canarias señala que el no remitir la información solicitada “es una vulneración de los derechos fundamentales y, además, supone una ilegalidad que nuestro grupo no va a permitir de ninguna manera”.

González critica la “injustificada demora para responder a todas estas solicitudes por parte del gobierno insular”, y recuerda que esta falta de transparencia a la hora de responder solicitudes de información “ha sido la tónica habitual con el grupo de gobierno durante todo el mandato, encontrándonos con que los plazos legalmente establecidos para responder a determinadas peticiones de información y solicitudes de acceso a expedientes prácticamente nunca se cumplen”.

Todo ello supone “una grave obstrucción al libre ejercicio de cargo público para quienes hemos resultados electas por la ciudadanía, derecho fundamental constitucionalmente protegido, y suponen una infracción al estatuto de las y los consejeros de la Corporación”.