El Ejecutivo central ha reactivado este martes el proyecto para culminar el desarrollo del puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife. A propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras de cierre y habilitación del muelle de Ribera por un importe de 53,9 millones de euros, cuantía a la que no se le incluye el IGIC. Esta cifra supone una modificación al alza respecto al valor estimado inicial del contrato, una revisión que ha sido necesaria después de que el concurso previo quedara desierto el pasado 27 de abril de 2026 ante la falta de empresas concurrentes.
La intervención aprobada permitirá la construcción de los 543,3 metros de longitud que aún faltan para completar los 1.045 metros totales con los que contará el muelle de Ribera, garantizando así el pleno funcionamiento de la instalación portuaria tinerfeña y facilitando la captación de nuevos tráficos. Técnicamente, los trabajos se concentrarán en el tramo comprendido entre la segunda sección del muelle polivalente y la zona concesionada del extremo sur. Para su ejecución, se emplearán once cajones de hormigón armado de 48,25 metros de eslora, los cuales irán cimentados a una cota de 18 metros bajo el nivel del mar, junto con dos cierres de hormigón sumergido que medirán 5,78 metros de longitud cada uno.
El puerto de Granadilla, gestionado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, destaca por ser la última instalación de nueva planta construida en España dentro de la red de puertos de interés general. Su concepción responde a la necesidad de operar de manera complementaria al puerto de la capital tinerfeña, completando el servicio marítimo al conjunto de la isla. Gracias a su diseño optimizado para recibir buques de gran calado, albergar operaciones logísticas a gran escala y contar con un área industrial anexa, el recinto se posiciona como un nodo logístico de carácter estratégico en el océano Atlántico.
Esta obra portuaria cuenta con financiación parcial de los fondos europeos FEDER correspondientes al periodo 2021-2027 y se inscribe en la línea de actuación denominada ‘Cierre y habilitación del muelle de Ribera’. A su vez, el proyecto se engloba dentro del Plan de Inversiones 2025-2029 de Puertos del Estado para la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, un instrumento que prevé inyectar más de 250 millones de euros en las instalaciones de la isla. De ese montante global, 175 millones irán destinados a proyectos de infraestructuras orientados a mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda, partida en la que se encuadra la licitación aprobada hoy. Adicionalmente, el documento reserva 47,5 millones de euros para impulsar la sostenibilidad mediante la transición hacia puertos más verdes, así como más de 20 millones de euros para llevar a cabo actuaciones de integración puerto-ciudad.
A nivel regional, la importancia de estas infraestructuras sitúa a los puertos del Estado en el archipiélago canario como los quintos con mayor volumen de inversión de todo el país. En total, para el actual periodo 2025-2029 se contemplan más de 600 millones de euros en inyecciones de capital para Canarias. Estas proyecciones forman parte del plan ‘Horizonte 2030’ para el sistema portuario de titularidad estatal, una hoja de ruta que fue presentada a finales del pasado año 2025 por el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
