El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, presidido por Pedro Suárez, ha aprobado en su sesión ordinaria de este viernes la licitación de las obras de cierre y habilitación del Muelle de Ribera del puerto de Granadilla. Esta actuación es considerada clave por la entidad para finalizar la línea de atraque prevista en la infraestructura y continuar avanzando en el desarrollo operativo del recinto.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende a 39.311.011,62 euros, con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) incluido, y establece un plazo de ejecución de veinte meses. Gran parte de esta inversión está respaldada con fondos europeos, concretamente con una financiación del ochenta y cinco por ciento a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), enmarcado en el Programa Plurirregional de España 2021-2027.

A nivel técnico, los trabajos licitados permitirán la construcción de los 543,3 metros de longitud que faltan para concluir la totalidad de los 1.045 metros que componen el Muelle de Ribera. Para ello, se ejecutarán once cajones de hormigón de 48,25 metros de largo cada uno. La construcción de estas grandes estructuras requerirá de un proceso de hormigonado continuo durante las 24 horas del día, una medida necesaria para evitar que el material fragüe antes de que el cajón esté completamente finalizado.

Sobre estas estructuras se instalarán todas las conducciones necesarias para dotar al muelle de servicios básicos, tales como telecomunicaciones, baja tensión, agua y alumbrado. Asimismo, se ejecutará la obra civil requerida para posibilitar en el futuro la instalación de un sistema de suministro eléctrico a buques (conocido como OPS) en esta nueva línea de atraque.

La culminación del Muelle de Ribera tiene como objetivo principal permitir la futura generación de una explanada anexa de aproximadamente treinta hectáreas de superficie. Según la Autoridad Portuaria, esta nueva infraestructura es fundamental para facilitar la implantación de nuevas actividades logísticas y portuarias, dotando así al puerto de Granadilla de todos los servicios propios de una instalación de su categoría y garantizando su plena operatividad.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha señalado la importancia de estas obras para el futuro del recinto. “La falta de finalización del puerto condiciona actualmente la disponibilidad de atraques y limita su operatividad. No obstante, nuestro compromiso con la dársena de Granadilla es absoluto y, de hecho, en nuestro plan de inversiones vigente está prevista una inversión de casi 90 millones de euros hasta 2029”, ha afirmado el presidente durante la sesión.

El proceso de licitación se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto, lo que garantiza la concurrencia de todas aquellas empresas interesadas que cumplan con los requisitos técnicos y económicos establecidos en los pliegos. Las ofertas deberán ser presentadas de manera exclusivamente electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, portal en el que se publicará toda la documentación técnica pertinente junto con el preceptivo anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Según las estimaciones de la Autoridad Portuaria, si los plazos administrativos avanzan según lo previsto, el procedimiento podría resolverse con la adjudicación definitiva de los trabajos el próximo mes de septiembre.

La puesta en marcha de esta licitación ha requerido de un complejo trámite administrativo previo, ya que la Ley de Contratos del Sector Público exige la autorización del Gobierno de España para aquellas obras cuyo presupuesto supere los doce millones de euros. En este contexto, el Consejo de Administración de Puertos de Tenerife acordó el inicio del expediente de contratación en su sesión ordinaria de noviembre de 2025. Posteriormente, el 9 de diciembre de ese mismo año, se solicitó formalmente la autorización estatal a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Finalmente, el Consejo de Ministros emitió la luz verde a la licitación el pasado 10 de febrero.

Esta actuación se encuentra recogida dentro del Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, un documento que ha sido consensuado con Puertos del Estado, y se enmarca específicamente bajo la línea de inversión denominada ‘Cierre y habilitación del Muelle de Ribera’.