El grupo socialista presenta una moción en el pleno del Cabildo de Tenerife para que el general pierda su título como hijo adoptivo de la isla.
El grupo socialista en el Cabildo de Tenerife defenderá este viernes en el pleno de la Corporación Insular una moción que inste a la retirada de los honores y distinciones a Franco como hijo adoptivo de la isla. La propuesta del equipo socialista busca cumplir con la Ley de Memoria Histórica que obliga a eliminar cualquier tipo de exaltación de la dictadura.
Javier Rodríguez Medina, consejero socialista encargado de la defensa de esta moción que se presenta de forma conjunta con el grupo Sí Podemos Canarias, asegura que “el Cabildo Insular de Tenerife debe adoptar los acuerdos oportunos para cumplir con la Ley de Memoria Histórica así como con lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados”. Por esta razón, expone Rodríguez Medina, se propone al pleno del Cabildo de Tenerife “adoptar como único acuerdo retirar los honores y distinciones otorgados al General Francisco Franco Bahamonde el 20 de agosto de 1936 por el que se le nombra hijo adoptivo de la isla de Tenerife”.
En este sentido, recuerda Rodríguez Medina que la normativa establece que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.
Esta propuesta se sostiene, continúa el consejero socialista, en que la normativa establece que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, deben tomar las medidas oportunas y necesarias para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida popularmente como la Ley de Memoria Histórica, fue aprobada por el Gobierno del PSOE, la formación política que hace que se cumpla su directriz.
