Un total de quince internos del Centro Penitenciario Tenerife II han sido sorprendidos tratando de introducir sustancias estupefacientes en las instalaciones carcelarias mediante el método conocido como “body packing”, el cual consiste en ocultar la droga en el interior de cavidades corporales.

Estas interceptaciones son el resultado de los operativos coordinados entre los agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil del centro y los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, quienes mantienen una vigilancia especial sobre los reclusos que regresan de un permiso carcelario o de una visita íntima, conocida como comunicación “vis a vis”.

El protocolo de detección se activa en el momento en que existen sospechas de que un interno puede portar droga en su organismo. En primera instancia, el recluso es apartado del resto y sometido a una exploración con la ayuda de un perro detector de drogas, seguida de un cacheo corporal. En caso de que el preso no muestre cooperación y persistan las dudas sobre la ocultación de sustancias, los agentes de la Guardia Civil están facultados para trasladarlo a un centro médico. En dichas instalaciones sanitarias se solicita la realización de pruebas de rayos X con el fin de localizar cualquier cuerpo extraño alojado en sus cavidades corporales.

Las autoridades advierten de que la práctica del “body packing” conlleva un grave riesgo para la salud del individuo. La rotura accidental de uno de estos envoltorios dentro del cuerpo puede provocar una intoxicación severa que, dependiendo de la naturaleza y cantidad de la sustancia, podría llegar a causar la muerte del recluso.

Desde principios del año pasado hasta la fecha actual, este dispositivo de control ha propiciado quince intervenciones directas con resultado positivo, logrando interceptar diferentes tipos de drogas ocultas, tales como heroína, cocaína, crack y pastillas anabolizantes. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra el hallazgo de 100 gramos de crack, los cuales estaban divididos en múltiples envoltorios dentro del cuerpo de un interno. Asimismo, en la intervención más reciente, llevada a cabo durante el pasado mes de febrero de este mismo año, se aprehendieron más de 90 gramos de hachís y 97 pastillas anabolizantes ocultas por otro preso.

Tras cada incautación, las diligencias instruidas y las sustancias intervenidas son remitidas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente para continuar con el proceso judicial.

En cuanto a las consecuencias legales, el artículo 368 del Código Penal vigente estipula penas de prisión de tres a seis años para quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o faciliten de otro modo el consumo ilegal de drogas tóxicas cuando la sustancia cause un grave daño a la salud. A esta normativa se suma la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, la cual determina que la pena puede ser agravada si se logra demostrar que la droga incautada estaba destinada a ser distribuida entre varios internos o a su venta dentro del recinto penitenciario. De igual forma, la responsabilidad penal y sus consecuencias pueden hacerse extensivas a las visitas del exterior, siempre y cuando quede acreditada su participación en la comisión de este delito.