La sede de la Agrupación Socialista de Granadilla de Abona, ha sido el escenario de una pormenorizada rueda de prensa en San Isidro este miércoles, donde la exalcaldesa socialista Jennifer Miranda y el concejal David Santos han desglosado la preocupante situación económica, administrativa e institucional que atraviesa el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Con los informes municipales en la mano, los ediles socialistas han demostrado que el municipio se enfrenta a un desajuste multimillonario que sitúa a la administración local al borde de la “intervención directa del Estado” sobre los recursos del consistorio granadillero. Ante este escenario, el PSOE ha solicitado formalmente la dimisión inmediata del alcalde, José Domingo Regalado (CC), al que acusan de una gestión “temeraria, ruinosa e imprudente”.

Hechos objetivos frente a discrepancias políticas

Al inicio de su comparecencia, Jennifer Miranda quiso marcar distancias con el debate partidista habitual para enfatizar la gravedad técnica de los datos presentados. En palabras de la portavoz socialista: “No se trata de una discrepancia política, ni estamos hablando de diferencias ideológicas o tampoco sobre cuestiones que nos diferencian desde el punto de vista de las prioridades de un gobierno. No estamos debatiendo sobre modelos de municipio y sobre nuestras ideas o las del gobierno. Hoy hablaremos de hechos que son objetivos, que están acreditados por informes municipales y que describen una situación económica, administrativa y política que es incompatible con una gestión responsable de los recursos públicos”.

La veracidad de esta situación queda constatada en el citado expediente, donde los informes definitivos de la Intervención municipal revelan que la liquidación del ejercicio económico de 2025 arrojó un flagrante incumplimiento de la regla de gasto por una cifra exacta de 11.971.304,87 euros. Asimismo, el área económica municipal ha fijado el límite del techo de gasto para este ejercicio de 2026 en unos estrictos 40.224.777,48 euros, lo que obligaba por ley al consistorio a presentar un Plan Económico-Financiero (PEF) en el plazo máximo de un mes. Miranda denunció que los plazos legales han expirado con creces (con fecha tope para abril para su presentación y un mes adicional para aprobarlo) sin que el grupo de gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular y VOX hayan atajado el problema para corregir en tiempo y forma los incumplimientos.

El agujero de la inestabilidad y la advertencia de los técnicos

El análisis minucioso de la documentación a la que ha tenido acceso este periódico revela que el descalabro financiero ha ido en aumento a lo largo de las últimas semanas debido a la polémica incorporación de remanentes de tesorería. Mientras que un informe de fiscalización del 22 de abril de 2026 fijaba inicialmente la necesidad de financiación del expediente de modificación de créditos en 5.797.719,42 euros, un segundo dictamen emitido el 13 de mayo de 2026 por el interventor José Manuel Luis Pérez elevó dicha inestabilidad presupuestaria hasta los 9.469.404,78 euros sin ajustes.

El interventor advierte en su informe que la aprobación de este expediente genera “un deterioro efectivo de la capacidad de financiación de la entidad”. Además, añade una contundente advertencia que Miranda leyó en la comparecencia: “Se advierte expresamente que la adopción del acuerdo se produciría con pleno conocimiento de su impacto negativo en la estabilidad, debiendo el órgano competente valorar dicha circunstancia a los efectos oportunos”. El mismo funcionario deja constancia por escrito de que “las limitaciones de medios personales de esta Intervención dificultan el ejercicio pleno y eficaz de las funciones de control”, un SOS técnico que para el PSOE evidencia el desbordamiento de los empleados públicos frente a la “caótica gestión del alcalde”.

La polémica de la “liquidación maquillada” y las acciones judiciales

Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa llegó cuando Jennifer Miranda desveló los planes del gobierno local para intentar eludir las consecuencias legales de estos informes. Según detalló la portavoz, el concejal de Hacienda reconoció hace un mes su intención de aprobar ‘nueva liquidación presupuestaria’ que dejaría sin efecto la anterior. Miranda fue tajante al respecto: “En lugar de corregir el problema, pretenden eliminar el documento que acredita dicho problema. Y eso es enormemente grave porque resulta completamente irregular que un gobierno municipal anuncie públicamente que pretende sustituir una liquidación oficial que acredita incumplimientos millonarios. No estamos hablando de calderilla en el bolsillo de nadie. Maquillar una liquidación no elimina la realidad económica e intentar esconder el problema tampoco lo resuelve”.

El Grupo Municipal Socialista ya ha consultado a sus servicios jurídicos. Tal y como consta en un documento del PSOE fechado el 26 de mayo de 2026 y dirigido a la Alcaldía, Concejalía de Hacienda, la Secretaría e Intervención, los socialistas han solicitado formalmente a la Secretaría General y a la Intervención que dictaminen sobre la vigencia del documento inicial y aclaren las posibles responsabilidades políticas, administrativas y contables derivadas de esta inactividad. “Si pasado mañana me presentan una liquidación en la que no hay un incumplimiento, lógicamente será algo que tendremos que judicializar y que tendremos que recurrir vía contencioso-administrativa, porque es algo que es inaudito. Yo no creo que haya pasado en ningún ayuntamiento de España”, sentenció la exalcaldesa.

Colapso de los servicios públicos, impagos y fuga de personal

Por su parte, el concejal David Santos tomó la palabra para pormenorizar las graves consecuencias que la ausencia de los presupuestos de Granadilla de Abona para 2026 está provocando en el día a día del municipio. Santos explicó que el Ayuntamiento trabaja actualmente con las cuentas prorrogadas, lo que está asfixiando económicamente a la empresa pública Sermugrán. Según el edil, “la ausencia de un presupuesto para el ejercicio 2026 está poniendo en riesgo las encomiendas. Eso quiere decir que se está poniendo en riesgo la limpieza diaria, la recogida de residuos, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de atención ciudadana, porque al no haber presupuesto la empresa está trabajando con unos niveles de gasto de 2026, pero los ingresos que le proporciona el ayuntamiento no son los de 2026. Cuantos más meses pasan, menos liquidez va teniendo la empresa y puede llegar un momento en el que se vea con dificultades para abonar las nóminas a sus propios trabajadores”.

A esta precariedad se añade una galopante conflictividad laboral y un preocupante vacío de personal cualificado. Los representantes socialistas denunciaron que la degradación interna ha provocado la marcha voluntaria de ingenieros, arquitectos técnicos, juristas y trabajadores sociales, sumando tres nuevas bajas esta misma semana. Asimismo, denunciaron la existencia de protocolos de acoso activados tanto en el Ayuntamiento como en Sermugrán, una empresa que ya acumula más de una veintena de demandas laborales en los juzgados. El tejido empresarial local tampoco escapa a la crisis: el PSOE asegura que hay cerca de 500 facturas de PYMES y autónomos metidas en los cajones, bloqueadas y sin tramitar desde el pasado mes de septiembre.

El “efecto bola de nieve” heredado de la inejecución entre 2021 y 2023

Para entender la magnitud del problema actual, el concejal David Santos quiso arrojar luz sobre el origen técnico de este desfase millonario, aclarando que el incumplimiento de la regla de gasto no es un fenómeno repentino, sino el resultado de una parálisis de gestión acumulada de ejercicios anteriores bajo el mandato de Coalición Canaria.

“El incumplimiento de la regla de gasto viene por la inejecución presupuestaria de los años 21, 22 y 23”, explicó Santos durante la comparecencia. El edil recordó que, durante ese período, las reglas fiscales impuestas por el Estado se encontraban suspendidas, lo que permitió que la falta de gasto no tuviera consecuencias legales inmediatas. Sin embargo, al volver a entrar en vigor en 2024 y aplicarse a la liquidación de 2025, el desfase oculto salió a la luz con toda su crudeza.

Según detalló el concejal socialista, esta inejecución crónica castigó fundamentalmente al Capítulo 6 del presupuesto, el correspondiente a las inversiones, que es donde un gobierno municipal tiene el verdadero margen de decisión para transformar la ciudad.

“Durante todos esos años no se puso en marcha ni una sola nueva infraestructura, más allá del asfaltado de calles que ni siquiera se cumplían en tiempo y forma porque no se ejecutaban en el año presupuestario, sino que se arrastraban al año siguiente”, denunció Santos. Toda esta parálisis continuada y la falta de proyectos ejecutados, explicó el concejal, “ha ido creando una bola que les ha estallado en 2026”.

Huelga policial encubierta y gasto en seguridad externa

El caos administrativo ha impactado de lleno en la seguridad del municipio. David Santos desveló la existencia de un conflicto agudo con la Policía Local, cuyos agentes han decidido en asamblea general no realizar ni una sola hora extraordinaria debido a los incumplimientos del grupo de gobierno. La respuesta del alcalde, según el PSOE, ha sido ocultar el problema a la ciudadanía y recurrir de forma masiva a la contratación de seguridad privada y al despliegue de la Policía Canaria, asumiendo un coste extra lesivo para las arcas públicas.

Santos ilustró la gravedad de la situación con lo ocurrido el pasado fin de semana durante la celebración de las fiestas locales: “En el baile de Taifa, donde se dieron cita una cantidad increíble de personas, habían dos agentes de la policía local. El ayuntamiento tuvo que tirar de seguridad privada y de la policía canaria. Los propios policías locales le están pidiendo al resto de compañeros de otros municipios e incluso a la policía canaria que no acepten esos llamamientos, que se solidaricen, porque lo que no tiene sentido es que tú tengas un problema con tu propia policía con respecto a las horas extras y luego sí le estés abonando las horas extras a policías de otros municipios”.

El contraste del “pan y circo” frente a la parálisis inversora

Tanto Jennifer Miranda como David Santos coincidieron en denunciar lo que consideran una “absoluta ausencia de prioridades” por parte del actual pacto de gobierno (Coalición Canaria–Partido Popular–VOX), acusando al alcalde de “maquillar” la parálisis del municipio a base de propaganda y eventos lúdicos masivos. La exalcaldesa denunció que en apenas cinco meses de este año 2026 ya se ha comprometido más del 90% del presupuesto previsto para festejos de todo el año, mientras las inversiones esenciales —asegura— están bloqueadas.

“El gobierno municipal parece haber reducido su proyecto político a la organización permanente de festejos varios de verbena y de conciertos, mientras el ayuntamiento acumula incumplimientos millonarios. Mientras cientos de facturas esperan en los cajones, se presume de los más de 70.000 euros que nos gastaremos en Carlos Baute o en Tonny Tun Tun en estas fiestas patronales. Mientras los vecinos esperan soluciones para la vivienda, la seguridad o los servicios sociales, el Gobierno parece centrado exclusivamente en el pan y el circo. Para fiestas sí parece que hay rapidez, para eso sí aparecen los recursos, para eso sí existe capacidad de gestión en apariencia”, criticó con dureza Miranda.

Esta priorización del gasto festivo contrasta con el abandono de un capítulo de inversiones históricas de más de 7 millones de euros que el PSOE dejó proyectado y presupuestado en su etapa de gobierno hasta 2025 —previo a la moción de censura—, y que tras 15 meses de mandato de CC-PP-VOX se ha convertido en “papel mojado” con una ejecución menor al 15%, a pesar de estar proyectadas y presupuestadas.

Entre las obras paralizadas que “se encuentran en la nada” destacan el parque modular de El Médano, la ordenación de la zona verde del barranco Cha Joaquína en San Isidro, la Plaza de los Marineros en Los Abrigos, los polideportivos de Chiñama y La Hoyita, y la instalación de las cámaras de seguridad vial, entre todas estas obras, los socialistas aseguran que la única obra iniciada sería la obra del campo de fútbol de Charco del Pino, la cual hace escasos días el PSOE denunció su paralización y anunció su moción ante el pleno municipal para exigir la reanudación de la segunda etapa de las obras.

También, en la comparecencia de este miércoles, los socialistas denunciaron la pérdida definitiva de casi 2 millones de euros de aportación municipal y del Cabildo de Tenerife destinados a la adquisición de vivienda pública terminada, una partida que ha expirado —aseguran— debido a la “incapacidad de gestión” del ejecutivo local.

Un llamamiento a la dimisión para evitar una intervención del Estado

Al cierre de la comparecencia, y a preguntas de los periodistas sobre las consecuencias reales de mantener el actual rumbo económico, Jennifer Miranda advirtió que los plazos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ya se han pulverizado. De continuar el bloqueo del Plan Económico-Financiero, el Estado podría aplicar de manera inminente —gobierne quien gobierne de cara a la próxima legislatura en 2027— medidas de coerción extrema, que incluyen riesgos sobre de las subvenciones estatales y autonómicas, la pérdida de competencias directas en servicios sociales y la obligación de aplicar recortes brutales e inmediatos, tales como la supresión de las becas municipales al estudio o la reducción a la mitad de las ayudas a los clubes deportivos locales.

Miranda concluyó la comparecencia exigiendo la marcha inmediata del alcalde para evitar que el daño sea irreversible para la próxima década: “Cuando un alcalde incumple la estabilidad presupuestaria, incumple la regla de gasto y desoye las advertencias de la intervención municipal, debe asumir responsabilidades. No estamos ante un error puntual, estamos ante un modelo de gobierno agotado basado en la improvisación permanente y en la propaganda por encima de la gestión. Consideramos que Don José Domingo Regalado no reúne las condiciones ni políticas ni de gestión necesarias para continuar al frente de este ayuntamiento y por ese motivo pedimos en el día de hoy la dimisión inmediata ante una gestión temeraria, ruinosa, imprudente e incompatible con el futuro de Granadilla. Granadilla merece un alcalde que resuelva, no que esconda los problemas”, ha dicho.