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San Miguel de Abona se queda sin regulación para los campamentos infantiles

Coalición Canaria bloquea la propuesta y los demás partidos políticos no asistieron al pleno.

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La creación de una Ordenanza Reguladora y un Reglamento específico para regular los campamentos infantiles y juveniles en el municipio de San Miguel de Abona no ha sido aprobada. Esta medida, defendida por la concejala Carol Alejandra Correa Correa, “tenía como objetivo garantizar la seguridad, calidad, el acceso justo y equitativo que debe tener la ciudadanía en los campamentos de temporada que se realizan en por parte del Ayuntamiento”.

Lamentablemente, la propuesta no obtuvo el consenso necesario en el pleno municipal. Coalición Canaria votó en contra de la propuesta argumentando que “aunque estamos de acuerdo con el fondo del asunto, no es el momento oportuno para iniciar el expediente”. Además, la falta de asistencia de los demás partidos al pleno impidió alcanzar el consenso necesario para la aprobación de la medida.

La propuesta, detalla la concejala “pretendía proporcionar un marco jurídico sólido que beneficiara a la ciudadanía y al conjunto de funcionarios a la hora de poder otorgar una plaza en dichos campamentos. Otra de las cuestiones que se defendía con esta iniciativa era promover la confianza de las familias y la inclusión social de aquellos núcleos familiares, menos favorecidos”.

Además, la propuesta contemplaba la creación de una tasa reguladora ajustada a los niveles de renta y situaciones familiares, con el fin de apoyar a las familias con recursos económicos limitados y favorecer la conciliación familiar.

La medida también proponía dar prioridad a la infancia y juventud residente en San Miguel de Abona para acceder a los campamentos, asegurando que los recursos locales beneficiaran principalmente a la comunidad.

La no aprobación de esta ordenanza y reglamento deja en suspenso la regulación de los campamentos infantiles y juveniles en San Miguel de Abona y abre paso al clientelismo, explicó la edil. La falta de un marco regulador podría afectar la confianza de las familias en estos servicios y la capacidad del Ayuntamiento para asegurar estándares de calidad y seguridad en estas actividades.

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