Ayer, martes 28 de julio, el Auditorio de Adeje acogió una asamblea histórica convocada por la Asociación de Camareras de Pisos de Canarias, a la que asistieron más de doscientas profesionales del sector. Durante el encuentro, las trabajadoras aprobaron por unanimidad una resolución mediante la cual solicitan a las diferentes asociaciones estatales y a todos los sindicatos, con especial mención a los mayoritarios CCOO y UGT, la convocatoria inmediata de una huelga general a nivel nacional.

El objetivo principal de esta movilización es obligar tanto al Gobierno como a las patronales a transformar las promesas en hechos concretos y aplicar de urgencia los cambios normativos detallados en su manifiesto, dejando a un lado las diferencias sindicales para remar en una única dirección.

Una de las reivindicaciones centrales de la resolución es la regulación estricta de la subcontratación. El colectivo exige que su labor sea reconocida como una Categoría Profesional propia y específica dentro del sector de la hostelería, tal y como se define en el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal de Hostelería (ALEH).

Denuncian que la externalización a empresas de servicios o limpieza, una práctica prohibida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife pero habitual en la Península y la provincia de Las Palmas, provoca que las empleadas pierdan salarios y sean rebajadas a la categoría de “limpiadoras”. Esto implica la aplicación de convenios sectoriales inferiores, precarizando gravemente su situación laboral.

Salud y medidas ergonómicas

En materia de salud y prevención de riesgos laborales, el panorama descrito por la asociación es alarmante. Aunque desde el año 2018 se han catalogado como profesionales ciertas dolencias del tren superior, como el síndrome del túnel carpiano, el codo de tenista o la rotura de manguitos rotadores debido a los movimientos repetitivos, las mutuas continúan obstaculizando su reconocimiento automático.

Además, el colectivo subraya que las enfermedades del tren inferior, como lumbalgias, lumbociáticas, hernias, esguinces y varices, así como las afecciones de salud mental derivadas de la alta intensidad del trabajo, entre ellas el estrés, el síndrome de burnout y los trastornos de ansiedad, siguen siendo sistemáticamente ignoradas.

Denuncian que las incapacidades totales derivadas de estas patologías son frecuentemente disfrazadas como “enfermedad común” con cargo a las mutuas, a pesar de que el propio trabajo está considerado como “penoso” por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las trabajadoras señalan que dependen a diario de antiinflamatorios y potentes ansiolíticos para poder cumplir con su jornada, enfrentándose a acusaciones de absentismo por parte de la patronal.

Para paliar esta elevada carga física y mental, la resolución exige el establecimiento de normativas obligatorias sobre ergonomía. Entre las medidas concretas, solicitan la implementación de evaluaciones ergonómicas exhaustivas que midan expresamente los tiempos de los controles de trabajo, diferenciando por tipo de habitación y tarea, para limitar la carga diaria.

Asimismo, reclaman la sustitución obligatoria de las camas actuales por sistemas de elevación en todos los hoteles y apartamentos, una medida que recientemente se ha incorporado a la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias, imitando el modelo de las Islas Baleares. También exigen que los carros de limpieza sean motorizados y manejables, y critican que el material de trabajo actual carece de ergonomía, mencionando aspiradoras inadecuadas y edredones de más de 240 centímetros que, por su excesivo peso, causan estragos físicos.

Derecho a un retiro digno

Finalmente, el documento aprobado en Adeje pone un fuerte énfasis en los derechos de jubilación y las condiciones de las trabajadoras de mayor edad. La asamblea demanda la aplicación de una reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas para aquellas empleadas que alcancen los 58 años, manteniendo su salario íntegro, una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en una cadena hotelera de Baleares.

También reclaman el derecho a la jubilación parcial sin necesidad de requerir un acuerdo previo con la empresa, así como la prejubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores, al amparo del reciente Real Decreto 402/2025 del 7 de mayo.

El colectivo denuncia una discriminación indirecta por tratarse de un sector altamente feminizado, contrastando su situación con la de profesiones paritarias o masculinizadas que sí cuentan con facilidades para el retiro anticipado.

En este sentido, critican duramente la inacción de la Seguridad Social y la falta de firmeza de las Inspecciones de Trabajo, instituciones a las que acusan de preferir el pago de incapacidades permanentes antes que dignificar una profesión que, según sus palabras, las prefiere “incapacitadas o muertas”.