El Partido Popular (PP) de Güímar ha pedido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Santa Cruz de Tenerife la ejecución forzosa de la sentencia, firme desde octubre pasado, que declara nulos los sueldos percibidos desde mediados de 2021 por el alcalde, Gustavo Pérez (CC), el primer teniente de alcalde, Airam Puerta (PSOE), y otros dos concejales del gobierno municipal, Cándido Gómez (PSOE) y Juan Delgado (CC).
Según la Justicia, percibieron sus sueldos sin cobertura legal por no haber sometido a nuevo acuerdo plenario a mitad de mandato, cuando se produjo el relevo en la alcaldía, su régimen de retribuciones y de dedicación exclusiva, pese a las advertencias de los populares sobre la flagrante irregularidad que cometían.
La portavoz del PP y exalcaldesa, Carmen Luisa Castro, explica que con esta nueva iniciativa ante los tribunales cumple lo que anunció al final del pleno del Ayuntamiento el pasado 27 de octubre, convocado a instancias de su grupo político una vez que fue firme la sentencia, ante “la evidencia de que no existía voluntad alguna de cumplir de manera voluntaria esta resolución judicial”.
Hay que recordar que en ese pleno el PP defendió la devolución del dinero indebidamente percibido durante toda la segunda mitad del mandato pasado, pero CC, PSOE y Unidas sí Podemos se negaron, reduciendo esta ilegalidad a solo los dos meses denunciados en su momento, a sabiendas de que todas las remuneraciones tienen vicio de nulidad durante dos años más; y además, para el equipo de gobierno, subsanable con la mera justificación de que en ese periodo los denunciados prestaron sus servicios en el Ayuntamiento.
En este pleno, los cuatro concejales afectados por esta sentencia incumplieron su “incuestionable” deber legal de abstenerse en las votaciones, a pesar del “evidente interés personal” que tenían en este asunto, por lo que, a juicio de los abogados que representan al PP en este litigio (el bufete LexA3), el acuerdo adoptado en el pleno estaría “viciado de nulidad”, ya que estos votos fueron determinantes para orientar el sentido del acuerdo adoptado.
La líder del PP vincula la ilegalidad de los sueldos en el pasado mandato con el hecho de que tanto Gustavo Pérez como Airam Puerta se habían fijado desde 2019 un régimen de dedicación exclusiva en un porcentaje que no estaba permitido por ley y al que habrían tenido que renunciar de haberse llevado a pleno un nuevo acuerdo en este sentido.
Además, Carmen Luisa Castro sostiene que este litigio judicial es lo que motivó que al inicio de este nuevo mandato, en junio de 2023, el equipo de gobierno tripartito se subiera el sueldo “la friolera” del 27%, un incremento “inmoral” con el que pretenden “obtener del pueblo güimarero el dinero con el que, llegado el caso, tendrían que devolver el indebidamente percibido”.
La exalcaldesa denuncia también que el pleno del pasado 27 de octubre fue emitido en directo pero la grabación posteriormente eliminada de la página de Facebook del Ayuntamiento de Güímar.
