El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha emitido una advertencia sobre el estancamiento burocrático que enfrentan los ciudadanos, empresarios e instituciones que buscan iniciar proyectos vitales o empresariales en la isla. Según ellos, este estancamiento está creando un ambiente de inseguridad jurídica que disuade las inversiones en Canarias.
Javier Cabrera, presidente del CEST, ha expresado su preocupación, afirmando que los esfuerzos para favorecer el estatuto canario son inútiles si la inseguridad jurídica y la incertidumbre están frenando las inversiones.
Cabrera, líder de los empresarios del sur, ha aclarado que Canarias, siendo una región ultraperiférica, tiene ciertas ventajas y un régimen económico y fiscal diseñado para atraer inversiones y dinamizar su economía. Sin embargo, lamenta que factores como la “eterna burocracia” y los altos riesgos de paralización estén actuando como un “repelente” para proyectos que, a su criterio, podrían ser cruciales para el archipiélago.
El empresario ha señalado que actualmente hay iniciativas que se encuentran paralizadas, o incluso han sido abandonadas, debido al daño que suponen los largos tiempos burocráticos, que en muchos casos superan los diez años, y la falta de garantías al momento de emprender.
Según Cabrera, “la propia clase política está sufriendo este problema creado por ella misma al verse afectada por la ralentización e incluso parálisis de proyectos públicos que benefician al interés de la ciudadanía y que no pueden avanzar debido al estancamiento que existe dentro de las propias instituciones a la hora de otorgar permisos o tramitar expedientes”.
El CEST sostiene que la sociedad canaria necesita soluciones a este grave problema que “afecta a todos los sectores, a la propia sociedad, a los autónomos, a las inversiones en energías renovables, a los beneficiarios de ayudas sociales que no pueden acceder a tiempo a las mismas y, por supuesto, una de sus consecuencias es la falta de vivienda”.
“Estamos frenando el desarrollo y el progreso que queremos para nuestra tierra y nos queda como resultado una Canarias cuyas infraestructuras están desfasadas y no se adaptan al crecimiento del archipiélago”, afirma Cabrera.
El CEST recuerda el caso del Hotel de La Tejita, en Granadilla de Abona, un proyecto que fue paralizado en 2021 por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y que ahora, tres años después, reanuda sus obras tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
“Con el caso de La Tejita tenemos un claro ejemplo de cómo la administración actúa en contra de sus propios actos”, asegura Cabrera, explicando que “un cambio de criterio político dejó sin efecto títulos administrativos firmes legitimadores para la ejecución de un proyecto, generando problemas de los que ahora todos somos responsables”.
“Tras la reciente sentencia ahora nos enfrentamos a una posible indemnización de la administración a la promotora, una cantidad que pagaremos todos”, recuerda Cabrera.
En relación al caso de La Tejita, Cabrera señala que “fue triste ver cómo desde la política se acusaba a una empresa extranjera de venir a expoliar el patrimonio natural de Canarias, a pesar de que esta empresa estaba actuando dentro de la legalidad y en el uso de sus derechos como ha quedado demostrado en una contundente sentencia…”
Para el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, “estas son las decisiones que trascienden al exterior y transmiten la imagen de que las inversiones en Canarias son de alto riesgo”. Desde el CEST, esperan que, tras este caso, “hayamos aprendido la lección y en el futuro impere la razón y el sentido común”.
