En Güímar, la empresa de gestión de agua, Aqualia, se ha convertido en un punto de interés debido a ciertas tensiones emergentes. El Partido Popular (PP) ha planteado la necesidad de sanciones contra la empresa, citando “cobros excesivos y la prohibición de abastecer El Puertito con agua de un pozo contaminado”. La exalcaldesa del municipio tinerfeño, Carmen Luisa Castro, basándose en informes de aguas fecales emitidos por Sanidad Pública entre 2019 y 2023, respalda esta afirmación.

Informes respaldan el agua apta para consumo en Güímar

Fuentes internas de Aqualia han confirmado a El Digital Sur que la empresa hídrica posee un informe reciente de la autoridad sanitaria que autoriza su uso, ya que se considera apta para el consumo. Contrariando así, de manera oficial que existan “graves contaminantes” de nitrato en dicho pozo.

Por otra parte, la compañía ha admitido que hubo un incidente menor en la facturación que afectó al 30% de las facturas. De estos, el 93% de los errores fueron menores a 1 euro, atribuidos al proceso de digitalización de la red del municipio con algo más de 10.000 contadores dotados con la última tecnología.

Hasta la fecha de esta edición, solo una persona de los afectados ha presentado una reclamación en oficina por escrito debido a la pequeña cuantía de la incidencia. Sin embargo, Aqualia ha aclarado que en la próxima facturación, este exceso de importe, por pequeño que sea, se retribuiría a los clientes, preparándose, además, una carta explicativa a los vecinos.

El Ayuntamiento fija las tarifas del agua

Según la Ley 71/1985 del 2 de abril, que regula las bases del régimen local, los ayuntamientos son los encargados de establecer y modificar las tarifas del servicio de gestión del agua en los municipios, normalmente en periodos anuales. El agua, un bien de titularidad pública y sin precio de mercado, no es vendida por las empresas, sino que estas prestan y facturan un servicio.

El contrato de concesión fija una actualización anual de las tarifas, en función de los indicadores de variación que distribuyen el peso según lo estipulado por la ley de indexación. La primera revisión se debe realizar a los dos años de contrato, es decir, en noviembre de 2023.

En medio de esta controversia, se plantea la duda de si es posible que el consistorio esté buscando justificaciones para evitar la implementación del aumento de tarifas. Podría haber un intento de aplazar este aumento y, por tanto, estar buscando una forma de no cumplir con lo establecido en la ley.