El PP de Güímar afirma que deberá ser en la Fiscalía Provincial donde se esclarezcan las dudas que el alcalde, Gustavo Pérez (CC) y el concejal de Urbanismo, Airam Puerta (PSOE) no han querido aclarar en una reciente comparecencia plenaria a instancias de los populares sobre las polémicas obras en Las Bajas, por las que se encuentran desalojadas desde 2021 diez viviendas, y los trabajos en un talud paralizados desde hace tres años por el sobrecoste de la ejecución del proyecto, que pasó de 340.000 euros a más de un millón de euros.
En la batería de preguntas formuladas por la líder del PP güimarero, Carmen Luisa Castro, en este pleno destacan cuestiones clave que siguen sin respuesta satisfactoria, por lo que los populares mantienen su denuncia de este expediente en la vía penal.
Así, la portavoz del PP pone el foco en que ninguno de ambos cargos públicos supieron explicar en qué se basó un policía local en 2020 para dar pie a todo lo ocurrido al concluir que podía haber riesgo en el talud de Las Bajas, ya que ninguno de los vecinos de este núcleo da fe de que en alguna ocasión haya habido desprendimientos, aunque el agente mencionara en su informe que “alguno” le ha dicho que sí.
La necesidad de transparencia sobre este momento inicial del expediente es crucial, ya que la obra se adjudicó sin concurso apelando a la vía de emergencia, merced a un informe posterior encargado a un ingeniero externo al Ayuntamiento, elegido también sin pública concurrencia.
Al respecto, tampoco aclara el alcalde por qué no se encargó un estudio geotécnico sobre el estado de esta ladera costera, como sí hizo en su día Carmen Luisa Castro, cuando era alcaldesa, a raíz de los derrumbes, sí constatados, en el núcleo de Santa Lucía.
Sin respuesta quedó también la pregunta acerca de quién del Ayuntamiento prometió a los vecinos afectados que a través de la contrata se les abonaría el importe de los alquileres de su realojo, que iba a ser por solo por unos meses y, debido a la paralización de los trabajos, ya llevan tres años fuera de sus casas, por lo que han asumido un enorme coste cuyo abono algunos afectados han tenido que reclamar a la empresa en los tribunales, que les han dado la razón.
Con relación a este asunto, el PP advierte de que las ayudas que hasta ahora ha convocado el Ayuntamiento para estas personas las otorgan los Servicios Sociales con unos requisitos que no puede cumplir casi ninguna de estas familias, de modo que se trata de subvenciones que en realidad no recibe la gran mayoría e, incluso, de obtenerlas, son de una cuantía que no les resarciría del perjuicio ocasionado por todo este eternizado tiempo de realojo, que no es culpa suya.
SOBRECOSTE QUE TRIPLICÓ LA PREVISIÓN INICIAL
Asimismo, queda por explicar cómo es posible que la empresa continuara los trabajos hasta acumular un gasto de más de un millón sin que nadie del Ayuntamiento advirtiera hasta entonces que se estaban ejecutando por más del triple de coste de lo previsto inicialmente. “O lo que sería peor, quién del Ayuntamiento autorizó de manera indebida que continuaran las obras con ese sobrecoste disparado”, apostilla la edil del grupo municipal Popular.
Al respecto, Carmen Luisa Castro asegura que solo cuando ella, tras enterarse de este extremo, se lo comentó a la secretaria municipal y le expresó su alarma por este encarecimiento, se dio un giro a todo este extraño asunto.
Fue entonces cuando la funcionaria informó de manera desfavorable al abono de las nuevas facturas y planteó que debía rescindirse el contrato, tras lo cual el alcalde no tuvo más remedio que ordenar la paralización de las obras.
TRES AÑOS PARADA UNA OBRA ‘DE EMERGENCIA’
Y la misma falta de respuesta y opacidad se encontró el PP sobre por qué no se han terminado los trabajos, si tan urgentes alega el gobierno municipal que son, contratando a otra empresa, ya que se rescindió el contrato con la anterior.
“Llama poderosamente la atención que hayan pasado tres años sin moverse allí una piedra, cuando se supone que había una situación de grave riesgo que habría que terminar de solucionar cuanto antes, para que además los vecinos puedan volver”, subraya la líder popular.
Durante la comparecencia del alcalde, este informó de que una sentencia de un Juzgado, a raíz de un recurso presentado por los afectados, avala el desalojo ordenado el Ayuntamiento, aunque, según puntualiza Carmen Luisa Castro, se trata de una resolución judicial aún no firme, pues está recurrida por estos vecinos.
En cualquier caso, el PP apunta que este procedimiento se dirime en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, mientras que la denuncia de los populares se tramita en la jurisdicción penal, que son dos ámbitos y dos investigaciones distintas, de manera que, si bien este partido de la oposición respeta la presunción de inocencia, “la realidad es que la responsabilidad por posibles delitos aún está por esclarecer, y con los indicios que tiene este grupo político era su deber moral ponerlos en conocimiento de la Fiscalía“.
