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Bermúdez pide que se lleve la Ley de Amnistía al Tribunal Constitucional

El regidor de la capital tinerfeña hace esta petición al Defensor del Pueblo “Dije que no me iba a quedar de brazos cruzados y no lo he hecho”

José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ha anunciado que enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitando que se presente un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente Ley de Amnistía.

Esta acción sigue su declaración de noviembre y su posterior confirmación en diciembre, en la que prometió utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles para luchar contra la ley.

Bermúdez se convierte en el primer alcalde en tomar esta acción, en cumplimiento de un acuerdo municipal del 23 de septiembre de 2023. En su carta, Bermúdez reafirma su deber como alcalde de “procurar el cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno y hacerlas valer en las instancias que correspondan” y “actuar en la defensa del bien común, de la ciudadanía a la que me debo, de la Constitución que juré y de los principios democráticos”.

La solicitud de Bermúdez se basa en la creencia de que la Ley de Amnistía infringe la Constitución de 1978, los principios fundamentales de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, así como la independencia judicial. Según Bermúdez, la ley, que debería ser general, se está utilizando como un instrumento político para beneficiar a unos pocos.

Además, Bermúdez argumenta en su carta que la Ley fomenta la división social y el conflicto entre instituciones, ya que fue vetada por el Senado. Los letrados de la Cámara Alta también han denunciado su inconstitucionalidad y los conflictos que plantea con la arquitectura jurídica de la Unión Europea.

“Dije que no me iba a quedar de brazos cruzados y no lo he hecho”, afirmó Bermúdez, quien cree que el Defensor del Pueblo debería, como mínimo, solicitar un informe a sus Servicios Jurídicos sobre la inconstitucionalidad de esta ley. Según Bermúdez, “es un órgano independiente dentro de nuestro Estado de Derecho” y “es una magnífica oportunidad para que el Defensor del Pueblo demuestre su imparcialidad política, que en su caso es obligatoria, y así debe demostrarlo haciendo cumplir sus estatutos”.

Finalmente, Bermúdez recuerda que la tramitación de esta Ley ha supuesto un hecho sin precedentes en la Democracia, con una fractura total entre las dos Cámaras, el Congreso y el Senado. Según Bermúdez, esto “evidencia que, lejos de la concordia que nos pretenden vender, ha venido a sembrar desigualdad y discordia entre la ciudadanía”.

Desde que Bermúdez anunció su intención de tomar todas las medidas posibles para detener la aplicación de esta Ley, muchas voces se han unido a su llamado a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, incluyendo magistrados, asociaciones y partidos políticos.

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