La falta de docentes perjudica al alumnado más vulnerable y necesitado de apoyo escolar.
El STEC-IC ha realizado un sondeo en 60 centros educativos de Infantil y Primaria de todo el archipiélago en relación a la actual plantilla docente existente en los mismos. Los centros encuestados suponen un 10% del total de centros públicos existentes de estas etapas, lo cual consideramos una muestra suficientemente representativa. En concreto, se preguntó si se estimaba que la actual plantilla docente era suficiente para cubrir las necesidades pedagógicas y organizativas del centro al tiempo que se invitaba a detallar las posibles carencias al respecto.
Los resultados muestran claramente que la mayoría de los centros encuestados (el 77%) consideran “insuficiente” la actual dotación de docentes que la Consejería de Educación impone, en virtud de un “Catálogo de Plantillas” que data del año 2002 y que la Administración no ha querido renegociar, pese al evidente incremento de las tareas docentes, así como de las necesidades organizativas y pedagógicas de los centros educativos desde dicha fecha.
Entre las demandas más reiteradas por parte de los centros educativos, se encuentra el incremento del profesorado de Necesidades Educativas Especiales (maestros de Pedagogía Terapéutica, Orientadores y, especialmente, Logopedas), así como el incremento del número de docentes en general, a fin de atender adecuadamente las diferentes especialidades y las necesidades de apoyo específico que requiere una parte del alumnado con desajustes de aprendizaje de algún tipo. En definitiva, los resultados obtenidos, ponen de manifiesto la falta de profesorado y horario suficiente para desarrollar una adecuada atención a la diversidad respecto alumnado en los centros educativos. En menor medida, estas demandas se extienden también al resto de especialidades.
Por tanto, se vislumbra claramente en este estudio que la falta de docentes explicitada por los centros de Educación Infantil y Primaria, cuestión extensible al resto de etapas, dificulta en primera instancia el desarrollo de medidas de atención a la diversidad para el alumnado que lo requiere y que, habitualmente, es precisamente el alumnado inmerso en situaciones contextos sociales desfavorecidos. En definitiva, esta situación perjudica al alumnado más “vulnerable”, atentando directamente contra uno de los valores fundamentales de nuestro Sistema Educativo (todos los informes internacionales así lo recalcan) como es el de la equidad y la igualdad de oportunidades que ofrece pese a las diferencias sociales de partida.
Como cabría esperar, muchos centros educativos relacionan la carencia de docentes con los evidentes recortes presupuestarios que el Sistema Público educativo viene sufriendo desde hace años. Igualmente, y relacionado con lo anterior, en términos generales, se demanda una reducción de ratios, una disminución de las tareas burocráticas y un mayor porcentaje de horario sin atención directa al alumnado a fin de poder desarrollar tareas de preparación de clases, coordinación docente y desarrollo de proyectos.
Desde el STEC-IC agradecemos a los centros participantes su colaboración en el desarrollo de este estudio, al tiempo que manifestamos nuestra coincidencia con las demandas planteadas por los mismos.
Resulta difícil obtener otras conclusiones cuando la inversión presupuestaria en materia educativa en nuestro archipiélago roza límites vergonzosos. Téngase en cuenta que el incremento aprobado “a bombo y platillo” (42 millones de euros) para el presente ejercicio 2017 es a todas luces insuficiente, por no decir que supone una verdadera estafa para el Sistema Público Educativo. Si consideramos que solo el incremento estructural anual del coste en plantillas docentes (sin aumento de su número sino, esencialmente por el aumento de la antigüedad de la plantilla) se cifra en unos 15 millones de euros aproximadamente, el incremento presupuestario real se reduce hasta los 27 millones de euros (de los cuales solo 5 millones se dedican a la partida de contratación de personal. Para hacernos una idea de lo que ello significa, con esta inversión solo se podrían contratar, hipotéticamente, unos 110 docentes más en el archipiélago.
Considerando que en Canarias, para alcanzar la media estatal en número de docentes respecto al alumnado existente, haría falta incrementar la plantilla en unos 2000 docentes, nos podemos hacer una idea del escaso avance que este incremento presupuestario supone. Abundando en la cuestión, señalar que la Ley Canaria de Educación aprobada en 2014, establece que el presupuesto educativo deberá incrementarse progresivamente todos los años para poder alcanzar en 2022 el objetivo de inversión del 5% del PIB establecido en dicha Ley. A fin de aproximarnos a dicho anhelo, el presupuesto en Educación para 2017 tendría que haberse incrementado en unos 372 millones de euros. El incumplimiento flagrante de la Ley Canaria de Educación –aprobada en el Parlamento de Canarias con los votos, entre otros, del partido que hoy sustenta el Gobierno autonómico- es una clara muestra de la importancia real que nuestros mandatarios otorgan al progreso educativo de la sociedad canaria. Más grave aún, considerando que la previsión de incremento del PIB para 2017 se sitúa en el 3,5%, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que con los actuales presupuestos educativos, se retrocede respecto al objetivo mencionado del 5% del PIB a alcanzar en 2022.
Por todo ello, desde el STEC-IC consideramos que las justas demandas de los centros educativos de Canarias en cuanto a plantillas docentes se refiere, requieren no solo la renegociación inmediata del Catálogo de Plantillas de 2002 sino, además, el incremento significativo de la inversión en materia educativa, cuestiones que –una vez más- exigimos con urgencia al Gobierno de Canarias y a su Consejería de Educación.
