El Gobierno de Canarias asegura estar absolutamente convencido de que el Gobierno de España dará el visto bueno a la regasificadora de Granadilla a pesar del informe en contra.

Por Antonio Morales Méndez, Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

La semana pasada escribí un artículo en este medio (Un gas inviable) en el que analizaba el submundo del gas en España al hilo de un informe de la CNMC rechazando la construcción de una regasificadora en Granadilla (Tenerife). Describía en el texto el enorme poder de las gasistas y su influencia sobre la política para hacer valer sus criterios-imposiciones -derivados de unas inversiones multimillonarias en infraestructuras de gas en desuso- para imponer este combustible fósil frente a las renovables.

El informe de la CNMC cuestionaba radicalmente el proyecto, pero los gobiernos de España y Canarias acudieron con agilidad a trasladar  a la población que el informe de la CNMC no era vinculante y que la decisión de construir una regasificadora en Tenerife seguiría adelante. Más de  lo mismo.

El Gobierno de España, que nos dice una y otra vez que está a favor de las renovables, sigue con su política real –frente a la palabrería huera- de frenar la implantación de las energías limpias para dar satisfacción a las patronales del petróleo y el gas. Las últimas decisiones del Ministerio de Energía no hacen más que confirmarlo: hace unos semanas Álvaro Nadal comunicó a los grandes bancos de inversión que se proponía alargar la vida de las centrales nucleares españolas en diez años y apoyar el carbón como “tecnología capital” del sistema eléctrico español al tratarse de uno de los pocos recursos endógenos del país (como si el viento y el sol no lo fueran).

Paralelamente se nos informaba que Energía ponía toda la carne en el asador para impulsar el uso de las regasificadoras construidas en los últimos años y que permanecen en su mayor parte cerradas o a muy bajo rendimiento por su incapacidad para competir con las renovables, después de que las eléctricas invirtieran más de 25.000 millones de euros en ellas creando una auténtica burbuja.

Obviamente esta política no se puede hacer sino a costa de seguir poniendo trabas a la penetración de las renovables en España y para eso, además de la eliminación de las primas a las instalaciones eólicas y fotovoltaicas con carácter retroactivo y a las de nueva implantación, el Gobierno español se ha sacado de la chistera hace unos días una nueva medida encaminada a que la rentabilidad razonable de las instalaciones del sector renovable baje al 4% desde enero de 2020, lo que obligará a las plantas ya ejecutadas a la refinanciación de sus proyectos, asumiendo mayores costes financieros.  Blanco y en botella: el gas tiene que entrar sí o sí y las nucleares y el carbón tienen que seguir y para eso hay que frenar a las renovables. Aunque hace unos días hayamos vuelto a sufrir un pico altísimo en el precio de la electricidad debido precisamente al descenso de la producción de renovables en ese periodo.

Por eso el Gobierno de Canarias, que insiste también en afirmar que está a favor de las renovables (a pesar de que en 2015 el 8,3 % de la demanda energética de las islas se generó con renovables mientras que en la Península fue cuatro veces y media más, el 37,4 %) y del gas como elemento de transición (una contradicción como una catedral) asegura estar absolutamente convencido de que el Gobierno de España dará el visto bueno a la regasificadora de Granadilla a pesar del informe en contra de la CNMC.  Y saca a la luz un informe de la ULL que dice que el uso del gas supondría una reducción anual de 640.000 toneladas de  emisiones de CO2 a la atmósfera y un ahorro de entre 65 y 100 millones de euros anuales (en la actualidad más de la mitad de lo que se decía que se ahorraba en el 2013, y seguirá bajando y bajando porque la energía producida por el viento y el sol es cada día más barata -aunque estemos en Canarias en apenas un 8 %- y porque los precios del gas y el petróleo están cada vez más igualados).

Unos y otros no hacen sino trasladarnos medias verdades. Dicen estar por las renovables, pero no cejan en poner en marcha la implantación de las distintas energías fósiles (fuel, gas, carbón…). España invierte cada año más de 42.000 euros en comprar combustibles fósiles a países conflictivos en su mayor parte (Argelia (55 %), Noruega (12 %), Qatar (9 %), Nigeria (8 %), Trinidad y Tobago (6 %)… y desequilibra la balanza comercial cuando hay disponibilidad de viento y sol para generar energía limpia e inagotable, además de más barata. Está claro que la apuesta por frenar el calentamiento global pasa porque los gobiernos se independicen de los poderosos lobbies que controlan la energía.

Y luego está la otra cantinela respecto al gas, la del ahorro de emisiones de CO2 a la vez que encubren el resto de componentes que lo hacen sumamente peligroso. Desde hace mucho tiempo vengo insistiendo en los riesgos de la utilización del gas para la salud de los ciudadanos y para el medio ambiente. En distintas ocasiones he trasladado en diferentes textos la opinión de expertos mundiales sobre la alta contaminación de un gas natural que si bien es cierto que produce menos dióxido de carbono no lo es menos que libera importantísimas cantidades de metano, el mayor causante del calentamiento global, desde el momento mismo de su extracción y transporte, aunque no en su combustión.

Entre otras tesis, he reproducido hasta la saciedad las investigaciones de Lovelock que concluyen que el gas natural es más potente veinticuatro veces como gas de efecto invernadero que el CO2, y he compartido un estudio de la universidad de Puebla en México que resalta que “si tomamos en cuenta que el uso del gas eleva las concentraciones de NOx en la atmósfera hasta en un 63 %, siendo éste precursor del ozono y que el gas natural no es  un combustible limpio ya que su uso incrementa, entre otros, las concentraciones de gases de efecto invernadero, entonces podremos concluir que el uso del gas como alternativa para disminuir la contaminación atmosférica, no es del todo viable”. La comunidad científica coincide en que el metano es un gas con un potencial de calentamiento muy superior al CO2 y en que para un periodo integrado de 20 años el metano es 86 veces más potente que el CO2.  Y también una investigación (Enfermedades asociadas a la polución atmosférica por combustibles fósiles. Aspectos pediátricos) realizada por expertos en oncología pediátrica, anatomía patológica, neumología, pediatría, biología y química de la universidad de Valencia y de los hospitales de Sagunt e Infantil Universitario La Fe y EAP de Algemesí, todos de la Comunidad valenciana, donde dejan expresamente claro que “las enfermedades asociadas a los contaminantes medioambientales generados por los combustibles fósiles abarcan un amplio abanico de patologías que oscilan desde banales (conjuntivitis, sinusitis, faringitis, cefaleas, etc) hasta graves y potencialmente mortales (bronquitis asmática severa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, renal o hepática e incremento del riesgo de cáncer)”.

Según este estudio, los principales contaminantes químicos generados por la combustión de gas natural son en forma de gases y partículas (SO2, CO2, NOx y CO); inorgánicos (arsénico, cadmio, cromo, cobalto, plomo, manganeso, mercurio, níquel y fósforo) y orgánicos (benceno, formaldehído, naftaleno, tolueno, metilnaftaleno, fluoranteno, fluoreno, senantreno y pireno). Como podrán comprobar, cada uno de ellos es digno de figurar en un altar en homenaje a la salud, pero de eso no se nos dice nada. Por tanto no les debe extrañar que estos expertos concluyan su trabajo de la siguiente manera: “Para la prevención, los profesionales sanitarios en general y los pediatras en particular, deben conocer y exigir que el desarrollo industrial y tecnológico debe ser compatible con la mejora de la calidad de vida y respetuoso con el medio ambiente. Es el desarrollo sostenible. Ello se puede conseguir con el fomento y desarrollo de las energías alternativas, renovables, ecológicas o menos contaminantes como la eólica y la solar”.

En definitiva. Seguimos a la cola en renovables en Canarias y el gas no puede ser un elemento de transición porque, como está sucediendo en España, si penetraran las renovables no se amortizarían las plantas en las que van a invertir una millonada; la contaminación con las regasificadoras sigue siendo muy alta y peligrosa; el precio del fuel y el gas se equipara cada vez más; no existe un estudio de viabilidad económica; no se dispone de un compromiso de compra del gas que se producirá en la regasificadora (Enel ha anunciado, además que va a cerrar todas sus plantas termoeléctricas para 2035)… pero todos están seguros de que el Ministerio autorizará la planta de gas en Tenerife. Y puede ser que sea así, aunque el regulador y el sentido común opinen lo contrario.