Desde que en 1948 inicié los estudios de la Carrera de Derecho y adquirí uso de razón jurídica, vengo escuchando las quejas, a las que inevitablemente he tenido que unir las mías propias, consecuentes a la salvo excepciones, podríamos decir endémica morosidad del quehacer procedimental de nuestra Administración de Justicia, de siempre achacada a la falta de medios. Tan habitual ha llegado hacerse este grave defecto en la función judicial, que es la propia Constitución Española vigente la que admoniza en su artículo 24 sobre “las dilaciones indebidas” en la tramitación procesal. Y cae ya en lo esperpéntico que el Código Penal, lejos de sancionarla, la haya estatuído en la atenuante sexta de su artículo 21.

Nunca he compartido del todo que sea la falta de medios la causa eficiente o única del retraso judicial, pues he conocido y he actuado en unidades judiciales morosas aledañas a otras eficientes y puntuales, y todas con los mismos medios.

Sin remontarnos a los tiempos tan lejanos en que se creó la Justicia de Paz con el fin de separar la función judicial de la administrativa que conjuntamente ejercían los Alcaldes, lo cierto es que los Poderes Públicos competentes en la materia no han cejado en aportar remedios legales, materiales y personales con el loable propósito de corregir, y aún acabar, la demora procesal. No es preciso hacer listado de las leyes de procedimiento que se han promulgado desde el siglo pasado con el propósito de urgir y abreviar los procedimientos. Ni relación de las muchas oficinas judiciales que nueva planta que se han creado. Tampoco dejamos de valorar positivamente el sucesivo incremento de la plantilla de funcionarios adscritos al servicio de cada unidad, como de los medios materiales, incluso informáticos, con que se les ha dotado. Ni podemos negar las ventajas que todos ellos han proporcionado a los funcionarios en la prestación de su labor. Pero sí ha de destacarse que, no obstante, la demora en resolver los procesos, paradójicamente, continuaba pertinaz, lo que hacía que el gobernante de turno, ante el fracaso del último remedio puesto en práctica para resolver la tardanza, sin arredrarse por ello, reunía a su particular sinedrio de sabios y le encargaba que, estrujándose las meninges, le alumbrara un nuevo procedimiento de acabar con la modorra procesal.

Y así, con campanillas de aleluyas, rompió el silencio de los desesperanzados y atónitos españoles, a finales del último Milenio, una nueva Ley redentora, la 1/2000, que venía a renovar el ENJUICIAMIENTO CIVIL, como ella misma voceaba sin rebozo de modestia, para “SATISFACER LA NECESIDAD SOCIAL DE UNA JUSTICIA NUEVA“,… “MAS PRONTA, MUCHO MAS CERCANA EN EL TIEMPO“,… “QUE TRAE, POR TANTO UN CONJUNTO DE INSTRUMENTOS ENCAMINADOS A LOGRAR UN ACORTAMIENTO DEL TIEMPO“,… “QUE SE DEMORE SOLO EN LO JUSTO, EN LO NECESARIO PARA LA INSOSLAYABLE CONFRONTACIÓN PROCESAL“,… “QUE LA SOCIEDAD Y LOS PROFESIONALES DEL DERECHO RECLAMAN,…”.

¡Y TANTO QUE LO VENIAMOS RECLAMANDO! Pero lo triste del caso es que, después de diecisiete años de haber entrado en vigor la pretenciosa Ley de Enjuiciar, no obstante la algarabía y autobombo con que se nos presentó, seguimos esperando el advenimiento de esa LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, esa Ley mesiánica que resuelva los problemas que padece y que haga efectiva sin demora LA CONSTANTE Y PERPETUA VOLUNTAD DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO, QUE HA INSTAURADO LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978, DE DAR A CADA CUAL LO QUE LE CORRESPONDE, y que la citada Ley de enjuiciar las cuestiones suscitadas en la ciudadanía sobre materia civil, 1/2000, se jactaba en su preámbulo de venir a resolver, cuando no era más que un remedo disimulado de su homónima de 1981, revestida de crespones de pintados colorines al uso en la moderna informática.

Cierto que nadie puede acusar a nuestro gremio abogadil, como tampoco al de la procura, de haber contribuido a generar el amodorramiento judicial, pues a ambos, en todo momento y trámite se les ha exigido la observancia estricta y rigurosa de los términos y los plazos que las leyes establecen preclusivamente. Lo que significa que sus orígenes, casualidades y su perseverancia hay que buscarlas en otros lares, especialmente de puertas adentro de su propia Casa.

Sin embargo, bueno sería para contribuir al remedio de este mal, que a todos nos afecta y a todos interesa su superación, que, a pesar de nuestra probada ajenidad a su etiología y perduración, nos implicáramos bajo el patrocinio de nuestros Colegios Profesionales, coordinados por la dirección de los respectivos Consejos Nacionales, en la investigación de la efectiva causa de la perniciosa demora procesal, designando las comisiones de expertos necesarias, las que además determinen las medidas que las Instituciones competentes del Estado deban adoptar para que la Administración de Justicia funcione al ritmo temporal que las leyes imponen.

Y por si alguien considerara que nuestra propuesta de cooperación constituye una inmiscusión en los asuntos internos de la Administración General del Estado, de siempre muy susceptible en estos aspectos, me anticipo a rechazar este remilgo recordándole que las cuestiones que afectan a los Poderes del Estado conciernen y hacen mella, especial y principalmente, en el pueblo soberano del que aquéllos emanan, según estatuye la Constitución que nos rige.

Y, teniendo en cuenta que somos, por naturaleza, por Ley y por Historia, los adalides llamados a patrocinar la defensa de la ciudadanía, a nadie debería extrañar que reivindiquemos el honor de ponernos a la cabeza del movimiento restaurador de la JUSTICIA OPORTUNA. Porque todos sabemos que una JUSTICIA TARDIA, por muy justa que sea, NI JUSTA ES.

Cuando las personas se encuentran con alguien, que manifiesta tener ataques de pánico, muchas no logran entender de qué están hablando. De hecho, quien lo soporta tampoco entiende bien por qué le sucede, solo sabe que no es agradable y que no encuentra manera de solucionarlo.

En la actualidad es uno de los problemas más complicados de solucionar, y el hecho de que se haya vuelto uno de los que tienen mayor índice de padecimiento, no ha ayudado en nada para encontrar mejores caminos para la curación.

Básicamente el ataque de pánico es lo que antes denominaban fobia. Lo que sucede es que los tiempos actuales la han ido modificando convirtiendola en una fobia social, pues la resultante de la sintomatología que le sobreviene al sujeto es el retraimiento social. Busca alejarse de aquellos lugares que le desencadenan los síntomas, y de a poco va achicando su círculo social (gente y lugares), hasta que solo puede estar en su casa, siendo este el único lugar que le brinda seguridad.

Cuando tenemos que enfrentar casos tradicionales donde encontramos, luego de algún tiempo de sesiones, que existe un evento traumático que actuó como hecho inicial, de la neurosis actual de nuestro consultante, ya estamos orientados respecto hacia dónde enfocar nuestro trabajo. Pero cuando tratamos con un ataque de pánico, no existe un evento traumático como desencadenante. Eso hace que nuestra labor sea más ardua, pues debemos hacer uso de otras herramientas. En general la terapia cognitiva conductual es muy útil para estos casos.

El sujeto que lo padece, debe necesariamente aceptar estar  dispuesto a hacernos caso punto por punto lo que le indiquemos.

Aquí de lo que se trata es que la terapia va a constar de 2 espacios, tan importantes uno como otro.

El primero es el de la sesión propiamente dicha, que a su vez se dividirá en dos momentos. El primero es la parte reflexiva, que es donde se tratan las cuestiones de los pensamientos (cogniciones) del consultante y los aspectos teóricos-experienciales que debemos aportar los profesionales. El segundo momento será explicarle aquellos ejercicios que deberá poner en práctica durante la semana que separa una sesion de otra.

El segundo espacio, del que hablé al principio del parágrafo, se trata justamente de la puesta en práctica, por parte del sujeto de todas las indicaciones dadas y explicadas durante la sesión.

Por qué es tan importante que lleve adelante estos ejercicios? La premisa sobre la cual hago base, cuando trato con esta clase de problemas, es que la persona, así como tiene la capacidad de generar el ataque de pánico, él también tiene la llave para solucionarlo.

Esta afirmación es la base para que él comprenda que su conducta y sus pensamientos son los que generan, a través de un círculo vicioso, toda su sintomatología previa al ataque.

De cualquier manera, el trabajo en sesión es una constante lucha, del terapeuta por un lado y el del consultante por el otro. El psicólogo debe luchar para encontrar en esa maraña de síntomas, conductas y pensamientos, cuáles son los que actúan a favor de sostener el padecimiento del sujeto. También debe luchar para lograr sacar al padeciente de ese aislamiento que se autoimpone, y de esas conductas protectivas que a incorporado, como medio defensivo contra los embates de su patología. Recuerdo uno de mis casos en el que mi consultante no podía acercarse a su escuela. Tuvo que terminar el año tomando las clases en su casa.

Fue un año de arduo trabajo para lograr que de a poco pueda salir del aislamiento. Era tan grave su situación que, como toda fobia, había empezado a desplazarse, aquello que disparaba la sintomatología previa, hacia otras situaciones diferentes de la escuela. Por ejemplo, no podía estar en ambientes demasiado cerrados, aunque estuviera acompañado. Eso fue el segundo escalón después de comenzar su padecimiento dentro de la escuela. Es una escalera descendente hacia el aislamiento, si no se detiene antes. La otra lucha es del consultante con sí mismo, pues debe superar el miedo que le genera la posibilidad del surgimiento del ataque, pero para eso debe comenzar por confiar en el terapeuta y entregarse al cambio de conductas, abandonando los parapetos defensivos que ha incorporado, como parte de su rutina diaria. En el siguiente artículo seguiremos.