La respuesta oficial autorizando esos cambios no llegó hasta el 8 de mayo, cuando la Abogacía del Estado remitió un informe jurídico que validaba la petición de la Comunidad Autónoma. “Gracias a que nos adelantamos y firmamos los protocolos con los ayuntamientos, confiando en que ese cambio se produciría, estos pudieron llegar a un grado tan alto de ejecución”, señaló hoy la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido.

Sin embargo, a pesar de la tardanza en recibir el dinero para pobreza correspondiente para 2017 -apenas un par de días antes de que acabara el año- y las dificultades para negociar un acuerdo que aceptaran los ayuntamientos, Madrid no ha ingresado la partida consignada para 2018 a través de una enmienda de Nueva Canarias, y que preveía una partida de 30 millones para paliar la pobreza en las islas.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda lleva meses requiriendo el ingreso de este montante -primero al Gobierno del PP y ahora al del PSOE- sin éxito. El Estado, en vez de abonar su deuda, exige a la Comunidad Autónoma el pago de alrededor de 71.000 euros en concepto de intereses porque los ayuntamientos y las ONG no ejecutaron en tiempo récord la totalidad del dinero destinado en 2017 y condiciona el ingreso de los 30 millones a este pago.

Los intereses que reclama el Estado tienen su origen a finales de 2017. El Estado hizo la transferencia de 11 millones de euros para pobreza el 29 de diciembre, apenas dos días antes de que terminara el año. La llegada de los fondos en esa fecha y las condiciones impuestas por Madrid hicieron que la negociación del protocolo para derivar los fondos se dilatara. Los consistorios se oponían tajantemente a las exigencias de Madrid y el Gobierno canario negoció ampliar al 30 de septiembre el plazo de ejecución. Esa negociación no fue sencilla. El 1 de mayo de este año el Estado aún no había respondido si autorizaba esa petición, para lo que emitió más tarde un informe de la Abogacía del Estado. El Ejecutivo canario, no obstante, decidió adelantarse y firmar los protocolos en abril confiando en la buena fe del Estado. Así y todo, muchos ayuntamientos renunciaron a estos créditos. Otros que sí aceptaron no pudieron cumplir y finalmente se quedaron sin ejecutar 1,4 millones. El Estado exige ahora no solo devolver ese dinero, sino el abono del 3,75% del dinero no gastado en concepto de intereses, es decir, de unos 71.000 euros.

Esta nueva “excusa” del Estado ha causado un gran malestar en el seno del Ejecutivo regional, que destaca que lleva meses intentando que esta partida se ingrese con el tiempo y las condiciones oportunas para que se pueda ejecutar. Ha solicitado expresamente que los plazos de presentación de justificaciones y ejecución de los fondos tengan carácter plurianual. Se considera importante ampliar en todo lo posible los plazos y buscar el instrumento adecuado para canalizar esta financiación, ya que no todos los municipios funcionan de igual modo y el promedio de programación, aceptación o implementación de este tipo de ayudas en los grandes municipios suele tardar entre 6 y 8 meses para que se inicie la ejecución del proyecto.

El Gobierno regional recuerda que con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas. Su entrada en vigor aún está suponiendo un bloqueo institucional y una larga tramitación para los ayuntamientos, cuestión que debe ponerse en valor a la hora de contratar servicios. “Esto es importante tenerlo en cuenta en las resoluciones a emitir en estos fondos para su ejecución y justificación”, recalca la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

La Comunidad Autónoma transfiere los fondos a los ayuntamientos y a ONG, que son las corporaciones más cercanas al ciudadano. Debe hacer ese trámite obligatoriamente porque el Estado se ha negado a hacer la adjudicación de fondos directamente a los consistorios. En vez de hacer una aportación dineraria -lo que hace la Consejería para repartir el dinero entre entidades y consistorios- opta por otorgar una subvención directa a la Comunidad Autónoma. De esta forma, la norma vigente es la Ley de Subvenciones, que establece el cobro de intereses en casos de demora del 3,75% y obliga al Gobierno canario a hacer de intermediario entre unas administraciones y otras.

“El Estado acumula retrasos reiteradamente en el ingreso de esas partidas. Estas situaciones, en un contexto en el que la inestabilidad política a nivel nacional dificulta enormemente la aprobación de los presupuestos, están lejos de desaparecer, y las grandes damnificadas somos las comunidades autónomas y, por ende, los ciudadanos. Nos parece inadmisible que el Estado quiera hacer caja con un tema tan sensible como es la pobreza. Devolvemos, por supuesto, el dinero que no dio tiempo a los ayuntamientos de ejecutar por la mala gestión del Estado, pero ¿pagar intereses por ello? ¿Y quién nos indemniza a nosotros cuando nos llegan los fondos con tantos meses de retraso?”, lamentó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido.