El objetivo de esta herramienta es dar una respuesta coordinada y completa a quienes solicitan un servicio o ayuda de la administración.
El Servicio Canario de Empleo (SCE) ha publicado la licitación del contrato para el desarrollo de la historia social única – cuya nomenclatura técnica es “modelo operativo canario de servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo”- por un importe de dos millones y medio de euros. Esta herramienta persigue un objetivo ambicioso: crear un entorno de trabajo interadministrativo en el que puedan participar las entidades del tercer sector y que permita unificar el historial sociolaboral de cada persona e implementar el catálogo de servicios ligados a los ámbitos social y de empleo.
Como advierte la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, “el empleo es la primera política social que existe, pero a veces el empleo va por un lado y los servicios sociales por otro, lo que dificulta actuar de manera integral”. Hoy, “desligar el trabajo y la realidad social de un individuo y su hogar no tiene sentido: debemos trabajar de manera coordinada para ajustar políticas y atender mejor las necesidades de los ciudadanos”. Asimismo, Valido recuerda que, “además de ser un mandato europeo, la integración de estos servicios ya se contempla en la Ley de Servicios Sociales, recientemente aprobada por el Parlamento de Canarias, que establece que la atención ciudadana funcionará de forma integrada y coordinada en red”.
El reto es implementar un instrumento que pueda incorporar a la totalidad de las administraciones públicas canarias, al tercer sector y al conjunto de servicios públicos en los ámbitos social y de empleo, con incidencia en la calidad de vida de las personas, pero cuya esencia parte de las unidades de convivencia.
En este sentido, el director del SCE, Sergio Alonso, detalla que el modelo que se desarrollará contendrá, además de la información individual de cada solicitante, la de su unidad de convivencia, y se integrarán datos como la renta o el domicilio familiar. “La historia social única -explica- nos permitirá que con un único modelo se puedan compartir los datos del perfil de una persona demandante de empleo, o de asistencia social, y obtener una visión de conjunto que permita elaborar un itinerario de inserción, tanto laboral como social, mucho más exitoso”.
Se trata de un planteamiento inicial que en este caso crea un modelo que aúna los servicios sociales y de empleo, pero la idea es ampliarlo a otras administraciones y conseguir una estructura operativa común para las distintas unidades del Gobierno de Canarias, y de otras administraciones públicas y privadas, que ofertan y gestionan una amplia modalidad de servicios y ayudas.
Gracias a esta nueva fórmula, además de ganar en coordinación los diferentes departamentos, se facilitarán las gestiones que debe realizar el ciudadano, que no tendrá que ir de una administración o entidad a otra cada vez que necesite solicitar una ayuda o inscribirse en un programa, y permitirá hacer un seguimiento global de la asistencia.
Mejorará la gestión de la futura Renta Canaria de Inclusión
El historial social y laboral unificado facilitará también la gestión de la futura Renta Canaria de Inclusión, así como la implementación del registro único de entidades y servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo.
Este modelo reducirá también los costes a medio y largo plazo de los sistemas de servicios y también permitirá la adopción de acciones correctoras que garanticen la adecuada evolución del modelo.
La nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias introduce este nuevo concepto de colaboración interadministrativa al detallar en su exposición de motivos, apartado III, que “el sistema de servicios sociales funcionará de forma integrada y coordinado en red, de acuerdo con el marco normativo que establece la ley y las disposiciones que la desarrollen. Para ello, el sistema público de servicios sociales de Canarias se coordinará con todos los demás sistemas que inciden en la calidad de vida, como son los de salud pública, igualdad de género, prevención y protección de las mujeres contra la violencia de género, educativa, de ocupación y empleo, de vivienda, judiciales y otros”. Define, además, el sistema público de servicios sociales de Canarias como la integración de los servicios sociales de titularidad pública, y los de titularidad privada acreditados y contratados por las administraciones públicas, esto es, un sistema para el que demanda coordinación y, por tanto, un modelo de interoperabilidad.
