El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha formalizado sus alegaciones al borrador del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias y ha abordado con el Gobierno autonómico otros asuntos clave para el transporte insular, como la regulación de las VTC y la financiación para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
El encuentro tuvo lugar el pasado lunes y reunió al alcalde, José Manuel Bermúdez, la concejal de Movilidad, Evelyn Alonso, y la directora general del área, Ofelia Manjón, con la directora general de Transportes del Gobierno canario, María Fernández.
Colaboración interadministrativa y VTC
El alcalde Bermúdez destacó la receptividad del Gobierno regional ante las propuestas municipales: “la directora general del Gobierno de Canarias se mostró muy atenta a las alegaciones al borrador de Anteproyecto que hemos aprobado en la Junta de Gobierno”.
Por ello, una de las consideraciones preliminares a subrayar es “toma en consideración de las alegaciones que el Ayuntamiento hace y, sobre todo, la colaboración interadministrativa, que permitirá que la nueva ley que está en los primeros pasos de consulta con las administraciones disponga de un amplio consenso para que sea factible su aplicación a las especificidades de las Islas y los municipios”, añadió el regidor.
La reunión también sirvió para tratar la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que clarifica la situación de las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).
El alcalde señaló que con la nueva ley “se aclara que las competencias son insulares y que en cualquier caso para ser sometida a autorización debe haber un nuevo informe, a nivel insular primero, en lo que se posibilitan esas nuevas autorizaciones basadas en conceptos de medio ambiente, de tráfico, de congestión de las vías, etcétera”.
Sobre este punto, la directora general de Transportes, María Fernández, matizó que “normalmente, las VTC operan a nivel de las Islas, aunque desde los municipios si fuera solamente municipal, también tendríamos que solicitar al Ayuntamiento ese análisis de congestión de circulación, de calidad del aire, de emisiones, etcétera”, y confirmó la moratoria de dos años: “en cualquier caso, la ley da dos años para esa regulación, para que estas se evalúen esos condicionantes y se puedan poner sobre la mesa; es decir, que durante dos años las licencias van a estar suspendidas”.
Simplificación de planes de movilidad y la red transeuropea
La concejal Evelyn Alonso centró parte de sus alegaciones en la necesidad de agilizar los procedimientos para la aprobación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
Alonso argumentó que “es necesaria la simplificación de los trámites en lo relativo a las aprobaciones de los planes de movilidad urbanas sostenibles, porque son instrumentos de estrategia de movilidad que aprueban los gobiernos locales”. Subrayó la importancia de la celeridad para acceder a financiación externa: “A partir de ahí tiene que haber un desarrollo, etcétera, pero que sobre todo es una parte también importante de complementar los requisitos que piden otras administraciones, sobre todo la Unión Europea, a la hora de poder ser receptores de fondos económicos”.
Por ello, insistió en que “es necesario que se agilice y que sea lo más sencillo posible, lo que es la redacción y aprobación del Plan de Municipal Urbano Sostenible”.
Alonso también destacó el papel de Santa Cruz en el contexto europeo: “además de tener en cuenta que Santa Cruz está incluida en la Red Transeuropea del Transporte, que es una red principal con carácter europeo, donde está considerada un nodo urbano dentro de la red en su eje Atlántico, por lo que el Ayuntamiento tiene obligaciones con corredores europeos, por lo que debe contemplarse, además, en la nueva ley la cooperación necesaria con todas esas infraestructuras”.
En consonancia con esto, el alcalde Bermúdez insistió en la necesidad de apoyo supramunicipal para grandes nodos de transporte: “estamos obligados por Europa a disponer de centros de movilidad de ámbito supramunicipal, véase el caso de nuestro Puerto, el Intercambiador de Transporte, etcétera” y agregó que “precisamente por ello, debe existir un apoyo por parte de los Cabildos, del Gobierno de Canarias, etcétera, para la integración en ese nivel de movilidad de esos centros con respecto a las situaciones municipales, al ámbito municipal”.
Tarifa única y financiación de cargadores eléctricos
La directora general de Transportes informó de una de las novedades de la Ley de Transporte por Carretera modificada: el impulso de una tarifa única autonómica.
Fernández apuntó que “la Comunidad de Canarias va a impulsar una tarifa única, autonómica, de manera que se pueda tener una tarifa regulada para todo el ámbito de la comunidad autónoma y que un usuario tenga tarifas regladas similares para todas las Islas y todos los trayectos”.
Finalmente, el alcalde Bermúdez concluyó la reunión solicitando apoyo económico para un proyecto de infraestructura esencial para el transporte público de la ciudad: “se trató la solicitud que le hemos dicho al Gobierno de Canarias sobre ayuda para financiera, sobre todo, para ejecutar la actuación que queremos hacer en la parcela de frente del Intercambiador de Santa Cruz”. Este proyecto, que asciende a unos 5 millones de euros, busca “poner cargadores para las nuevas guagua eléctrica que tenemos y las que nos van a venir, por lo que debemos hacer una parcela del uso para transporte urbano”, indicó Bermúdez. La directora general autonómica —ha dicho el alcalde—, “se comprometió a analizar y estudiar” la solicitud, “porque tenemos que traer la acometida desde bastante lejos”.
