Tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por parte del grupo insular de Podemos por la venta de los casinos, el Cabildo de Tenerife quiere manifestar lo siguiente:
– La tasación de los casinos se realiza de conformidad con la ley por la empresa BDO, una de las cinco sociedades de auditoría más importantes del país, y a través de un procedimiento de contratación que contó con todos los informes favorables de los órganos de control de la Corporación insular.
– Posteriormente se incorpora al expediente el informe técnico, realizado por un funcionario público, que recoge los parámetros en los que se fundamenta la tasación y que fija el precio del contrato, tal y como establecen tanto la ley como el reglamento de patrimonio de las administraciones públicas.
– El expediente cuenta con los informes preceptivos y de control exigidos, entre ellos el informe favorable de la Intervención.
– El sindicato UGT ya presentó en similares términos un recurso contencioso administrativo que fue desestimado y una querella ante la Fiscalía en el anterior proceso de desinversión, denuncia que fue archivada. Además, el sindicato fue condenado a pagar las costas del proceso.
– Las acusaciones de Podemos responden a una maniobra electoralista que coincide con la finalización del plazo de presentación de ofertas y con el inicio de la campaña electoral, con la única intención de paralizar el proceso de desinversión de los casinos aprobado en su día por todos los grupos políticos representados en el Pleno del Cabildo, con la excepción de Podemos.
– Las condiciones de venta de las tres sociedades exigen al adjudicatario – además de pagar el precio establecido (25 millones de euros)-, realizar adicionalmente un proyecto turístico con una inversión mínima de 4,6 millones de euros. Asimismo, debe garantizar el mantenimiento de la plantilla durante al menos dos años y respetar todas sus condiciones laborales.
– Los recursos que se obtengan de la venta de las tres salas de juego, enmarcada dentro del proceso de desinversión y reestructuración del sector público empresarial vinculado a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se destinarán a financiar infraestructuras sociosanitarias de la Corporación insular.
