El Partido Popular (PP) ha desmentido rotundamente las manifestaciones del PSOE de Tenerife en relación a la empresa pública CULTESA, lamentando que la oposición “haya asumido la peor versión del sanchismo, recurriendo al bulo y la desinformación para desviar la atención”.

La respuesta del PP se centra en justificar el nombramiento de Jacobo Pérez Fariña como consejero delegado de la entidad, un cargo cuestionado el pasado lunes por el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife. En esa línea, los populares detallaron este martes [7] que “el Consejo de Administración de CULTESA, en sesión celebrada el pasado 5 de septiembre de 2025, y tras tomar conocimiento de la inminente jubilación de la entonces gerente de la entidad, con efectos a partir del pasado 8 de septiembre, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, acordó designar, de entre sus miembros, a un consejero delegado para que asumiera las funciones de la gerencia, hasta tanto se nombrara un nuevo gerente”.

Respecto a la persona elegida, los populares explicaron que “se designó para el desempeño de tal cargo, y con el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo, a D. Jacobo Pérez Fariña, el cual ya formaba parte de dicho consejo de administración desde que fue nombrado por la Junta General de la entidad el pasado 4 de julio, tras ser designado por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 21 de mayo de 2025, para representar al Cabildo de Tenerife en el Consejo de Administración de dicha entidad”. Como consecuencia de dicho nombramiento, el Consejo de Administración, en esa misma sesión, otorgó una serie de poderes al Sr. López Fariña para el desempeño de sus funciones como consejero delegado. Además, “aprobó, con la misma mayoría reforzada y con la abstención del Sr. López Fariña, un contrato de alta dirección para el desempeño de las funciones propias de su cargo”.

El PP asegura que “el Sr. López Fariña ha declarado no encontrarse incurso en causa de prohibición a que hace referencia el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley se Sociedades de Capital, así como en alguna causa de incapacidad o incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”.

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La defensa de la legalidad

Ante lo que la formación popular considera “falacias vertidas desde el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife” dada la situación actual, el PP aclaró que “en el caso de la sociedad mercantil en cuestión, tanto el nombramiento del Consejero Delegado, como el correspondiente contrato de alta dirección, fueron aprobados con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cumpliéndose, entre otras cuestiones, la mayoría reforzada de las dos terceras partes de los componentes del Consejo de Administración celebrado el pasado 5 de septiembre”.

Añadieron que “de la misma forma, dicho contrato fue informado favorablemente, y con carácter previo a su aprobación, por el Servicio Administrativo con competencias en régimen jurídico de personal y sector público, conforme establece la base 88, apartado 4º, de las de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2025. Dicho contrato ya ha sido elevado a escritura pública ante notario y está pendiente de su inscripción en el registro mercantil. Se ha aprobado, por tanto, un contrato mercantil, absolutamente regular y conforme al ordenamiento jurídico”.

El PP subrayó que “por todo ello, el nombramiento del Consejero Delegado de CULTESA no requiere de proceso selectivo, sino que su relación profesional con la sociedad se rige por contrato mercantil; cuestión distinta son los nombramientos de alta dirección para otras entidades integrantes del sector público, que por su naturaleza y regulación requieran de la convocatoria de procesos selectivos”. La formación asegura que “no se crea, en este caso, un puesto al efecto, sino que se cubre la vacante existente con un perfil técnico y cualificado, como queda avalado en el caso del Sr. López Fariña por su formación específica, capacitación y experiencia laboral (Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de La Laguna, con dilatada experiencia profesional en este ámbito en distintas administraciones públicas)”.

Críticas de “cinismo” al PSOE

Una vez aclarado el proceso de nombramiento, el PP en el Cabildo denunció “el cinismo e hipocresía sin límite del grupo Socialista, máxime si tenemos en cuenta que en el pasado mandato los socialistas recurrieron al nombramiento de consejeros delegados afines en determinadas sociedades mercantiles del sector público insular”. El partido afirma que estos cargos eran “tan afines que en algunos casos no contemplaban ni siquiera la formación o titulación necesaria para el desempeño de sus funciones, con casos tan bochornosos que llegaron a provocar la dimisión del cargo objeto de enchufe por no cumplir con los requisitos previstos en la legalidad vigente, o en otros casos dieron lugar a auténticos supuestos de nepotismo”.

Los populares concluyeron asegurando: “No somos todos iguales, y por eso no estamos dispuestos a contribuir a que afirmaciones como las vertidas en el día de ayer por los socialistas sigan emponzoñando la vida política de la isla, ahora precisamente que la estabilidad y el sosiego protagonizan la gestión del gobierno insular”.

El partido finaliza con una referencia al ámbito nacional: “Frente a las maniobras de distracción del PSOE, ponemos sobre la mesa más trabajo y más dedicación a los verdaderos problemas de los tinerfeños. Por mucho que mientan e intenten intoxicar a la opinión pública con desinformación, no van a conseguir blanquear el desgobierno y las presuntas corruptelas que están protagonizando los más allegados a Pedro Sánchez, tanto en lo familiar como en lo político. Si quieren encontrar enchufes, que comiencen por los de Moncloa y continúen con los de Ábalos en empresas públicas estatales”, sentencian.