La formación política Drago Verdes Canarias ha anunciado este viernes que presentará una nueva moción ante el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna para solicitar la declaración del municipio como zona tensionada en materia de vivienda. Esta iniciativa, que se debatirá en la sesión plenaria del próximo jueves 12 de marzo, tiene como objetivo frenar la escalada de precios del sector inmobiliario local basándose en los resultados de un informe encargado por el propio consistorio.

Se trata de la tercera ocasión en la que el grupo de la oposición plantea esta medida. La primera solicitud se registró a finales del año 2023, en los inicios de la presente legislatura, y la segunda a principios de 2025. En ambas comparecencias, el equipo de Gobierno local, conformado por el PSOE y Coalición Canaria, se negó a elevar la petición al Gobierno de Canarias para hacer efectiva la declaración.

La concejal de Drago Verdes Canarias y proponente de la moción, Carmen Peña, ha criticado duramente la postura del grupo de gobierno. Peña explicó que “desde el día que llegamos al Ayuntamiento fijamos la vivienda como una prioridad, y de hecho, la solicitud de zona tensionada fue una de nuestras primeras propuestas”. Además, aseguró que continuarán reclamando esta figura legal, señalando: “Seguiremos solicitándola constantemente siempre que la normativa del Pleno nos lo permita, porque el problema de la vivienda continúa empeorando y la ciudadanía lagunera necesita respuestas ya”.

La edil sugirió motivos partidistas detrás de la inacción del gobierno local. Recordó que, “tras el verano de 2025, el Equipo de Gobierno comentó que estaba trabajando precisamente en un nuevo informe específico sobre este tema, pero aquí seguimos esperando”. Ante esta situación, Peña sentenció: “Lo más probable es que el PSOE esté esperando a que se acerque la campaña electoral para anunciar la medida, así es como funciona la vieja política”.

En la misma línea, la portavoz calificó de “vergonzoso” que “el PSOE se niegue reiteradamente a aplicar a nivel municipal la ley que ellos mismos aprobaron a nivel estatal”. A su juicio, esta contradicción demuestra que “sus políticas son puro humo y solo sirven para ficcionar y engañar a su electorado”.

La solicitud de aplicar esta herramienta estatal se suma a un bloque de iniciativas previas presentadas por la formación para paliar la crisis habitacional en La Laguna. Entre las medidas reclamadas con anterioridad destacan la aplicación de una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de viviendas vacías, el establecimiento de límites y controles al alquiler vacacional, la construcción de una nueva residencia para estudiantes universitarios y la creación de una oficina municipal encargada de intermediar entre arrendadores y arrendatarios.

Los datos técnicos que avalan la petición

Para respaldar su moción, Drago Verdes Canarias argumenta que La Laguna cumple con los dos supuestos recogidos en la Ley de Vivienda estatal respecto a la escasez inmobiliaria. La normativa establece que basta con cumplir uno solo de estos criterios para poder solicitar la declaración de zona tensionada, pero la formación subraya que en el municipio tinerfeño se dan ambos escenarios.

El primero de los supuestos legales exige que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años previos un crecimiento acumulado de, al menos, tres puntos porcentuales por encima de la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la comunidad autónoma. Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC en Canarias se incrementó un 21,7 % en el último lustro. Al sumar el 3 % que marca la legislación, el precio de la vivienda debería haber aumentado un 24,7 % para cumplir la norma. Según el propio informe del Ayuntamiento, el aumento del precio del metro cuadrado en La Laguna es del 27,8 %, superando el corte. La formación añade que, de acuerdo con los datos actualizados de distintos portales inmobiliarios, esta subida real alcanzaría el 72,9 %, rozando el triple del parámetro exigido.

El segundo requisito estipulado por la ley establece que la carga media del coste hipotecario o del alquiler, sumada a los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios de los hogares. En este apartado, el informe municipal de vivienda refleja que el 30 % de la renta media de los hogares laguneros se sitúa en 802,52 euros. En contraste, los datos de un conocido portal inmobiliario sitúan el precio medio actual del alquiler de un piso de 75 metros cuadrados —considerado el tamaño mínimo para la convivencia de una familia— en 924 euros mensuales. De este modo, los costes habitacionales rebasan holgadamente el límite de ingresos estipulado, confirmándose también el segundo condicionante de la ley.