La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este lunes, 3 de agosto, y hasta el próximo domingo día 9, una nueva campaña especial para el control del exceso de velocidad con especial incidencia en Canarias, así como en el resto del territorio nacional. El operativo, coordinado por el Ministerio del Interior, pone el foco tanto en las carreteras convencionales como en las vías urbanas del Archipiélago, con el objetivo de frenar una infracción que resulta determinante en la actual siniestralidad vial.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha subrayado la gravedad de este factor concurrente, que está presente en más del 20% de los siniestros letales a nivel general y alcanza un 22% de apreciación directa en los accidentes mortales. Pestana lamenta que, a diferencia del rechazo social unánime que ya generan la mezcla de alcohol y conducción o la falta de uso del cinturón y el casco, la velocidad sigue sin adquirir el mismo nivel de inaceptabilidad entre los conductores.

Para el delegado, respetar los límites es fundamental y se trata estrictamente de proteger vidas, no de evitar sanciones. En este sentido, ha alertado de que en los entornos urbanos esta falta de concienciación es aún mayor, lo que agrava dramáticamente las consecuencias en caso de atropello. A este riesgo vital se suma, según ha recordado, el fuerte impacto negativo que esta conducta tiene sobre el medio ambiente, la calidad de vida en las ciudades y el incremento en el consumo de combustible.

Para llevar a cabo esta vigilancia intensiva en las carreteras isleñas y del resto del país, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil trabajarán de forma coordinada con las policías locales que se sumen al dispositivo. Se emplearán tanto patrullas terrestres como medios aéreos para vigilar de cerca los tramos interurbanos y urbanos de mayor riesgo, especialmente en aquellos puntos donde se supera habitualmente el límite establecido y se concentran elevados índices de accidentes.

Esta campaña se enmarca dentro del Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, iniciativas que persiguen reducir a la mitad el número de víctimas mortales para el cierre de esta década. Los hábitos al volante justifican la alerta actual: casi el 60% de los conductores españoles reconoce circular por encima de los límites en carreteras convencionales, autovías y autopistas, mientras que cerca del 50% admite cometer esta misma infracción en pleno casco urbano.

La preocupante tendencia no es exclusiva del territorio nacional. Según la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de la carretera elaborada por la Asociación Europea de Investigación de Encuestas (ESRA), el 56,3% de los conductores europeos admitió haber conducido deliberadamente por encima del límite en zonas urbanizadas al menos una vez en el mes previo al estudio. Asimismo, el Informe temático de seguridad vial sobre velocidad, publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021, estima que la velocidad inadecuada es causa directa de entre el 10 y el 15% de todos los accidentes de tráfico, y del 30% de los siniestros mortales.

Los resultados de la última campaña específica de la DGT, realizada recientemente entre el 13 y el 19 de abril de 2026, evidencian el enorme volumen de infractores. En apenas una semana, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló la velocidad de 1.900.000 vehículos, lo que se saldó con 98.723 conductores denunciados formalmente por exceder los límites permitidos.

El contexto de siniestralidad que enmarca y obliga a repetir estos controles sigue siendo un reto social de primer orden. Las cifras oficiales indican que durante el año 2024 un total de 1.785 personas fallecieron en las vías de circulación españolas. En ese mismo ejercicio, 9.561 personas resultaron heridas con necesidad de hospitalización, lo que supuso un aumento del 3% respecto a los registros de 2023. De igual manera, otras 125.084 personas sufrieron heridas de carácter leve sin ingreso hospitalario, un 1% más que en el año anterior.