El Grupo Mixto-VOX en el Cabildo Insular de Tenerife llevó este viernes al Pleno una moción para reclamar mayores garantías jurídicas, transparencia y criterios homogéneos en los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, conocida popularmente como “Ley de Nietos”. La iniciativa defendía que la concesión de la nacionalidad española, por su importancia como vínculo jurídico entre el ciudadano y el Estado, debe estar sujeta a controles administrativos claros, con mayor coordinación consular, transparencia estadística y seguridad jurídica, evitando una posible alteración del Censo Electoral por parte del PSOE nacional, “como ya ha ocurrido con la regularización de inmigrantes y la situación vivida en Ceuta ayer y hoy. Estamos en una situación de emergencia nacional”, sentenciaron los de VOX.

La iniciativa, defendida por el consejero de VOX Naím Yánez, provocó un intenso debate político que obligó a la Presidencia del Pleno a decretar un receso ante las discrepancias surgidas entre los grupos que conforman el Gobierno insular: Partido Popular y Coalición Canaria. Yánez explicó durante su intervención que la moción “no pretende cuestionar el vínculo histórico y afectivo de los descendientes de españoles con nuestro país”, sino reclamar “seguridad jurídica, igualdad ante la ley, transparencia y garantías administrativas en un procedimiento que afecta a uno de los vínculos más importantes entre una persona y el Estado: la nacionalidad”.

Durante el debate quedó patente la división existente dentro del ejecutivo insular. Mientras el Partido Popular mostró inicialmente una posición favorable a la moción planteada por VOX, Coalición Canaria manifestó su rechazo al texto y defendió una posición alineada con la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Esta diferencia de criterio entre los socios de gobierno generó un escenario inédito en el Pleno, con varias votaciones y negociaciones entre los grupos, hasta el punto de que la iniciativa finalmente no salió adelante.

El resultado final estuvo condicionado por el voto contrario de los consejeros de Coalición Canaria, PSOE y la consejera del Partido Popular Yolanda Moliné, que se posicionó en contra de la moción presentada por VOX, impidiendo que prosperara la propuesta.

La consejera de VOX, Ana Salazar, lamentó que “una moción que pedía únicamente reforzar la seguridad jurídica, publicar datos estadísticos y garantizar procedimientos transparentes haya terminado convertida en un debate interno”.

Por su parte, el Grupo Socialista mantuvo su rechazo a la iniciativa de VOX y defendió una enmienda a la totalidad en la que calificó la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022 como una medida “reparadora”, especialmente para descendientes de españoles que perdieron la nacionalidad por motivos históricos. La portavoz de VOX en el Cabildo, Ana Salazar, criticó que el debate se haya desviado hacia “acusaciones de falta de sensibilidad hacia los descendientes de españoles”, cuando, según afirmó, “lo que se ha planteado es una cuestión estrictamente administrativa y de garantías del Estado de Derecho”.

Desde VOX en el Cabildo de Tenerife consideran que el Pleno de hoy “ha puesto de manifiesto las contradicciones existentes dentro del Gobierno insular” y que el debate sobre la Ley de Nietos “ha servido para evidenciar que PP y Coalición Canaria no mantienen una posición firme sobre asuntos de relevancia institucional ni señalan directamente la corrupción del PSOE”.