El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Santana, realizó una serie de críticas este miércoles en el Pleno del Parlamento de Canarias contra la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Gobierno regional.
Santana afirmó que la norma “no responde al interés general de los residentes canarios, sino al de los grandes tenedores y empresarios del sector turístico”. En su intervención, señaló que desde el anuncio de la ley en septiembre de 2023, el número de viviendas vacacionales registradas en las islas ha aumentado en más de 32.000 unidades, lo que representa un incremento del 80%. “En apenas año y medio de gestión, este Gobierno ha expulsado del mercado residencial más viviendas de las que se han construido en los últimos treinta años”, aseguró.
El parlamentario socialista recordó que este “efecto llamada” fue advertido, según su dicho, por el Consejo Económico y Social, colectivos sociales y por su propio grupo, que presentó una iniciativa para una moratoria de las viviendas vacacionales hasta la aprobación de la ley. “Votaron que no, y hoy estamos ante el resultado de su irresponsabilidad”, lamentó.
Santana también mencionó que el texto finalmente aprobado difiere sustancialmente del anteproyecto original, denunciando que los grupos que apoyan al Ejecutivo autonómico “han sido los que más enmiendas han presentado, incluso fuera de plazo, sin posibilidad de debate y alterando la esencia del proyecto inicial”. Afirmó que este proceder “vulnera la cortesía parlamentaria, genera indefensión y culmina en una ley sin consenso social ni político”.
Asimismo, criticó que la arquitectura jurídica de la ley permita la explotación de hasta un 10% del suelo urbanizable con carácter general —y hasta un 20% en islas verdes o municipios de reto demográfico—, mientras traslada la responsabilidad de la regulación a los ayuntamientos y cabildos. “El Gobierno se lava las manos y da más de cinco años de margen para aplicar la ley, cuando es este mismo Gobierno el que declaró la emergencia habitacional”, denunció.
El diputado también tachó de “contradictorio” que el Ejecutivo regional presuma de frenar la especulación en las zonas tensionadas mientras bloquea la declaración de mercado residencial tensionado en municipios como Las Palmas de Gran Canaria. Añadió que la norma, en su opinión, incentiva a los grandes tenedores al otorgarles hasta 20 años de autorización si destinan parte de sus inmuebles al alquiler residencial, mientras “se imponen trabas imposibles a los pequeños propietarios o residentes que buscan regularizar su situación”.
Frente a este modelo, Santana defendió la alternativa presentada por el PSOE, que se basaba en la limitación a tres viviendas vacacionales por titular, una medida que calificó como “plenamente constitucional” y que, a su juicio, “favorecería a los pequeños propietarios y pondría miles de viviendas en el mercado residencial”.
En conclusión, el diputado socialista aseguró que la ley aprobada “no garantiza el derecho a la vivienda, aumentará los precios, y perpetuará el desequilibrio entre el uso turístico y residencial del suelo canario”, definiéndola como “un regalo a los grandes poderes económicos”.
