El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una subvención de 45 millones de euros al Plan Integral de Empleo de Canarias para 2025, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los fondos proceden del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para el año 2025.
La justificación del plan señala que, a las “desventajas” tradicionales de Canarias —como la insularidad, lejanía del continente, fragmentación territorial, escasez de recursos naturales, orografía complicada y fragilidad medioambiental— se suman nuevas “vulnerabilidades” relacionadas con el cambio climático, la transición energética global y la digitalización. Aunque en los últimos años se han aplicado medidas de choque efectivas, persisten desafíos que requieren una estrategia integral y adaptativa.
El plan también abordará problemas emergentes como el encarecimiento del coste de vida, la brecha digital entre zonas urbanas y rurales, y el bajo nivel de recualificación en sectores tradicionales.
Enfoque en colectivos vulnerables y sectores emergentes
El Plan Integral de Empleo de Canarias para 2025 priorizará la atención a colectivos con dificultades de inserción laboral: mujeres con baja empleabilidad, jóvenes sin experiencia, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad y desempleados de larga duración o de ámbito rural.
La estrategia promoverá una política activa de empleo más ágil y territorializada, con especial atención a la formación profesional alineada con la economía verde, digital, azul y creativa. Asimismo, fomentará el emprendimiento, la innovación local y proyectos colaborativos en sectores estratégicos.
El objetivo no es solo crear empleo, sino generar oportunidades de inserción laboral estables que promuevan la cohesión social y territorial en el archipiélago.
Ejecución y evaluación
El despliegue concreto del Plan Integral de Empleo de Canarias, incluyendo sus medidas y el periodo de ejecución que podría extenderse a lo largo de 2026, así como la financiación estatal comprometida para 2025, se articulará mediante un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Comunidad Autónoma de Canarias.
Una vez finalizado el ejercicio de 2026, el Gobierno canario dispone de un plazo hasta el 30 de junio de 2027 para rendir cuentas ante la Dirección General del SEPE. En concreto, deberá remitir un estado comprensivo de los compromisos de créditos, de las obligaciones reconocidas y de los pagos realizados por las subvenciones gestionadas, financiadas con cargo a la aportación financiera estatal, que distinguirá las cuantías destinadas al colectivo de beneficiarios de prestaciones del resto.
Dicho documento justificativo deberá acompañarse de la información de los colectivos de trabajadores atendidos con las aportaciones hechas efectivas, diferenciándose el colectivo de beneficiarios de prestaciones del resto.
Además se remitirá una memoria con las actuaciones realizadas con cargo a las aportaciones hechas efectivas por el Servicio Público de Empleo Estatal durante el ejercicio 2025, que incluya la descripción de las acciones realizadas e información sobre ellas y los colectivos de trabajadores atendidos, diferenciándose el colectivo de beneficiarios de prestaciones por desempleo del resto de personas beneficiarias.
