La Federación Nacional de Pesca Artesanal (FENAPA) y la Federación Regional de Pesca Artesanal y Atuneros Cañeros (FENAPA de Canarias), representadas por su presidenta nacional, María del Carmen Díaz Rodríguez, y por el delegado autonómico, Carlos Braun Borges, han mantenido una mesa de trabajo institucional con el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Cipriano Reyes Hernández. El encuentro, que forma parte de la agenda estratégica de la organización para asegurar el futuro de la flota del litoral canario, contó también con la participación de la concejal del Sector Primario del Ayuntamiento de Arona, Melania Santos.
Durante la reunión se abordaron asuntos estructurales para la supervivencia del sector, con especial énfasis en el diseño de la nueva Política Pesquera Común (PPC) que se encuentra actualmente en fase de elaboración. Las organizaciones profesionales recalcaron la urgencia de redactar un nuevo texto normativo que funcione como “una legislación europea que trasponga la realidad del sector pesquero de bajura y en especial la pesca artesanal”. Dentro de este bloque de exigencias, se integraron la necesidad de definir el programa financiero a partir de 2028, simplificar la extrema burocracia administrativa, intensificar la lucha contra el furtivismo y asegurar una colaboración institucional plena con los profesionales del mar en todas las instancias.
Asimismo, se puso sobre la mesa el reto del relevo generacional. Los representantes pesqueros abogaron por programas formativos enmarcados en una legislación realista, señalando que la incorporación de jóvenes a la profesión requiere un acceso simplificado mediante formación eminentemente práctica a bordo de las embarcaciones. Esta agilización normativa también fue demandada para el acceso a los fondos públicos, lo que permitiría dar una respuesta eficaz a las necesidades cotidianas de los pescadores y garantizar la sostenibilidad económica de la actividad.
En el ámbito suprarregional, FENAPA trasladó a la Dirección General su absoluta disposición para consensuar los asuntos de competencia comunitaria. La federación subrayó que el archipiélago, “al tratarse de una región ultraperiférica, requiere ese reconocimiento con todos los efectos que conlleva respecto de las políticas pesqueras y el acceso a unos derechos que hasta la fecha no se les han tenido en cuenta”. Por ello, defienden que las comunidades costeras y el sector productivo deben contar con los medios financieros y competenciales necesarios para tener una participación directa en la elaboración de toda esa legislación que establece los límites, derechos y obligaciones en el ejercicio de su profesión.
El frente común del sector pesquero y la ciencia ante el alga invasora
En paralelo a la ordenación pesquera, el encuentro sirvió para alertar sobre la grave crisis medioambiental provocada por la invasión del alga Rugulopteryx okamurae. Esta plaga sin precedentes, que comenzó en el litoral de Ceuta, el Estrecho y Andalucía, ya ha alcanzado las costas de Galicia y las Islas Canarias. Frente a esta amenaza, que destruye la cadena trófica y propicia la desaparición progresiva de la flora y fauna autóctona, los profesionales advierten del gravísimo impacto ecológico, lamentando que se está “generando una especie de fondos marinos desérticos”.
Para hacer frente a esta situación, se expuso la labor de investigación que realizan las universidades de Málaga y Cádiz, así como en los litorales ya invadidos en Galicia y Canarias. Concretamente, la Universidad de Las Palmas mantiene un intercambio continuo de los avances desarrollados desde el departamento de Biología Marina de Málaga, bajo la dirección del catedrático Félix López Figueroa y su equipo multidisciplinar, existiendo un convenio de colaboración directo entre la Universidad de Málaga y FENAPA.
Ante el riesgo de que el ecosistema colapse, las organizaciones plantearon la necesidad de llevar a cabo los trabajos tendentes a la aprobación de planes de gestión, que son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El sector pesquero insiste en que el marco jurídico actual permite encajar esta problemática para buscar soluciones conjuntas. Dado que la comunidad científica, las administraciones y las organizaciones asumen que “la erradicación es totalmente inviable”, los actores implicados concluyen que la única vía posible es la transformación de este recurso para “generar lo que se conoce como una economía circular”, convirtiendo un grave problema en una oportunidad.Noticia relacionada:
El sector artesanal y el Estado trazan el futuro de las reservas marinas en Canarias: más vigilancia, expansión y relevo generacional
