La Guardia Civil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife afronta una crisis operativa debido a una grave escasez de efectivos, medios materiales y unas condiciones laborales que lastran su capacidad para garantizar la seguridad ciudadana y vial. Así lo denuncia JUCIL, la asociación profesional mayoritaria del instituto armado, que eleva una serie de reivindicaciones críticas de cara a las elecciones al Consejo de la Guardia Civil.
Alfredo García Rebé, delegado provincial de JUCIL en Santa Cruz de Tenerife, asegura que los principales desafíos son “atender un territorio muy extenso con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas”. La asociación detalla los puntos más críticos de esta situación:
Problemas logísticos y de despliegue
Uno de los casos más emblemáticos es el del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 8, que “un año después del aviso de AENA para que abandonase las instalaciones del aeropuerto, aún no tiene una base o ubicación definitiva”, afectando gravemente a su operatividad.
Asimismo, la cobertura de Tráfico es deficitaria. La Gomera y El Hierro carecen de Destacamento permanente, recibiendo apoyo desde Tenerife solo seis días al mes, exceptuando los meses completos de julio y agosto. JUCIL apoya la propuesta en el Senado de crear un Destacamento en cada isla para paliar el aumento de accidentes mortales.
La falta de medios materiales es otro caballo de batalla. García Rebé señala “la carencia o deterioro de material, destacando la falta de vehículos mampara, lo que obliga a llevar detenidos en coches patrulla normales”. Además, la flota de Tráfico utiliza motos de más de diez años y vehículos antiguos. Ante el aumento de agresiones y atentados contra los agentes, solicitan pistolas táser para todo el personal.
Saturación, vivienda y plantillas
La operatividad diaria se ve lastrada por la “llegada de pateras, que son casi diarias”, y el aumento del narcotráfico, que “aunque no alcanza los niveles del sur peninsular está en crecimiento”. Esta situación provoca una “saturación de servicios con muy pocos recursos disponibles”, asegura la asociación de la Benemérita a través del delegado provincial, García Rebé.
La imposibilidad de cubrir vacantes es otro problema grave. La “subida abusiva del alquiler” y la “dificultad para acceder a vivienda” en las islas impide que los agentes puedan trasladarse a cubrir estas plazas, agravando la falta de efectivos. A esto se suma una jornada laboral sin turnos fijos, que afecta especialmente a unidades clave como ‘Tráfico’.
Reivindicaciones históricas: salario y jubilación
JUCIL incluye en su programa para las elecciones al Consejo una serie de demandas para equiparar al cuerpo con otras fuerzas de seguridad. García Rebé recuerda que “la equiparación salarial con las policías autonómicas es una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita”, subrayando que “un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso, y 12.000 euros menos que un ertzaina”.
También exigen el acceso a la jubilación en condiciones equiparables. “No es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo”, afirma. Otras reclamaciones son la implantación del turno 6×6 (similar al de la Policía Nacional), el reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales.
Falta de respaldo institucional
Finalmente, el representante de JUCIL alerta de que “el principio de autoridad está en franco retroceso” y reclama un “respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas”. “Algo va mal cuando una asociación profesional, como JUCIL, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue del Guardia Civil en todo el territorio nacional”, concluyó García Rebé.
Con más de 14.000 miembros, JUCIL es la asociación profesional más representativa de la Guardia Civil. Sus tres grandes objetivos son la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, mejorar las condiciones laborales de los agentes y defender el despliegue eficaz y la dotación adecuada del cuerpo. Actualmente cuenta con seis representantes en el Consejo de la Guardia Civil, un órgano compuesto por 30 miembros.
