El Ilustre Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife ha manifestado a este periódico su “profunda preocupación” tras la reciente publicación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. La institución considera que la nueva normativa, diseñada para actualizar y sustituir al Decreto 113/2015, no ofrece una mejora real respecto a la situación actual ni aporta soluciones efectivas a la problemática del sector.

Aunque el organismo reconoce la necesidad de regular el alquiler vacacional en el Archipiélago, —dada su evidente relevancia económica, social y su impacto en la convivencia—, rechaza frontalmente tanto el contenido como el enfoque del nuevo texto legal.

Propuestas técnicas ignoradas

Uno de los puntos centrales de la crítica radica en la ausencia de diálogo técnico. El Colegio lamenta que el legislador no haya incorporado las propuestas y sugerencias formuladas por los administradores de fincas. Según la entidad, dichas aportaciones fueron elaboradas basándose en la “experiencia diaria en la gestión de comunidades de propietarios” donde coexisten viviendas residenciales y vacacionales.

Para los administradores, esta omisión implica dar la espalda a la realidad práctica de las comunidades y de los propios titulares de los inmuebles, a quienes consideran actores directamente afectados por la regulación.

Rechazo a los principios teóricos de la Ley

La institución se muestra especialmente crítica con los principios que sustentan la normativa. En concreto, rechazan la premisa de que la eliminación o restricción de las viviendas vacacionales derivará, de forma automática, en un trasvase de inmuebles hacia el mercado de arrendamiento residencial.

A juicio del Colegio, esta teoría “carece de respaldo empírico” y falla al no considerar la diversidad de situaciones personales, económicas y jurídicas que atraviesan los propietarios.

Protección del propietario y seguridad jurídica

La entidad pone el foco en la desprotección del propietario. Denuncian que la norma parece tratar al dueño del inmueble como el “responsable último de la crisis de acceso a la vivienda en Canarias“. El Colegio advierte que “criminalizar al propietario” no ayuda a resolver un problema estructural complejo, el cual requiere, en su opinión, políticas públicas integrales basadas en datos objetivos.

Asimismo, alertan de un desequilibrio normativo que incrementa la inseguridad jurídica. Según su análisis, la ley falla en dos direcciones:

• No garantiza una protección efectiva a los vecinos frente a posibles actividades molestas, ni establece mecanismos claros para mejorar la convivencia.

• No protege el derecho básico de los propietarios a explotar legítimamente su vivienda.

Solicitud de participación futura

Haciendo valer sus más de cincuenta años de trayectoria, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas ha ofrecido su colaboración a la administración pública. Reivindican su papel como profesionales expertos en la gestión de comunidades, arrendamientos urbanos y viviendas vacacionales.

Por ello, la entidad solicita formalmente ser tenida en cuenta en la elaboración, modificación o desarrollo de cualquier futura normativa relacionada con la materia, poniendo su conocimiento y experiencia profesional a disposición de las instituciones.