El Muelle de Los Cristianos amaneció este lunes con una calma antinatural. No hubo rugido de motores diésel al alba, ni el trasiego de cajas de hielo, ni el brillo plateado de las capturas frescas en la lonja. La flota pesquera permaneció amarrada, meciéndose en silencio bajo el sol de invierno, mientras en tierra firme la indignación tomaba forma.
A las 14:00 horas, medio centenar de personas —pescadores, esposas, hijos y vecinos simpatizantes— se congregaron frente a la Cofradía de pescadores Nuestra Señora de Las Mercedes. Aunque necesarias para un sector cada día más azotado, esta vez no pedían subvenciones ni más cuotas de pesca; pedían, paradójicamente, que les dejen trabajar su oficio de pescadores sin tener que ser administrativos en alta mar. La protesta, replicada hoy en puertos de toda España, tiene en Canarias un matiz de urgencia vital: aquí no se lucha solo contra una normativa, sino contra la extinción de una forma de vida que llevó por generaciones el alimento a esta región ultraperiférica.
El detonante: El Reglamento de la Discordia
El motivo de la movilización es el nuevo Reglamento 2023/2842 de la Unión Europea, que entró en vigor hace apenas nueve días, el pasado 10 de enero, e implementado en España por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La norma pretende combatir la pesca ilegal y digitalizar el sector, pero para los afectados, ha sido redactada desde despachos en Bruselas que desconocen la realidad de un barco artesanal de bajura.
Ruymán Escuela Marcelino, conocido en el puerto como ‘El Chala’, miembro de la directiva de la Cofradía y tercera generación de marineros, se convirtió hoy en la voz de la desesperación colectiva. Con el rostro curtido por el salitre y la voz quebrada por la impotencia, Ruymán explicó a EL DIGITAL SUR la inviabilidad técnica de lo que se les exige. “El Gobierno y Europa nos quieren implantar leyes que ignoran la realidad del mar. Quieren que montemos una oficina a bordo, pero no entienden que nosotros no podemos darle la espalda al marullo ni a la ola”, sentenció.
Pesar sardinas vivas en movimiento
Entre las medidas más criticadas se encuentra la obligación de pesar las capturas especie por especie a bordo antes de llegar a puerto y transmitir los datos electrónicamente. Para un gran arrastrero industrial del Atlántico Norte, esto puede ser rutina. Para un barco canario de escasos metros de eslora, es una misión imposible.
Ruymán lanzó un reto directo a la administración: “Invito a cualquier eurodiputado, concejal o inspector a que venga un día a pescar. Cuando sacamos del vivero una mezcla de sardina, caballa y chicharro, todo vivo, saltando… ¿cómo calculas tú el peso exacto de cada especie en ese momento?”. El margen de error permitido es mínimo. “En un pescado pequeño, errar en 100 gramos te supone una sanción. Nadie puede afinar tanto en medio del mar. Yo les regalo mi empresa entera al inspector que logre hacerlo sin equivocarse”, aseguró ‘El Chala’ con rotundidad.
La trampa de las cuatro horas
La otra gran losa que ha movilizado al sector es el requisito de las notificaciones previas. La normativa exige avisar de la llegada a puerto con cuatro horas de antelación. Esta medida, diseñada para grandes buques que faenan a días de distancia de la costa, se aplica ahora de forma draconiana a barcos que pescan a la vista de los turistas en la playa.
“A veces estamos a 20 minutos de la bocana del puerto”, explica Ruymán, “pero la ley me obliga a esperar cuatro horas en el mar. ¿Qué hacemos? Nos fondeamos fuera, con los brazos cruzados, gastando tiempo y dinero, esperando a que el reloj nos permita entrar”.
La tensión es constante. Llegar siete minutos antes o después de la hora notificada puede acarrear multas que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros. Para los pescadores de Los Cristianos, esto no es control de recursos; es afán recaudatorio. “La inspección no viene a ver si el pescado es fresco, eso ya lo saben. Vienen a buscar el fallo administrativo, a ver si te pillan fuera de la hora para sancionar”, denuncian desde la Cofradía.
Seguridad vs. Burocracia
Más allá de las multas, los pescadores alertan sobre la seguridad. La pesca artesanal trabaja con “artes de riesgo”: anzuelos, redes en movimiento y maquinaria pesada, todo ello sobre una superficie inestable.
“Yo soy patrón y tengo que estar pendiente de mis compañeros, de que nadie se enganche en una red, de que no se claven un anzuelo, y de cómo viene la mar para maniobrar el barco”, relató Ruymán. “No puedo estar mirando una pantalla de ordenador o rellenando papeles. Si quito la vista del mar para mirar una tablet, pongo en peligro a mi tripulación”.
El dolor de la herencia perdida
Sin embargo, el momento más emotivo de la protesta no tuvo que ver con leyes ni multas, sino con el futuro de las familias. El sector pesquero canario, que fue esencial durante la pandemia —”llevamos pescado a las casas cuando no había alimentos, e incluso lo regalamos porque nos daba pena la gente”, recordó Ruymán—, se siente ahora traicionado por los políticos de turno.
El relevo generacional está roto. Ruymán, tercera generación de su familia en la mar, confesó con dureza que la saga termina con él. “Mi hija me ve llegar triste y me pregunta qué pasa. Y yo tengo que decirle la verdad. Hoy en día, dejar un barco de pesca en herencia a un hijo es no quererlo. Es dejarle un ‘mochuelo’, una trampa llena de deudas y problemas. Es preferible regalarle un florero con dos flores que un barco”.
Un ultimátum de diez años
La concentración en Los Cristianos, concluyó con una advertencia sombría. Los pescadores volverán a la mar porque necesitan comer y pagar sus impuestos, pero aseguran que la cuenta atrás ha comenzado.
Según los datos de la Cofradía, que representa a una flota de unos 300 barcos en la zona, si no se flexibiliza la normativa y se adapta a las singularidades de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) como Canarias, el sector colapsará. “Si esto sigue así, a la pesca artesanal en Canarias no le quedan ni diez años de vida”, pronosticó Ruymán ‘El Chala’ antes de disolverse la manifestación. “El mar es de todos, y si desaparecemos nosotros, perderán los restaurantes, perderá el turismo y perderemos nuestra soberanía alimentaria. No nos abandonen, como nosotros no les abandonamos a ustedes”.
Mañana, si el tiempo lo permite, volverán a salir. Con el miedo a las multas en una mano y el timón en la otra, esperando que su grito de auxilio llegue hasta Bruselas antes de que el último barco de madera se quede, definitivamente, en tierra.
Respaldo institucional en el muelle
La concentración contó con el respaldo visible de representantes políticos locales que acudieron a escuchar las demandas del sector. Estuvieron presentes Melania Santos González (VOX), concejal de Promoción Económica y Sector Primario de Arona, y José Gregorio Sanabria (VOX), segundo teniente de alcalde de Granadilla de Abona. Ambos representantes mostraron su apoyo incondicional a las familias marineras y coincidieron en denunciar el “ahogamiento burocrático” y la carga fiscal que sufren los trabajadores del mar, señalando la desconexión entre las normativas europeas y la realidad de las costas canarias.
