Pregunta. El informe sobre exclusión residencial en Arona ha vuelto a poner el foco en los asentamientos ilegales. ¿Cuál es su valoración?

Naím Yánez Alonso. Lo primero que demuestra es que estamos ante un problema que ya no puede seguir escondiéndose. Cuando un municipio alcanza estas cifras es evidente que algo ha fallado durante muchos años. Lo preocupante no es solo el número de personas que viven en asentamientos y bajo la ilegalidad como la okupación, sino que hayamos llegado a normalizar esa realidad. Arona no puede acostumbrarse a convivir con poblados ilegales como si fueran algo inevitable.

P. ¿Qué cree que debería hacer el Ayuntamiento?

N.Y.A. Actuar con decisión. Hay que desmontar los asentamientos ilegales de Arona. No podemos resignarnos a que lugares como Los Vivitos (asentamiento localizado entre Guaza y Malpaso) continúen creciendo mientras las administraciones den la sensanción de que se mira hacia otro lado. También hay otro cercano a la Montaña de Guaza, en Los Cristianos, proliferando en unas condiciones pésimas. La ley debe cumplirse y el espacio público debe recuperarse. Eso sí, siempre diferenciando entre la actuación social con quien realmente necesita ayuda y la obligación de hacer cumplir la legalidad.

P. Algunos podrían interpretar estas declaraciones como una falta de sensibilidad hacia las personas que viven allí.

N.Y.A. Todo lo contrario. Precisamente porque hablamos de personas debemos afrontar el problema con seriedad. Vivir en un asentamiento ilegal no puede ser la solución para nadie. Son lugares que, en muchos casos, presentan problemas de salubridad, seguridad y condiciones de vida que ninguna administración debería aceptar. La respuesta debe ser social cuando exista vulnerabilidad, pero también firme frente a la ocupación ilegal del suelo y frente a quienes fomentan o permiten estas situaciones. En muchas ocasiones y, esto hay que decirlo, estamos hablando de mafias organizadas actuando en nuestro territorio sin control y ofertando parcelas ilegales atrayendo directamente a nuestro municipio y sin control a personas foráneas.

P. Usted ha hablado en varias ocasiones de un agravio para los vecinos de Arona.

N.Y.A. Claro que lo hay. Hay miles de vecinos que llevan toda una vida trabajando para pagar una vivienda, una hipoteca o un alquiler cada vez más difícil de asumir. Muchos de ellos no llegan. Pagan impuestos, cumplen las normas urbanísticas y hacen sacrificios enormes para salir adelante. Es lógico que muchos se pregunten por qué ellos tienen que cumplir todas las obligaciones mientras otros pueden instalarse ilegalmente en cualquier lugar. La igualdad ante la ley también consiste en eso, en que las normas sean las mismas para todos.

P. ¿Qué medidas concretas propone VOX?

N.Y.A. En primer lugar, un plan para el desmantelamiento progresivo de los asentamientos ilegales y la recuperación de los espacios ocupados. En segundo lugar, una coordinación real entre Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias y Delegación del Gobierno para intervenir desde el punto de vista social, urbanístico y de seguridad. Y, por supuesto, impedir que sigan apareciendo nuevos asentamientos. Si las administraciones públicas transmiten que no pasa nada, el problema seguirá creciendo.

P. ¿Existe relación entre este fenómeno y la presión migratoria?

N.Y.A. Es evidente que Arona soporta una enorme presión demográfica y migratoria, como ocurre en otros municipios turísticos. Eso exige políticas responsables y un mayor control de los flujos migratorios, porque los servicios públicos y el acceso a la vivienda tienen un límite. No podemos seguir ignorando una realidad que repercute directamente en la convivencia y en la calidad de vida de nuestros vecinos.

P. ¿Con qué mensaje se queda?

N.Y.A. Con uno muy sencillo. Quien quiera vivir en Arona será bienvenido si respeta la ley. Pero no podemos aceptar que la ilegalidad se convierta en la norma. Esto debe cambiar urgentemente. Este Ayuntamiento debe estar del lado de quienes cumplen la ley, pagan sus impuestos y han construido su vida con esfuerzo, no del delincuente. Defender eso no es falta de solidaridad. Es defender la justicia, la convivencia y el interés general. El buenismo también pasa factura y debe cambiarse ese rumbo.