El Grupo Municipal Socialista de Arona exige explicaciones y responsabilidades políticas a la alcaldesa, Fátima Lemes, por haber firmado el cese de una trabajadora municipal después de que comunicara su embarazo y causara baja médica por embarazo de riesgo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado en primera instancia el cese al considerar que vulneró el derecho fundamental a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo, reconocido en el artículo 14 de la Constitución. La resolución obliga al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora y abonarle los salarios dejados de percibir desde su despido.

La concejala socialista Raquel García subraya que la responsabilidad política no puede limitarse al concejal de Vox Naím Yánez, quien promovió el cese. La decisión se hizo efectiva mediante una resolución de Alcaldía firmada por Fátima Lemes el 21 de noviembre de 2025.

“Naím Yánez propuso el despido, pero fue Fátima Lemes quien lo autorizó con su firma y lo convirtió en una decisión oficial del Ayuntamiento. La alcaldesa no puede esconderse ahora detrás de su concejal de Vox ni actuar como si no tuviera ninguna responsabilidad”, afirma García.

El cese se produjo tras la baja por embarazo de riesgo

La trabajadora se incorporó al Ayuntamiento el 6 de marzo de 2025 como personal eventual, mediante una resolución de Alcaldía y a propuesta de Naím Yánez. Su nombramiento tenía una duración prevista hasta junio de 2027.

El 23 de septiembre de 2025 causó baja por incapacidad temporal debido a un embarazo de riesgo. Apenas dos meses después, el concejal de Vox promovió su cese alegando una supuesta pérdida de confianza y la Alcaldía decretó el despido.

Según recoge la sentencia, el Ayuntamiento no ofreció una explicación coherente que permitiera acreditar que la decisión obedecía a motivos ajenos al embarazo. El juzgado, en consonancia con el criterio del Ministerio Fiscal, concluye que se produjo una lesión concreta del derecho fundamental a no sufrir discriminación.

“No hablamos de un simple error administrativo ni de una irregularidad menor. Hablamos de una resolución firmada por la alcaldesa que la Justicia considera discriminatoria y contraria a la Constitución. La gravedad de lo ocurrido exige una respuesta política a la misma altura”, sostiene la concejala socialista.

García señala que la firma de la alcaldesa no constituye un mero trámite, sino que representa la voluntad formal de la Alcaldía y convierte una propuesta en una resolución con efectos jurídicos sobre la vida de una persona.

“Fátima Lemes firmó este despido y debe explicar por qué lo hizo, qué comprobaciones realizó y por qué aceptó los argumentos planteados por su concejal de Vox. Quien firma una resolución debe asumir la responsabilidad política de esa decisión”, añade.

“Yánez no es un verso suelto”

El PSOE rechaza cualquier intento de presentar la actuación de Naím Yánez como una decisión aislada o ajena al Gobierno municipal. Los socialistas recuerdan que el concejal de Vox forma parte del Ejecutivo presidido por Fátima Lemes y que su propuesta necesitó la firma de la alcaldesa para hacerse efectiva.

“Naím Yánez no es un verso suelto. Es concejal del Gobierno de Fátima Lemes y ejerce sus responsabilidades con el respaldo político de la alcaldesa y de los partidos que sostienen al Ejecutivo. Todos deben explicar si respaldan una actuación que ha terminado con una sentencia por vulneración de derechos fundamentales”, señala García.

El Grupo Socialista reclama que Fátima Lemes comparezca públicamente, explique su participación en el procedimiento y aclare si piensa mantener intactas las responsabilidades del concejal que promovió el despido.

“Ante una sentencia de esta gravedad no caben el silencio ni las excusas. Fátima Lemes debe asumir que fue ella quien firmó el cese. Quien firma una decisión firma también sus consecuencias”, concluye Raquel García.