El Ayuntamiento de Arona llevará a un próximo pleno una modificación de crédito para pagar dos sentencias que tienen su origen en la gestión de anteriores gobiernos, todo ello con un coste de 4 millones de euros.
Una se debe a la construcción de viviendas públicas en suelo no recepcionado por el Ayuntamiento. La otra, por la ocupación de los módulos del IES de Guaza en un terreno a cuyo propietario hay que resarcir.
El municipio tendrá que hacer frente, de nuevo, al pago de indemnizaciones millonarias como consecuencia de sentencias condenatorias de la etapa en la que otro partido, en este caso Coalición Canaria, se encontraba al frente del gobierno: la más importante se refiere a un convenio firmado en 2006 para construir viviendas públicas en un suelo que no era municipal, lo que supondrá el abono de 2,7 millones, mientras que otros 1,4 millones están relacionados con el impago del alquiler de los terrenos en los que se ubican los módulos prefabricados del IES de Guaza desde 2002, un suelo que el Ayuntamiento ocupó a cambio de recalificar el suelo en el PGO que fue anulado en septiembre de 2013.
Arona tendrá que hacer frente, nuevamente, al pago de indemnizaciones por convenios urbanísticos suscritos en la etapa de gobiernos anteriores –en este caso Coalición Canaria- al frente del Ayuntamiento, en esta ocasión unos abonos que ascenderán a 4,1 millones de euros por dos operaciones fallidas: la primera, la construcción de viviendas sociales en 2008 en un suelo privado en La Camella que nunca fue urbanizado y, por tanto, recepcionado por el municipio.
La segunda tiene un carácter más icónico, ya que refiera al suelo en el que se ubican los módulos prefabricados del IES de Guaza: los terrenos son particulares y el Ayuntamiento se comprometió a recalificarlos en el Plan General a cambio de ocuparlos. Al ser anulado el PGO por la Justicia, el municipio deberá pagar los alquileres generados desde 2002, que ascienden a 1,39 millones de euros.
En el primer caso, el origen de esta situación se remonta a 2002, cuando el entonces gobierno de Arona firmó un convenio urbanístico con la empresa promotora del denominado Plan Parcial La Camella Baja, denominada Wolding Estudio SL. Por ese acuerdo, esta cedía al municipio una parcela de 1.039 metros cuadrados, correspondiente al 10% de cesión obligatoria que debía percibir.
El 23 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Arona suscribe con la empresa pública Visocan un convenio para la construcción de 35 viviendas de protección social dirigidas a jóvenes y el mismo número de plazas de aparcamiento. En ese acuerdo se cede para ello la parcela anterior y la corporación asume que removerá todos los obstáculos para que el suelo quede urbanizado y Visocan pueda poner a disposición de los usuarios esas vivienda.
Una licencia para construir viviendas en una zona sin urbanizar
En septiembre de 2008, la Junta de Gobierno Local concede la licencia urbanística para la construcción de estas, a pesar de que ya en esa fecha existía una advertencia del Área Jurídica de Urbanismo en la que se hace constar que el plazo concedido a la promotora para urbanizar la zona había concluido en febrero de ese año sin que esto se hubiera realizado. No obstante, el grupo de gobierno de aquella época siguió adelante y dio el permiso.
Cuando las viviendas se terminaron y Visocan solicitó al Ayuntamiento de Arona el enganche de las viviendas al agua y la luz, este no se podía otorgar, puesto que, tal y como advertía el servicio jurídico, la urbanización nunca había se había completado y, por tanto, estas no podían ponerse a la venta, lo que llevó a un litigio en el que la corporación fue condenada al pago de casi 2,7 millones de euros de indemnización.
El pago de rentas en el suelo del IES de Guaza
En cuanto al IES de Guaza, una sentencia obliga al Ayuntamiento de Arona a resarcir a los propietarios del suelo que ocupan los módulos prefabricados, en una situación que se remonta a 2003.
En esa fecha, la corporación firmó un convenio con estos en el que se comprometía a recalificar el terreno en el Plan General de Ordenación para convertirlo en urbanizable, a cambio de poder usar el suelo. El propio documento firmado establecía que, en caso de que este PGO no culminara, sería necesario abonar las rentas desde el año 2002 en adelante.
Finalmente, eso fue lo que ocurrió. Primero, en septiembre de 2013, cuando el Plan General fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, una sentencia que fue confirmada en julio de 2015 por el Tribunal Supremo. La consecuencia para las arcas municipales será el abono de casi 1,4 millones.
