Lo que comenzó como una solución técnica provisional se ha convertido en una pesadilla crónica. Los residentes de la Comunidad Sara, un complejo habitacional ubicado en la calle Bambú del núcleo de La Camella, han lanzado un desesperado grito de auxilio. Según la información aportada por los propios afectados a El Digital Sur, las 70 familias que conforman el residencial se enfrentan a un riesgo sanitario y estructural inminente ante la inacción del Ayuntamiento de Arona.

El origen de este suceso se remonta a la construcción de los edificios en el año 2006. En aquel momento, ante la falta de infraestructura, se instalaron pozos absorbentes. Davide, habitante y vecino afectado recuerda que el propio consistorio les prometió que en un plazo máximo de seis años el complejo quedaría conectado a la red general de alcantarillado. Hoy, casi veinte años después de aquella promesa, el sistema ha colapsado por completo.

Aguas negras y riesgo sanitario

Los denunciantes relatan que los pozos han llegado a su límite tras tragar residuos durante dos décadas para las que jamás fueron diseñados. Las consecuencias son desbordamientos casi semanales que inundan los garajes, las zonas comunes y las áreas aledañas donde juegan los niños.

La comunidad advierte que no se trata de un simple problema de malos olores, sino de una auténtica alerta de salud pública. La exposición constante a estas aguas fecales pone en riesgo directo a los vecinos más vulnerables (ancianos y niños), quienes se exponen a:

— Inhalación de gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno.

— Infecciones cutáneas y dermatitis crónicas.

— Enfermedades graves como gastroenteritis severa, salmonelosis, leptospirosis y hepatitis A.

Peligro de derrumbe e indignación vecinal

Más allá de la insalubridad, los vecinos han alertado de un segundo peligro, silencioso pero igualmente devastador: la filtración constante de aguas residuales en las cimentaciones. Según denuncian, este deterioro progresivo de las estructuras podría derivar en que los edificios sean declarados inhabitables, lo que supondría la expulsión forzosa de más de un centenar de familias de sus hogares. “Es una tragedia anunciada a cámara lenta”, lamentan.

La desesperación de los vecinos choca con lo que califican de “silencio absoluto, cómplice e indigno” por parte de la alcaldía y de la oficina de urbanismo dirigida por Javier Baute (PP).

Los afectados aseguran haber enviado múltiples escritos a la alcaldesa Fátima Lemes (PP) sin recibir siquiera acuse de recibo, y critican duramente que el Ayuntamiento destine fondos millonarios a festejos y carnavales mientras ignora la falta de saneamiento básico en uno de los núcleos más poblados del municipio, “el dinero público fluye generoso hacia el espectáculo, pero se congela cuando se trata de garantizar la salud y la seguridad”, sostiene Davide.

Ante el temor a una desgracia mayor, las familias de La Camella han decidido acudir a la prensa como última vía para romper el silencio institucional, exigiendo una actuación de emergencia antes de que sea demasiado tarde.