Agentes de la unidad de Protección del Entorno Urbano (Proteu) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han tramitado una denuncia por el severo estado de abandono en el que se encontraba un perro. La intervención tuvo lugar en una infravivienda ubicada en la escarpada zona de la playa del Muerto, en la costa de Añaza. Los efectivos policiales se movilizaron tras constatar un aviso que alertaba sobre la dramática situación de este animal.

Se trata de un ejemplar de la raza American Bully, catalogado por la normativa como perro potencialmente peligroso. Al personarse en el lugar, los agentes confirmaron el dramático escenario. Tal y como recoge el atestado de la intervención, el can “mostraba síntomas de extrema delgadez, falta de higiene, ausencia de agua para beber y estaba atado con una cadena por fuera de esta vivienda”. Las condiciones de desnutrición y deshidratación eran evidentes y requerían una actuación urgente.

Debido a la mencionada catalogación de la raza del perro, los agentes desplazados al lugar contaron con el apoyo fundamental de personal especializado del Albergue Comarcal Valle Colino. La operación entrañó complicaciones logísticas, ya que, según detallan las fuentes oficiales, los efectivos tuvieron que sortear el “difícil acceso a esta vivienda a través del sendero de un barranco” para poder llegar hasta la construcción irregular.

Una vez en el asentamiento, las autoridades localizaron a una mujer que aseguraba ser la dueña del animal. Sin embargo, las comprobaciones legales arrojaron discrepancias, ya que el parte oficial subraya que “como titular del mismo figura una criadora de perros”. La intervención policial no se limitó al exterior de la vivienda; durante la inspección del lugar, los agentes documentaron que había “otro perro y un gato en el interior de la casa”.

Frente a estas graves irregularidades, los agentes procedieron a informar a la mujer de todos los trámites realizados y de sus obligaciones legales como tenedora de animales. En el mismo acto, se le notificó la “tramitación de la denuncia según lo establecido en la ordenanza municipal de Protección y Tenencia de Animales del municipio capitalino”. Tras asegurar el perímetro, el perro fue retirado de su cautiverio y trasladado a las instalaciones del albergue comarcal para recibir asistencia veterinaria.

El operativo destapó además una alarmante realidad social. En esa misma vivienda precaria habita un bebé. Ante las evidentes deficiencias del entorno, los policías actuantes “añadieron un requerimiento al servicio de Atención Social para la valoración familiar de la situación de un menor de edad, de unos diez meses, que vive en dicha infravivienda”.