La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado, en el marco de la denominada Operación SILBO, una de las organizaciones criminales más activas en el narcotráfico con epicentro en el archipiélago canario. El operativo, desarrollado con la colaboración de EUROPOL, la DEA y la Policía Judicial de Cabo Verde, se saldó con 34 detenciones tras cerca de 40 registros en distintos puntos de España.
Durante la fase de explotación de la operación se realizaron actuaciones en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, así como en otras provincias del territorio peninsular: Madrid, Barcelona, Pontevedra, A Coruña y Málaga.
El empresario
La investigación, iniciada hace más de dos años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, tuvo su origen en la figura de un empresario tinerfeño de 42 años. Vinculado a los sectores del ocio nocturno, la restauración y la construcción, además de contar con sociedades en el extranjero, utilizaba esta red de negocios para encubrir el tráfico internacional de drogas y dirigir una compleja estructura criminal desde Canarias.
En el transcurso de la operación se incautaron 2.185 kilogramos de cocaína, armas de fuego modificadas en perfecto estado de uso, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y cinco embarcaciones —entre ellas un barco pesquero, un velero y tres lanchas rápidas—. También se bloquearon bienes muebles e inmuebles valorados en más de dos millones de euros.
Introducciones de droga desde Sudamérica y Marruecos
Las investigaciones determinaron que el empresario negociaba directamente con proveedores de Sudamérica la entrega de importantes cargamentos de cocaína en barcos nodriza, que luego eran transbordados a embarcaciones controladas por la organización y llevados hasta Canarias.
En enero de 2024 se incautaron 500 kilos de cocaína en una embarcación llegada a Santa Cruz de Tenerife. En noviembre del mismo año, se interceptaron otros 1.600 kilos, esta vez transportados a bordo de un barco pesquero preparado en Guinea Bissau, en colaboración con un socio residido en Galicia, utilizando la conocida “ruta africana de la cocaína”.
El grupo también introducía a las islas hachís desde Marruecos, que posteriormente enviaba a Reino Unido. En este marco, los investigadores detectaron reuniones con individuos británicos vinculados al narcotráfico en la Costa del Sol.
Blanqueo y entramado empresarial
De manera paralela, la investigación económica reveló un entramado societario creado para blanquear capitales. El cabecilla invertía en restaurantes, inmuebles y otras actividades mediante empresas nacionales y extranjeras, valiéndose de personas de su entorno para ocultar los beneficios ilícitos.
Además, estaba vinculado con sociedades pesqueras y otros activos ocultos, y utilizaba una empresa de alquiler de vehículos tanto para lavar dinero como para mover droga en la isla. En abril pasado se incautaron 66 kilos de cocaína —que se pretendían introducir en Tenerife— en un coche de esta empresa, ocultos con un sistema hidráulico. Según las pesquisas, este cargamento había sido robado a otro grupo criminal, lo que incluyó el secuestro de un miembro de esa organización.
Violencia y armas
La red contaba con miembros de nacionalidad cubana y colombiana con formación militar, encargados de acciones violentas. Entre ellas, la presión ejercida sobre un tercero en el sur de Tenerife para apropiarse de terrenos en Candelaria. Asimismo, habían planificado la compra de armas ilegales en la península y ofrecían entrenamiento militar a otros integrantes del grupo.
Laboratorio en Tenerife
Durante los registros se localizó un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de El Escobonal, Tenerife. Allí se hallaron productos químicos altamente nocivos y los utensilios necesarios para adulterar la droga.
La operación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción nº3 de Santa Cruz de Tenerife y ejecutada por la UCO (Equipo contra el Crimen Organizado de Canarias) junto al Servicio de Vigilancia Aduanera. Se desarrolló dentro del proyecto GDIN, liderado por la Guardia Civil con apoyo de EUROPOL y financiado por la Comisión Europea a través de su Centro de Inteligencia Criminal Antidroga.
