Una macabra red de explotación sexual que operaba a nivel nacional ha sido desarticulada por la Policía Nacional, un gran operativo policial que tiene sus raíces precisamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las autoridades han puesto fin al infierno de catorce mujeres de nacionalidad venezolana que fueron captadas en su país de origen, aprovechando su extrema vulnerabilidad económica, para terminar siendo prostituidas en España bajo amenazas constantes, una vigilancia estricta y el temor paralizante de creer que sus captores pertenecían a la sanguinaria organización criminal del Tren de Aragua.

El hilo del que tiraron los investigadores comenzó a desenredarse en Tenerife durante el mes de agosto de dos mil veinticinco. La declaración de dos testigos en dependencias policiales, que alertaron sobre la dramática situación de varias ciudadanas venezolanas explotadas en pisos prostíbulo de la Isla, desató unas pesquisas que pronto revelaron un entramado mucho mayor. A medida que avanzaban las averiguaciones, los agentes localizaron nuevas víctimas tanto en el territorio insular como en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, logrando esclarecer la estructura de un complejo mapa criminal.

La banda captaba a las mujeres mediante falsas promesas y facilitaba su llegada a España bajo la apariencia de un desplazamiento por motivos turísticos. Sin embargo, nada más pisar territorio nacional, la trampa se cerraba sobre ellas. La red les imponía deudas que oscilaban entre los siete mil y los nueve mil euros, una cantidad que se veían obligadas a saldar ejerciendo la prostitución.

Para maximizar sus beneficios y mantener el control, la organización contaba con al menos once miembros y una red de colaboradores que aportaban las viviendas. Bajo este sistema, las mujeres eran trasladadas habitualmente entre distintos pisos ubicados en Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Asturias, Toledo y Guadalajara.

El régimen de esclavitud al que estaban sometidas en estos inmuebles era total. A su llegada, los explotadores les retiraban la documentación personal, se hacían con el control de sus cuentas bancarias, publicaban los anuncios en páginas de contactos, fijaban las tarifas y administraban el dinero recaudado.

Las víctimas debían estar disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. No podían salir solas a la calle, permanecían vigiladas en el interior de las viviendas mediante cámaras de seguridad y estaban forzadas a ejercer la prostitución incluso durante sus periodos de menstruación. Además, tenían terminantemente prohibido rechazar a cualquier cliente o negarse a realizar cualquier tipo de práctica, incluyéndose en este oscuro catálogo la obligación de prestar servicios sexuales sin preservativo.

Para anular cualquier intento de fuga o rebelión, la organización implementó una maquinaria de terror psicológico que iba más allá de las deudas iniciales. Inventaban multas arbitrarias, imponían préstamos con condiciones abusivas para generar nuevas deudas de forma perpetua y esgrimían amenazas directas, no solo contra las mujeres, sino contra sus familias en Venezuela. Para dar mayor credibilidad a estas graves intimidaciones, los líderes de la red se hacían pasar por miembros del peligroso grupo armado transnacional Tren de Aragua, lo que disuadía por completo a las víctimas de intentar buscar ayuda exterior.

La Policía Nacional desarticula la organización

El golpe policial definitivo se estructuró en varias fases a lo largo del último año. La primera actuación se desarrolló en marzo de dos mil veintiséis, logrando la liberación de tres víctimas y el arresto de tres integrantes, incluyendo a parte de los líderes de la red. Fruto de esta intervención, en mayo del mismo año cayeron otros dos miembros. El saldo global de la operación, cuyos datos completos se han dado a conocer este jueves, dieciocho de junio, refleja la magnitud del dispositivo: diecisiete personas han sido detenidas, desglosadas en doce arrestos en Madrid, cuatro en Santa Cruz de Tenerife y uno en Toledo. De todos ellos, tres de los principales responsables ya se encuentran en prisión provisional por orden judicial.

Además de las catorce víctimas directas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual plenamente identificadas y liberadas, los agentes localizaron durante sus pesquisas a otras doce mujeres en riesgo potencial.

Durante los correspondientes registros de los inmuebles, las autoridades intervinieron ochocientos euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles, un ordenador portátil y una ingente cantidad de documentación vital para sustentar el caso.

Paralelamente, se ha asestado un duro golpe a las finanzas de la banda criminal con el bloqueo de catorce activos financieros que utilizaban para blanquear y canalizar sus cuantiosas ganancias.

La investigación aún no se da por concluida, puesto que la Policía Nacional mantiene abiertas diversas gestiones orientadas a identificar y detener a otros colaboradores que habrían estado actuando desde Venezuela, concretamente en las labores de captación de las víctimas.

En su esfuerzo continuo por erradicar esta lacra, las autoridades policiales recuerdan que “con la trata no hay trato”. La Policía Nacional dispone de vías de comunicación directas, confidenciales y totalmente anónimas para perseguir estos delitos. Cualquier ciudadano que sospeche de un caso de explotación o trata puede denunciarlo a través de la línea telefónica gratuita 900 10 50 90, cuya llamada no queda reflejada en la factura telefónica, o bien mediante el correo electrónico trata@policia.es.