En una operación conjunta, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de La Victoria y el Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz llevaron a cabo la detención de un hombre de 33 años en Tenerife, vecino del municipio de La Matanza, por un presunto delito contra la salud pública. El individuo fue sorprendido portando en su vehículo más de 150,000 dosis de diversos tipos de esteroides anabólicos, sin contar con la autorización requerida por la ley para comercializar o almacenar este tipo de medicamentos.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana, cuando los agentes de la Guardia Civil realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana en el municipio de La Matanza. Fue entonces cuando avistaron a un hombre con todas las puertas de su vehículo abiertas, incluido el maletero, manipulando bolsas en su interior.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso mostró un evidente nerviosismo, cerrando rápidamente la puerta del maletero y abandonando apresuradamente el lugar a pie, tratando de evitar el encuentro con los agentes.

La actitud sospechosa del individuo alertó a los agentes, quienes decidieron inspeccionar el vehículo abandonado. Descubrieron que el interior del automóvil estaba repleto de bolsas de basura, en cuyo interior se encontraban numerosas cajas que aparentemente contenían medicamentos. Tras un análisis inicial, se determinó que se trataba de sustancias anabólicas con diferentes anagramas y marcas comerciales.

Para esclarecer los hechos, se solicitó la intervención del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz, que llevó a cabo una Inspección Técnico Ocular del vehículo y se tomaron muestras de los medicamentos para su análisis en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Las pruebas revelaron que los medicamentos incautados eran “esteroides anabólicos” de diferentes marcas y principios activos. Con esta evidencia, se procedió a la identificación, localización y detención del sospechoso por un delito contra la salud pública, tal como estipulan los artículos 359 y 361 del Código Penal vigente.

El artículo 359 establece que aquellos que elaboren sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, sin la debida autorización, o los despachen, suministren o comercien con ellos, serán castigados con penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses, además de la inhabilitación especial para una profesión o industria durante un periodo de seis meses a dos años.

Por su parte, el artículo 361 tipifica como delito el fabricar, importar, exportar, suministrar, intermediar, comercializar, ofrecer, poner en el mercado o almacenar medicamentos sin la autorización requerida por la ley, que carezcan de los documentos de conformidad exigidos o que estén deteriorados, caducados o no cumplan con las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, generando con ello un riesgo para la vida o la salud de las personas. Este delito conlleva penas de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para una profesión u oficio de seis meses a tres años.

El detenido y las pruebas recopiladas en la investigación fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de La Orotava. Este caso destaca la importancia del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad para proteger la salud pública y combatir el tráfico ilegal de medicamentos.