Las autoridades han asestado un duro golpe al tráfico medioambiental internacional. En una operación conjunta, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado un grupo criminal responsable del transporte ilegal de hasta 650 toneladas de residuos peligrosos. Dicho material era trasladado sistemáticamente en contenedores desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino a diversos países del continente africano. En el marco de estas actuaciones, un total de 32 personas y cuatro sociedades, con domicilios ubicados en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, están siendo investigadas por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El origen de la intervención se sitúa en las continuas labores de control marítimo. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, actuando en coordinación con los Funcionarios de Vigilancia Aduanera de Santa Cruz de Tenerife, fueron quienes, según apuntan fuentes de la investigación, “detectaron un continuo trasiego de mercancías que viajaban en contenedores por vía marítima” entre la capital tinerfeña y varios puertos africanos.

Para evitar sospechas, los investigados “ocultaban su actividad por medio de facturas falsas para evitar la inspección de la mercancía o la denegación de la exportación”, señalan desde la Guardia Civil. Gracias a este método fraudulento, la red lograba enviar al extranjero desechos de muy diversa naturaleza que suponían un evidente riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud pública.

El cargamento interceptado ha encendido las alarmas por la absoluta falta de tratamiento de los materiales. Entre las mercancías exportadas ilegalmente destacaban los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Las autoridades localizaron en su mayoría motores y compresores extraídos clandestinamente de aparatos frigoríficos desechados. Desde el Instituto Armado advierten que esta sustracción se realizaba “sin la debida descontaminación”, lo cual “permite liberar a la atmósfera los gases contenidos en su interior, generando un riesgo para la salud humana y el medio ambiente”.

La actividad delictiva no terminaba ahí. Los agentes también incautaron repuestos y piezas de automóviles en idéntico estado irregular, sumando a ello alrededor de 38 toneladas de extintores. De igual forma, se ha constatado que la red enviaba numerosos turismos, camionetas y camiones amparados con documentación falsa, con el fin de facilitar su exportación encubierta como si se tratara de mercancía de segunda mano.

En total, las estimaciones oficiales concluyen que la organización habría transportado ilegalmente cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos, además de otras 86 toneladas de residuos no peligrosos, alcanzando en su conjunto un valor aproximado de 800.000 euros.

La investigación ha sacado a la luz un entramado criminal perfectamente jerarquizado, liderado por cinco personas con roles muy definidos. Dos de estos cabecillas, residentes en Gran Canaria, llevaban a cabo toda la gestión administrativa, documental y logística indispensable para poder exportar los residuos. Por su parte, los otros tres individuos, afincados en Tenerife, se encargaban del envío directo de los materiales —o bien a través de terceros— y de conseguir toda la documentación necesaria, ya fuera de carácter legal, ilegal o falsificada. Para coronar el engaño y dar la apariencia de que la mercancía había sido descontaminada legalmente, la organización disponía de varios negocios que “realizaban facturas a nombre de terceros”, viéndose afectados en algunos casos particulares que, según recalca la investigación, eran “incluso desconocedores de la actividad de esta red criminal”.

Las consecuencias penales para los involucrados se enmarcan en una legislación cada vez más estricta. El delito de traslado ilegal de residuos, introducido formalmente en el Código Penal español en el año 2015, está castigado con penas que van de los tres meses a un año de prisión, o bien multas de seis a dieciocho meses, además de la inhabilitación especial para profesión u oficio por un periodo de tres meses a un año.

Fuentes de la operación han recordado que el tráfico ilícito de desechos es hoy objeto de creciente preocupación internacional. Existe un mandato global que urge a controlar rigurosamente estos movimientos transfronterizos y reducirlos al mínimo indispensable, una directriz amparada explícitamente en el preámbulo del Tratado de las Naciones Unidas sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, conocido en la jurisprudencia internacional como el ‘Convenio de Basilea’.