La Concejalía de Ciudad Sostenible, Participación y Agenda Urbana en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz está dando inicio a los procedimientos para obtener la autorización del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con el fin de llevar a cabo todas las acciones necesarias después de la declaración de ruina inminente del edificio IDERS.
Este proceso, como fase final, incluye la demolición del mencionado edificio.
David Hernández (ACP), el concejal a cargo de esta área, ha comunicado esta información después de emitir el decreto de ejecución subsidiaria debido a la falta de acción por parte de los propietarios, una vez que el edificio fue declarado en ruina inminente por el Consistorio el 7 de junio de 2022.
Los propietarios presentaron un total de 22 recursos de reposición, los cuales fueron desestimados en su totalidad, ya que en su mayoría compartían el mismo razonamiento, sin aportar ningún valor adicional a los criterios utilizados para la declaración de ruina inminente del inmueble.
Debido a esta situación, la Concejalía ha iniciado la preparación de los trámites necesarios para la ejecución subsidiaria de las medidas previamente decretadas.
“La ejecución forzosa mediante la ejecución subsidiaria de las actuaciones es el paso necesario que debemos tomar como responsables municipales para resolver este problema que hemos arrastrado durante muchos años”, explica el concejal.
Hernández continúa señalando que “durante el mandato anterior, se lograron avances significativos para abordar la situación del edificio Iders, delegando en los propietarios una serie de medidas que debían implementar y que no se han completado”.
Entre las medidas decretadas en 2022 se incluían la “eliminación de mallas de protección y elementos de apeo sin conservar ni mantener, debido al riesgo de caída inminente desde los volados del inmueble; acciones de limpieza y desratización; redacción del proyecto técnico de demolición, y como último recurso, la demolición del edificio”.
A pesar de los plazos otorgados a los propietarios para llevar a cabo estas medidas, no se han implementado, lo que ha llevado al Ayuntamiento a intervenir y asumir las diferentes etapas del proceso.
Este nuevo decreto permitirá que, mediante la autorización judicial, el Consistorio inicie la ejecución de las acciones y posteriormente redacte el proyecto de demolición.
