Los cementerios, tanatorios, velatorios, depósitos de cadáveres e instalaciones complementarias de los 31 municipios de Tenerife contarán el próximo año con una línea específica de financiación para actualizar sus recintos y adaptarlos a las exigencias legales vigentes. Aunque la gestión de estos servicios públicos esenciales es de competencia estrictamente municipal, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles el denominado Programa Insular de Cementerios y Tanatorios Municipales con el objetivo de asistir a los consistorios en la mejora y el dimensionamiento de sus dependencias de acuerdo con el crecimiento demográfico y las particularidades de cada término municipal.

El despliegue de este plan, impulsado a través del área de Cooperación Municipal, responde a la necesidad de que las infraestructuras locales cumplan con las directrices técnicas fijadas en el Decreto 132/2014 de Sanidad Mortuoria, en aquellos casos en los que resulte necesario intervenir. Para acceder a esta vía de colaboración, las corporaciones locales tendrán un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la publicación oficial del programa, para tramitar su adhesión formal. A la hora de seleccionar las solicitudes y conceder los fondos, se dará prioridad especial a los ayuntamientos con menor capacidad económica y de gestión, así como a las intervenciones que presenten una urgencia justificada o que estén dirigidas de forma directa a subsanar incumplimientos de la citada normativa técnica.

La ejecución del programa se ha estructurado en dos etapas diferenciadas para ordenar la tramitación y cubrir las carencias técnicas de los municipios. La primera fase, recogida ya en el documento de presupuestos insulares para el ejercicio 2027, dispone de una partida inicial de 850.000 euros —ampliable a lo largo de ese mismo año económico— que se destinará fundamentalmente a sufragar tanto la contratación de estudios o diagnósticos previos sobre las necesidades locales como la redacción de los proyectos de obra propuestos por cada ayuntamiento.

Una vez que dichos proyectos técnicos estén redactados y finalizados, se activará una segunda fase centrada en financiar la ejecución material de las obras y el equipamiento de los medios necesarios. El alcance de esta última etapa quedará supeditado a la valoración previa de las disponibilidades presupuestarias plurianuales de la administración insular y a las aportaciones económicas que corresponda asumir a cada consistorio. Con la puesta en marcha de este mecanismo, la corporación insular amplía el alcance de sus planes de cooperación hacia los servicios básicos municipales bajo criterios de asistencia técnica y cohesión territorial en la isla.