Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en pisos prostíbulos ubicados en el sur de Tenerife.
La operación ha permitido identificar a 36 mujeres víctimas de explotación, de las cuales ocho han sido liberadas. Las víctimas, originarias de Colombia, eran captadas bajo falsas promesas de un futuro próspero en España, donde se les ofrecía la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero ejerciendo la prostitución, sin conocer las duras condiciones a las que serían sometidas.
A su llegada a la isla, las mujeres adquirían una deuda inicial de 3.000 euros, que debían saldar trabajando en condiciones infrahumanas, sin descanso y, en algunos casos, obligadas a mantener relaciones sexuales incluso estando enfermas debido a infecciones derivadas de la actividad.
La investigación, iniciada en 2024 tras la denuncia de una víctima, ha permitido desmantelar un entramado liderado por un clan familiar de origen venezolano. Este grupo se encargaba de capturar mujeres jóvenes, de entre 18 y 25 años, en Colombia, y llevarlas hasta Tenerife para explotarlas sexualmente en viviendas de alquiler vacacional que operaban como prostíbulos.
Las mujeres, muchas de ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad y precariedad económica, eran convencidas por una colaboradora del clan de que vendrían a España para trabajar en condiciones óptimas. La realidad era muy diferente: una vez aceptaban la oferta, el grupo criminal les proporcionaba el billete de avión con escala en Madrid, el seguro de viaje y una reserva de hotel falsa, todo con el fin de que pasaran desapercibidas durante su entrada al país.
Antes de viajar, las víctimas recibían instrucciones precisas para simular su llegada como turistas. Eran instruidas sobre cómo actuar ante los controles fronterizos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se les entregaba una cantidad de dinero en efectivo con la que justificar medios económicos suficientes para su estancia. Tras superar el control migratorio, los miembros del clan las esperaban en el aeropuerto de Tenerife Norte.
A su llegada a Tenerife, el clan venezolano se encargaba de retirarles el dinero que les había sido dado para pasar los controles fronterizos y trasladaban a las jóvenes colombianas directamente a los pisos donde comenzarían a pagar su deuda a través de la prostitución.
El modus operandi de la organización era tan controlador como cruel
Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana, con solo dos horas de descanso teóricas, que en la práctica no se cumplían. De hecho, el entramado las forzaba a tomarse fotografías cada semana para utilizarlas en anuncios en internet. Si llegaba un cliente, debían estar listas para atenderlo, sin poder rechazar ningún servicio, sin importar el estado de salud o la higiene del cliente y su estado de embriaguez.
Las mujeres vivían en condiciones deplorables, obligadas a pernoctar en habitaciones compartidas donde también realizaban los servicios sexuales. Incluso si estaban enfermas o padecían infecciones de transmisión sexual, se les obligaba a seguir trabajando. Si una víctima no podía cumplir con los servicios debido a su estado de salud, era expulsada de inmediato del piso, sin dinero y sin un lugar donde ir.
El grupo criminal mantenía un férreo control sobre las mujeres a través de cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos. Los beneficios obtenidos por las víctimas eran totalmente recaudados por la organización, que se quedaba con el 100% de los ingresos hasta que la deuda fuera saldada, una deuda que en muchos casos ascendía a cifras mucho mayores que la inicial, llegando a ser de hasta 9.000 euros, tres veces más que la cantidad pactada al principio.
Según fuentes de la Policía Nacional, algunas de las víctimas lograron escapar del calvario al que estaban sometidas. Sin embargo, la organización no tardaba en localizarlas y enviarles amenazas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, advirtiéndoles de posibles represalias tanto contra ellas como contra sus familias en Colombia.
Prostitución, drogas y lavado de dinero
Además de la explotación sexual, la red criminal también se dedicaba al tráfico de drogas, incluyendo estupefacientes como la cocaína, y medicamentos para potenciar la actividad sexual, los cuales eran suministrados a las víctimas si los clientes lo solicitaban para que las jóvenes pudieran satisfacer la demandas de los clientes y seguir trabajando sin descanso.
Los agentes revelaron que la organización también realizaba prácticas de blanqueo de capitales y fraude a las administraciones públicas, acumulando una considerable fortuna en bienes inmuebles y muebles tanto en España como en Venezuela.
La operación culminó con la detención de nueve personas en Tenerife, de las cuales cinco, considerados los principales responsables de la red, han ingresado en prisión provisional.
Además, se llevaron a cabo cinco registros en inmuebles, que dieron como resultado la clausura de dos de los pisos prostíbulos. En los registros se incautaron más de 100.000 euros en efectivo, tres vehículos, 14 teléfonos móviles, diversas sustancias estupefacientes, como cocaína y tusi, y gran cantidad de documentación incriminatoria.
Fuentes policiales aseguran que se procedió al bloqueo de 19 cuentas bancarias vinculadas a la organización criminal, las cuales eran utilizadas en todo este entramado delictivo.
Con la trata no hay trato
La Policía Nacional recuerda que cualquier persona puede colaborar en la lucha contra la trata de seres humanos. Para ello, pone a disposición la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico [email protected], canales que permiten realizar denuncias de forma anónima y confidencial, sin que la llamada quede reflejada en la factura telefónica.
