La Guardia Civil destapa una red de tráfico de medicamentos hipnóticos.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de S/C de Tenerife investiga en total el uso irregular de más de 1.000 recetas médicas de medicamentos que contenían el principio activo Zolpidem.
Se han investigado a dos médicos, una farmacéutica y varios supuestos pacientes.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de S/C Tenerife se ha hecho cargo de la investigación relacionada con la expedición de más de 1.000 recetas durante los dos últimos años, todas ellas de medicamentos cuyo principio activo es el Zolpidem.
En el mes de julio de 2016, la Inspección de Farmacia perteneciente al Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, emitió un informe-denuncia relacionado con las excesivas prescripciones de los medicamentos que contenían el citado principio activo a una única paciente en la isla de Tenerife, susceptible muy probablemente de desviación a fines no terapéuticos.
El principio activo Zolpidem, es un medicamento sedante/hipnótico, indicado en el tratamiento a corto plazo del insomnio en adultos, en situaciones en las que el insomnio está debilitando o causando ansiedad grave en el paciente.
La investigación desarrollada, determinó que casi todas las recetas públicas (más de 700), eran expedidas por un único especialista, un psiquiatra de la isla de Tenerife, que además dispone de consulta privada en la capital, y la inmensa mayoría de las recetas lo eran a favor de una misma paciente.
Pero eso fue sólo el principio de la investigación; posteriormente se llevó a cabo un análisis de las ventas de ese medicamento, y así se detectó la emisión de más de 1.000 recetas públicas y varios cientos de recetas privadas, además de un paquete de recetas falsificadas, todas ellas conteniendo en su prescripción el mismo principio activo, Zolpidem.
Fue necesario realizar toda una serie de inspecciones en varias farmacias del área metropolitana, al objeto de localizar los cientos de recetas privadas que están fuera del control de la Inspección de Farmacia, al objeto de cuantificar con exactitud el alcance de la actividad ilícita.
En la emisión de esa ingente cantidad de recetas, participaba una red de profesionales en el ámbito sanitario, el médico psiquiatra antes mencionado, que por su titulación tenía acceso a talonarios completos de recetas públicas (además de las que redactaba en su consulta privada), que emitía de forma irregular tanto a favor de la citada paciente como a nombre de otros pacientes internos en el hospital psiquiátrico que, por su condición de internos, no podían adquirir los medicamentos (por lo que esas recetas eran desviadas hacia otros pacientes).
Además es destacable la actitud dolosa del médico psiquiatra que, tras haber detectado que estaba siendo investigado en fase inicial, optó por dejar de emitir recetas públicas que contenían el citado principio activo para continuar haciéndolo con las privadas, consciente de su nulo control.
También se demostró la participación de una doctora de medicina general (ya retirada del ejercicio de la medicina) y una empleada de farmacia. Mientras la doctora firmaba recetas en blanco a petición de la empleada de farmacia, ésta las fotocopiaba antes de rellenarlas para así multiplicarlas, y posteriormente retiraba el medicamento de varias farmacias del área metropolitana. Era la empleada de farmacia, la encargada de vender posteriormente las recetas o el medicamento, obteniendo así un beneficio económico aún no determinado.
La investigación ha destapado también la “permisividad” de una farmacia en concreto que, conscientes del altísimo número de recetas del mismo medicamento que eran presentadas para su despacho, no emitieron alerta alguna sobre el asunto.
Todos los implicados han sido detenidos o investigados a lo largo de los últimos meses, como partícipes en un delito contra la salud pública; además, el uso de las recetas públicas implicaba un fraude a la Seguridad Social en razón a la subvención que conlleva cada receta.
La emisión masiva de esas recetas esconde un evidente ánimo de lucro, donde salían beneficiados tanto los doctores que expedían las recetas, como la empleada de farmacia que vendía las mismas, previamente cumplimentadas por la médico ya retirada, lucro que ha llegado a alcanzar hasta los 100 € por receta.
La investigación, no hubiese podido realizarse con eficacia sin la colaboración de la Inspección de Farmacia del Servicio Canario de Salud de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que utilizando los medios informáticos de los que dispone, realizó una importante labor de recopilación de las recetas irregulares.
Como fruto de este trabajo, se ha podido desarticular una red de tráfico de medicamentos compuesta por dos médicos y una empleada de farmacia.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife ha instruido la presente causa, que hasta hace escasos días ha permanecido secreta.
