Esta entrega se realiza tras el acuerdo suscrito en 2007 entre ambos organismos, y que todavía está en vigor, para renovar los equipos actuales de los agentes.

Ana Batista, directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), hizo entrega hoy al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de tres ordenadores y tres GPS en el marco del convenio de colaboración entre la ACPMN (antes APMUN) y el Ministerio del Interior suscrito para evitar las actividades ilícitas relacionadas con el medio ambiente y la ordenación de los recursos naturales.

Estos seis nuevos dispositivos facilitarán el trabajo del Seprona en la provincia de Las Palmas y servirán para sustituir a los equipos actuales para los trabajos que realizan los agentes en colaboración con el Gobierno de Canarias.

Esta entrega se lleva a cabo en el marco del acuerdo firmado en 2007 entre la Agencia, que depende de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias,  y el Ministerio del Interior, aún en vigor, y que busca mejorar la coordinación y la comunicación entre ambos organismos, optimizar los recursos materiales y humanos y agilizar los trámites administrativos entre ambas partes.

Carolina Darias presenta el informe ‘Movimientos mixtos de población y derechos humanos: una respuesta civilizada’, fruto de los trabajos de la cámara canaria en el marco de la CALRE.

Un modelo de gobernanza global, la colaboración internacional, un trato digno a los desplazados, la integración y el retorno voluntario son algunas medidas planteadas en el documento.

 La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, afirmó este miércoles que “es posible dar una respuesta civilizada a los retos que plantean los grandes movimientos mixtos de población”, al mismo tiempo que reconoció que “este es el primer paso en una política de civilización cuyo horizonte viene marcado por los Objetivos para un Desarrollo Sostenible”.

Darias presentó esta mañana, en la sede de la cámara canaria, el informe ‘Movimientos mixtos de población y derechos humanos: una respuesta civilizada’, elaborado en el marco del grupo de trabajo sobre Movimientos Migratorios y Derechos Humanos de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), entidad que aglutina a  74 asambleas regionales de España, Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Portugal y Reino Unido.

Entre los asistentes al acto se encontraban el presidente de la CALRE y presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán; el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Pedro Sanjurjo; la presidenta de la Junta de Extremadura, Blanca Martín, así como representantes de los parlamentos regionales europeos, de las organizaciones participantes y miembros de los grupos parlamentarios, Mesa y Junta de Portavoces.

La también copresidenta de este grupo de trabajo se refirió a la importancia de este fenómeno que, en 2015 afectó a más de 244 millones de personas que abandonaron su lugar de origen. Añadió que en la actualidad se contabilizan 65,6 millones de personas desplazadas por la fuerza, de las que más de 22,5 millones son refugiados, 10 millones apátridas y 189.900 reasentados.

Comportamiento humano

Darias destacó que estos desplazamientos no son un suceso natural sino que son “una consecuencia del comportamiento humano y, como tal, podía haberse evitado”. Así, señaló especial incidencia de una serie de factores como la inestabilidad política, la desigualdad, la transformación del medio natural o las causas sociolaborales.

La presidenta subrayó la necesidad de “avanzar en la construcción de un modelo de gobernanza global, basado en la cooperación, que permita hacer frente al desafío moral y humanitario que suponen los grandes desplazamientos mixtos de población”. Añadió que la cooperación internacional es la única opción razonable.

Al mismo tiempo, consideró que las asambleas legislativas europeas tienen que impulsar iniciativas que faciliten una mejor comprensión ciudadana de este fenómeno con el fin de que puedan valorarlo en su justo término. A su juicio, la respuesta civilizada que debe darse tiene que estar fundamentada en el deber de los Estados de acuerdo con el ordenamiento internacional.

Carolina Darias explicó que “los grandes desplazamientos mixtos de población solo pueden ser controlados y gestionados eficazmente en el marco de una colaboración internacional orientada a la consecución de los Objetivos para un Desarrollo Sostenible, contemplados en la Agenda 2030.

Al respecto, precisó que la promoción de iniciativas regionales que impulsen redes de cooperación, tanto dentro de la Unión Europea como entre regiones europeas y de terceros países, “puede ser la mejor forma de tejer lazos de colaboración entre ciudadanos y ciudadanas comprometidas en el logro de los mismos objetivos”.

Construir puentes

Por su parte, Juan Pablo Durán destacó, durante una rueda de prensa celebrada durante la mañana junto a la presidenta del Parlamento de Canarias, que el informe presentado hoy supone “una herramienta muy potente para determinar hacia dónde se debe caminar”. Así, insistió en que hay que tener en cuenta que en estos momentos se producen menos nacimientos en el mundo que desplazamientos de personas de un país a otro, lo que evidencia la magnitud de la situación.

Durán afirmó que el control de los cupos migratorios seguirá siendo un desafío en la UE y por ello abogó por invertir en las zonas de origen y construir puentes para reducir el flujo migratorio. Precisó que es necesario que los gobiernos europeos cumplan con los compromisos en cupos de acogida, teniendo en cuenta que no se ha llegado al 11% de lo acordado inicialmente. Asimismo, reivindicó un compromiso en la búsqueda de soluciones.

Por otro lado, el presidente de la Junta General de Asturias, Pedro Sanjurjo, recordó que esta iniciativa de la cámara autonómica canaria, “como otras puestas en marcha por la CALRE, nos vuelve a identificar en un proyecto común como responsables de asambleas europeas”.

Sanjurjo habló de una sociedad española “que se siente mayoritariamente solidaria con los casos de movimientos migratorios” e hizo referencia a un “fenómeno inverso”, el envejecimiento de la población, que está teniendo lugar en varias regiones de Europa y llamó a impulsar “el reequilibrio demográfico de nuestros territorios”. “La UE tiene la obligación de ordenar y establecer criterios para garantizar la ordenación de los flujos y eso exige compromisos que sobrepasan las acciones solidarias”, apuntó.

Casos de buenas prácticas

Tras la presentación del informe, representantes de las entidades International Peace Institute (IPI), ACNUR-España y Servicio Jesuita a Refugiados en Europa dieron a conocer sus casos de buenas prácticas desarrolladas en el ámbito de los movimientos migratorios.

Desde IPI, el especialista independiente Walter Kemp se refirió a la crisis de los cayucos en Canarias, que fue la primera respuesta europea integral y sostenida y lo comparó con otras respuestas a nivel internacional. Kemp destacó que la respuesta canaria a comienzos de la década de 2000 “fue muy acertada” y que, pese a la envergadura de la situación y al tamaño reducido del Archipiélago, “se hizo de forma positiva y rápida”. Añadió que fue “una buena demostración de cómo se aprende practicando”.

El consultor puntualizó que otras partes del mundo están experimentando desafíos muy parecidos y añadió que el caso de Canarias “podría tomarse como ejemplo a seguir”.

Por su parte, la representante de ACNUR-España Edelmira Campos se centró en la atención a las necesidades personales en circunstancias difíciles y puso sobre la mesa la acción llevada a cabo por la entidad a través de la asistencia en efectivo a las personas que se han visto obligadas a desplazarse por cuestiones de guerra o persecución. Puntualizó que se trata de una iniciativa que ACNUR viene desarrollando desde hace unos años en otros países con los refugiados forzosos que está dando buenos resultados.

Finalmente, Carola Jiménez-Asenjo, del Servicio Jesuita a Refugiados en Europa, abordó la integración en los países de acogida. Añadió que la entidad ha realizado un estudio sobre la situación de miedo que se vive en Europa con respecto a los movimientos migratorios y los casos de xenofobia, con el fin de ver cómo puede mejorarse esta situación. En el ámbito político, abogó por evitar medidas que restrinjan el agrupamiento familiar de estas personas, de cara a mejorar su integración. Por otro lado, incidió en la necesidad de mantener el nivel de protección de los refugiados.

Autoridades locales

A primera hora de la mañana, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, asistieron a la apertura del acto. Durante su intervención, Clavijo manifestó que la respuesta a los movimientos de población no es fácil y, en este sentido, recordó la crisis de los cayucos que vivió Canarias a finales de la década de los 90 y destacó la respuesta ejemplar de las administraciones públicas, privadas, ONG y los ciudadanos.

Clavijo expresó su preocupación por el incumplimiento de los compromisos de acogida de refugiados que “provoca que miles de personas sigan viviendo un drama”. Por ello, destacó que “iniciativas como la desarrollada por el grupo de trabajo de la CALRE, que ayudan y contribuyen a generar ese debate necesario que dé respuestas coordinadas, permanentes, solidarias e integradoras a los desplazamientos de la población”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife reiteró la importancia del documento presentado, teniendo en cuenta que el problema migratorio debe ser una prioridad dentro de un mundo globalizado y al que debe buscar soluciones.