La Federación de Transportes de Intersindical Canaria, sindicato mayoritario del sector en Canarias, expresa su preocupación ante la situación lamentable que sufren a diario los usuarios de la compañía TITSA, se convierte en una odisea tomar la guagua en las paradas habilitadas en las autopistas de la isla, entre la escasa iluminación, más el pintado de las marquesinas hacen que se confunda el chofer de la presencia de usuarios en las paradas, hay que destacar que el gran problema son las averías del avisador óptico o semáforo de parada por carecer del mantenimiento de este sistema de aviso al chofer por medio de una señal luminosa, es la que indica al conductor que hay personas esperando en la parada. Esta situación esta ocasionando que el viajero se acerque a las vías de la autopista, por temor a perder la guagua, exponiéndose a ser atropellado en el momento de avisar al chofer de su presencia. I.C. no comprende esta desidia por parte del Cabildo Insular de Tenerife propietario de la empresa TITSA y responsable de las competencias de las paradas de guaguas y del mantenimiento de los avisadores ópticos de las paradas de la TF-5 y TF1.

Es lamentable que hace más de un año y medio, que se prolonga esta situación, el comité de empresa de TITSA lleva más de dieciocho meses exigiendo una solución al problema de la licitación, para que una empresa realice el servicio de mantenimiento de los avisadores ópticos o semáforos de parada y que en la actualidad no hay respuesta. Teniendo en cuenta como referencia que el pasado 17 de enero de este año, el Cabildo de Tenerife construyo una nueva parada en Tacoronte, junto a la estación de guaguas de la vía de servicio de la autopista TF-5 en sentido norte, que han contado con un presupuesto de 50.000 euros, con la instalación de un avisador óptico, es incompresible que tras un desembolso tan importante no se preste el servicio de mantenimiento y se abandone a los usuarios a su suerte.

Una herramienta imprescindible para el servicio de TITSA y sus conductores; porque los avisadores ópticos de las paradas es un método que aumenta la velocidad comercial del servicio con una conducción más estable, confortable y sobre todo más segura. Por tanto, es un ahorro de combustible y menos contaminación, con una reducción considerable del desgaste para  los vehículos. En la actualidad un 65% de los avisadores ópticos no funciona correctamente, dañando considerablemente la movilidad de los usuarios en la isla.

Desde Intersindical Canaria se requiere a D. Miguel Becerra Domínguez como Director Insular de Movilidad y Fomento que tome una decisión y resuelva el problema que sufre miles de ciudadanos/as a diario en las paradas de las autopistas de la isla, porque uno de los distintos motivos del aumento de vehículos en nuestras carreteras, es consecuencia de la poca sensibilidad de las respuestas que se les da desde las instituciones a los usuarios que demanda puntualidad, confianza y seguridad del servicio que presta Titsa.

El Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife subraya la falta de capacidad económica de las comunidades y la escasez de ayudas públicas, junto con las dificultades técnicas,  para incumplir el objetivo previsto antes del próximo 4 diciembre.

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife considera que sin ayudas económicas, que crezcan en número y en montante, y otras medidas que supongan un impulso real a la accesibilidad universal en los edificios, difícilmente se podrá hacer realidad este objetivo que debía cumplirse antes del próximo 4 de diciembre. Y no será así ni en las islas ni en el resto del país.

Según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, el 77 % de los edificios no ha eliminado las barreras arquitectónicas de acceso en sus edificios. Eso supone que, de un total de 9.814.785, solo el 23 % son accesibles (2.257.400 edificios). Hay que decir que de este porcentaje,  el 2 % de las fincas poseen un acceso desde la calle al portal que cumpla con los criterios de accesibilidad universal, lo que supone 196.295 edificios.

Hay que tener en cuenta que, en España, la mayor parte de los edificios fueron construidos entre los años 1950 y 2001, en que se edificaron algo más del 70 %, y solo un 12,0 % son viviendas construidas a partir del año 2002.  Así que la accesibilidad de los edificios construidos entre 1950 y 2001 es del 23 %, y la de los construidos a partir del año 2002, es de 22%.

De estos datos se deduce que una de las razones más importantes por las que no se procede a la supresión de barreras arquitectónicas es la imposibilidad técnica de realizar las  obras por las características del propio edificio, motivo al que hay que añadir lo dispuesto en la propia Ley de Accesibilidad en cuanto a los “ajustes razonables”. Esto es, el coste de las obras no podrá exceder de lo equivalente a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, descontando las ayudas públicas a las que se tenga derecho. (Con la opción de que el exceso de gasto sea asumido por quien hace la propuesta de accesibilidad).

No obstante, los administradores de fincas colegiados valoran el aspecto económico y la incapacidad de las comunidades para acometer las obras como el factor más importante. De hecho, la mayor parte de las comunidades de propietarios han realizado las obras de accesibilidad con medios propios (alrededor del 78 %), a la espera de recibir, posteriormente, el importe de las subvenciones correspondientes, porque éstas solo se dan una vez realizadas las obras.

Para Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), “hace falta una mayor sensibilización social para que el derecho a la accesibilidad universal sea un hecho, y al mismo tiempo, hay que simplificar el panorama legal y hacer leyes que se puedan cumplir. Los administradores de Fincas colegiados proponemos, también, que las obras de accesibilidad tengan deducciones en los impuestos que son aplicables, y que el importe de las licencias de obra sea mucho menor”.

También propone la posibilidad de establecer un fondo de liquidez acumulativo, que generaría rapidez en la tramitación de las ayudas y un bajo coste de gestión, “porque no sería un gasto, ni generaría un déficit en las administraciones públicas, porque los recursos serían acumulativos, volverían al Estado y servirían para financiar nuevos proyectos”.

Por su parte, los administradores de fincas colegiados de la provincia tinerfeña subrayan la importante labor de concienciación que han llevado a cabo a lo largo de 2017 en la ciudadanía sobre lo importante que es adaptar los edificios para las personas con dificultades de movilidad. “Y que esta es una prioridad, como pueden ser otras obras en el edificio”, destaca la presidenta del CAF tinerfeño, Carmen Suárez.

En este sentido, avanza que en unos días se va a hacer pública una campaña informativa dirigida a las comunidades de propietarios, que consiste en una guía con medidas para mejorar la accesibilidad de los edificios, y que cuenta con la colaboración del CAF tinerfeño, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y Sinpromi.

Recordar por último que el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, establece que en las viviendas en régimen de propiedad horizontal –comunidades de propietarios- se deben realizar las obras necesarias para que las personas con discapacidad puedan usar los elementos comunes. Fundamentalmente, las comunidades de propietarios deben instalar rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la entrada y salida del inmueble antes del 4 de diciembre de 2017.