“Actualizar o Reformar la ley del 1977 ya que a día de hoy las cosas son muy diferentes en nuestras costas referente al turismo local y extranjero”.
Me encuentro después de largo trabajo de investigación, y reuniones mantenidas con colectivos de socorristas a nivel estatal, está problemática que se debe de acabar de forma inmediata, y la forma más correcta no es, dárselo a un familiar si no valorar bien el buen proyecto de dicha asociación que preparan a nivel nacional que es la Asociación Española de salvamento y rescate ,un sindicato para ellos.
Vacío legal, inspecciones que no se hacen o se ignoran, formación en manos de “piratas” y como resultado, socorristas que a veces “no saben nadar”. La radiografía de la profesión de socorrista es la de un cuerpo abandonado por las administraciones al mejor postor: la profesión se ha precarizado mientras se convertía en refugio temporal de aspirantes a pagarse la carrera y en nicho de empresas que lo mismo venden cloro que los servicios de quien debe salvar una vida.
Mientras, los ahogados son más de 400 cada año, y la cifra aumenta. “Te puedes encontrar todas las problemáticas que quieras. Es nefasto”. El primer problema es el caos legislativo. “A nivel nacional no hay normativa que regule ningún espacio acuático y la diferencia entre comunidades es brutal”
Hay normas que establecen cuántos socorristas debe haber en una piscina, pero no hay ninguna que fije un mínimo para playas, donde se producen el 87% de los ahogamientos. Lo más cercano es una norma dictada, la orden de 31 de julio de 1972 que establece una tipología de playas y, en función de esos tipos, fija los servicios de auxilio y salvamento, sin mención alguna al número de socorristas que deben vigilarlas o su formación, o al número, la distribución y las características de las torres (si las hubiera) de vigilancia. El material al que se refiere la norma es el propio de los años 70.
Falla la vigilancia
En otras ocasiones lo que falla es la vigilancia. “Se supone que cada comunidad autónoma se encarga de auditar a esas empresas, pero hay de todo. Por el camino, las exigencias bajan en los cursos privados: hay cursos online, en #Canarias son de 20 horas, en Madrid son de 80 horas, y en Andalucía de duración desconocida (sin normativa conocida), por precios que van de los 150 a los 500 euros. Mientras, en Cantabria o País Vasco los cursos de sus respectivas federaciones suman entre 250 horas y 300 horas.
Aday Amorin asegura que en Canarias hay trabajadores en playa con titulación únicamente válida para piscinas o con curso&s de 30 horas: “Y es legal”. “Yo he visto chavales para el reciclaje que no saben nadar, pero que dicen ‘yo pagué y me dieron el título'”. Luego las empresas se declaran en concurso y los títulos siguen por ahí”, “Al final, ¿Qué quiere la gente? Que sea fácil, rápido y barato. Me enseñan en Sanidad cien títulos del online y yo voy con siete”, lamenta Reyeros. “Cuando cuentas que hay socorristas que no saben nadar, la gente se descojona. Luego le dices que se puede ahogar su hijo y se les borra la sonrisa. Nadie dice nada porque somos un país turístico, pero los que nos dedicamos a esto de manera seria estamos indignados, evidentemente yo, Aday Amorin poco puedo añadir a ello.
414 personas fallecieron ahogadas en espacios acuáticos en 2015, según los datos recopilados por la Federación Española. El 58,2% en playas, el 29% en ríos y el 12,8% en piscinas. Las estadísticas de lo que va de 2016 son peores: 264 personas han fallecido ahogadas hasta el 31 de julio, el 20% más que en el mismo periodo de 2015.
Como Presidente de la Asociación Canaria de rescate y como socorrista en funciones. Durante el debate, los contertulios coincidieron en la dificultad que conlleva distribuir los escasos e imprescindibles recursos destinados a preservar la seguridad en las playas por parte de los ayuntamientos. Entre las posibles medidas dirigidas a aumentar la optimización de dichos recursos y, consecuentemente, a disminuir el riesgo para los bañistas, Aday Amorin Presidente de la Asociación Canaria de rescate y salvamento, abogó por la creación “de un consorcio de prevención, salvamento y socorrismo acuático con una estructura similar a la que organiza el Consorcio de Bomberos de Tenerife” y salvamento.
Exigimos un consorcio en Canarias.
En su opinión, este tipo de organismo daría “soporte a todos aquellos ayuntamientos que, siempre y cuando formen parte del consorcio, tengan recursos escasos para hacer frente a la seguridad de una playa de mucha o poca afluencia”. En este caso, Cruz explicó que “los ayuntamientos pequeños podrían contar con la ayuda de otros más grandes, así como del Cabildo, dependiendo de la configuración que tuviera este consorcio” Aday Amorin insistió en que “la idea es aglutinar a todas las administraciones públicas, tanto las regionales como las locales”, reconoció que “en una playa como Almáciga, en pleno invierno, no tendría sentido que hubiera un dispositivo de seguridad; lo lógico sería que este consorcio se encargara de activar todas las medidas preventivas, como pueden ser la señalización y el acotamiento de las zonas de baño, además de mantener alerta a los usuarios sobre las medidas de seguridad existentes en esa playa”.
Al respecto, Amorin remarcó que “este consorcio sería el órgano encargado de supervisar el funcionamiento de todas las playas”. Incluso, añadió que “en temporadas altas, en las calitas o zonas del litoral en donde no sea razonable desplegar un dispositivo, podría haber uno del consorcio que esté preparado para actuar en caso de accidente”.
Explicó a su vez que “este organismo podría englobar a toda Canarias, pero cada isla tendría su propio dispositivo. Habría un ente, que sería el Gobierno de Canarias, que lo podría coordinar; o incluso los propios cabildos. Funcionarían como una espiral, a imagen y semejanza de los planes de emergencias que tienen varios niveles de actuación”.
El Presidente de la Asociación Canaria de rescate y salvamento reconoció que “todo esto requeriría un coste bastante elevado, por lo que sería necesario que todas las instituciones se implicaran y buscaran una solución conjunta”. a creación de un consorcio de prevención, salvamento y socorrismo no fue la única idea aportada por Aday Amorin, quien también consideró los beneficios que podría tener “el que, en un futuro, el socorrista fuera un agente de la autoridad, una persona cualificada que tuviera una formación especializada, con su proceso de oposiciones y que pudiera asumir las responsabilidades propias de la autoridad policial”. La razón de su propuesta surge a raíz de la carencia de autoridad que, a su juicio, ostentan los socorristas hoy en día. “El socorrista, cuando va a llamar la atención a alguien que está poniendo su vida, y la del propio socorrista, en peligro, se ve con la dificultad de que sólo le puede prevenir de los riesgos; en ningún caso puede evitar que se bañe”. Amorin señaló que “el socorrista no puede ser alguien que, simplemente, se tire al agua, por lo que sería una buena idea crear una especie de agente de playa, que sirva para asesorar y prevenir a los bañistas”.
