La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, lamenta la “doble moral” que viene manifestando el colectivo de propietarios de vivienda vacacional en su reciente campaña en defensa de una actividad a la que Ashotel no se opone, pero que requiere una regulación ante tantos años de un crecimiento desmedido y sin control.

El pleno del Parlamento de Canarias tiene previsto debatir mañana miércoles, precisamente, la aprobación de Ley de Uso Turístico de la Vivienda, tras un largo periodo de trabajo y de enmiendas. “Mientras algunas personas claman que la nueva ley arruinará a miles de familias, se olvidan, interesadamente, de las muchas más que ni siquiera pueden alquilar un techo donde vivir, porque los precios superan los ingresos familiares”, explica Jorge Marichal, presidente de Ashotel, quien añade que “el drama no está en las autorizaciones que puedan perderse con la aprobación de la ley (porque no cumplirán la ley), sino en los hogares que nunca llegan a existir”.

La inminente aprobación de esta norma, que regulará una actividad económica como otra cualquiera, “ha despertado un coro de lamentos digno de tragedia griega; representantes del sector vacacional, plataformas de alquiler y algún que otro político compasivo con la causa anuncian el apocalipsis: el fin del pequeño emprendedor, la ruina de miles de familias, la muerte del turismo como lo conocemos”, comenta el presidente de la patronal hotelera.

Marichal explica que “nadie va a clausurar en masa las viviendas vacacionales existentes ni a desalojar turistas con escolta policial rumbo al aeropuerto; lo que se busca —aunque algunos prefieran no entenderlo— es algo tan básico como devolver el equilibrio a un mercado que ha perdido toda proporción”. El presidente de Ashotel considera que “en esta tierra donde los visitantes pueden elegir entre villas con piscina y áticos con vistas, los residentes se conforman con rezar por encontrar un piso con contrato y precio humano”, y aunque asegura que “las viviendas vacacionales no son las únicas responsables de la falta de vivienda en Canarias, sí están en la ecuación”.

En este sentido, Ashotel considera que la vivienda antes que un alojamiento turístico es un bien esencial y que debe ser protegido.

Los hoteleros recuerdan cuando en 2001 se decretó una moratoria en Canarias que duró, de facto, más de una década, impidiendo el desarrollo de proyectos turísticos que no competían con la vivienda, pues su desarrollo era en suelo turístico hotelero o extrahotelero. “Acatamos la ley y las inversiones tuvieron que esperar en favor del interés general, porque sí vimos que el crecimiento de la oferta era a un ritmo superior al de la demanda”, indica Marichal.

“Mientras ahora unos lloran por la pérdida de ingresos, otros claman por no tener un hogar en el que poder desarrollar un proyecto de vida. Miles de familias canarias, jóvenes que no pueden emanciparse, estudiantes que abandonan la universidad porque el alquiler de una habitación cuesta lo mismo que la matrícula. Todo porque una parte del parque de viviendas ha sido absorbida por la vorágine turística, donde el beneficio a corto plazo ha sustituido al sentido común y a la convivencia”, añade.

Inversores que dominan el negocio

Ashotel no ignora que hay familias que han encontrado en el alquiler vacacional un complemento necesario para llegar a fin de mes, una actividad lícita, pero opina que ese relato se ha convertido en escudo de quienes realmente dominan el negocio: los inversores que acumulan licencias, los fondos que convierten barrios enteros en hoteles encubiertos y los que han hecho del turismo residencial su mina de oro particular.

“Y, mientras tanto, los canarios de a pie —esforzados trabajadores que sostienen el turismo real— siguen buscando casa en portales imposibles, compitiendo con extranjeros que pagan en euros turísticos, no en sueldos canarios. Y haciendo castings en inmobiliarias cual actores de teatro y lo son, pero de su propia tragedia vital”.

Los hoteleros creen que el colectivo de la vivienda vacacional apela al discurso lacrimógeno, que hace alusión a “familias afectadas”, sin mencionar a las familias desplazadas y expulsadas de sus barrios por un modelo que prioriza el beneficio sobre el bienestar.

“Regular no es prohibir. Es ordenar y poner límites para que vivir en Canarias no sea un privilegio reservado a quienes usan la vivienda para especular. La nueva ley no acabará con la vivienda vacacional; acabará, si acaso, con el abuso, con la especulación y con la impunidad disfrazada de emprendimiento. Porque si seguimos confundiendo el negocio con el derecho, llegará el día en que los canarios solo podrán disfrutar de su tierra… como turistas”, sentencia Marichal.